18 de julio 2022
AA
Share
El proceso judicial contra monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, de 51 años, ha mostrado varias “irregularidades” que imposibilitan un juicio justo contra el religioso, alertaron los exfuncionarios judiciales Boanerges Fornos y Yader Morazán, en un panel en el programa Esta Semana.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo encarceló y acusó al monseñor por la supuesta violación de una menor de 14 años. Sin embargo, religiosos y feligreses afirman que la detención del sacerdote es un asunto político. Urbina, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro, en Boaco, se solidarizó con los ciudadanos que protestaban contra el Gobierno en 2018 y pidió por los presos políticos en diversas ocasiones, por lo que sería un objetivo de la dictadura.
El prelado fue detenido el pasado jueves en Boaco, aunque la primera audiencia se llevó a cabo en los Juzgados de Managua, donde le dictaron prisión preventiva. Una irregularidad que se ha repetido en casos contra presos políticos, que son arrestados en sus ciudades, pero juzgados en la capital.
Morazán, especialista en administración de justicia, indicó que otra irregularidad de la primera audiencia es que al sacerdote no le permitieron presentar un abogado de su confianza. “Le asignaron un abogado defensor de la Defensoría Pública, que como en todos los procesos solamente han llegado a hacer una apariencia de defensa, porque no hacen ningún tipo de oposición técnica jurídica dentro del proceso y únicamente sirve para convalidar una actuación que a claras luces está haciendo totalmente ilegal”.
Para Fornos, exfiscal departamental, el juicio contra Urbina será “una repetición o reedición del proceso contra el sacerdote de Nandaime (Manuel Salvador García Rodríguez), en el que no se le dio garantía, se le condenó a pesar de que no había cometido ningún hecho delictivo y que la supuesta víctima dijo que los hechos no ocurrieron como los narró la Fiscalía”.
“Si de la víspera sacamos el día, definitivamente no hay ninguna garantía de seguridad jurídica para los procesos penales, particularmente contra este sacerdote ahora”, comentó Fornos.
García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, de Nandaime, Granada, fue condenado a dos años de prisión por el supuesto delito de amenazas con arma blanca a cinco personas y una multa de 14 116 córdobas o 200 días multas.
“Show mediático”
Morazán destacó “toda la publicidad y el show mediático que se ha hecho alrededor de este tema. Trabajé más de cinco años especializado en violencia contra la mujer y es el primer caso en que se expone públicamente”.
“Ha existido el consenso, en este tipo de temas, que se debe de resguardar el pudor, la integridad de las víctimas y cualquier tipo de datos que pueda (dañar) la integridad de la víctima”, comentó.
“En la primera audiencia se presentó la abuela sentada junto con un oficial de Policía y junto con los testigos, cuando eso no es usual que se realice en este tipo de audiencias, ya que la primera audiencia solo es informativa, donde se le pone en conocimiento al acusado los hechos que se le están imputando”, detalló.
Morazán resaltó que antes de la acusación contra el monseñor existía “un antecedente” o “una disputa” entre la abuela de la supuesta víctima y el sacerdote. Ella se había comprometido, según un acta de mediación, a pagar unos 300 dólares del costo de un toldo, que fue robado por un hijo de la señora en la iglesia.
“En ese mismo acuerdo suscriben cinco puntos, el primero de ellos es que se van a respetar mutuamente, se comprometen ambos, tanto el sacerdote como la abuela; aparte del compromiso de resarcir económicamente el costo del toldo”, señaló.
Papel de la diócesis
El Consejo Presbiteral de la Diócesis de Granada, que también atiende a Boaco, presidida por monseñor Jorge Solórzano, instó a través de un mensaje “a no dejarse llevar por el desaliento, ni perder la esperanza”.
“Damos gracias a Dios por las oraciones, el cariño y la solidaridad de ustedes en estos tiempos difíciles, su compasión nos une en el sufrimiento que nos causa el encarcelamiento de los padres Manuel de Salvador García y monseñor Leonardo Urbina, con ellos nos ponemos todos en las manos del Señor”, detalla el mensaje.
Fornos subrayó que “a la Diócesis (de Granada) lo único que le queda es estar supervisando, vigilando y denunciando la violaciones del debido proceso que se van a dar”.
“No tiene la diócesis una capacidad de incidencia real y lo más que podría ser es garantizar algún tipo de asistencia legal, para que se le respeten las garantías al sacerdote Urbina, aunque no hay garantías de que eso suceda”, agregó.
