27 de octubre 2018
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Ante la falta de transparencia e independencia de la justicia en Nicaragua, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) exhortó al Gobierno de Daniel Ortega que establezca una Fiscalía especial para investigar los hechos de violencia ocurridos desde abril pasado, que han dejado al menos 325 muertos y más de 3,000 heridos. Aunque el Gobierno no ha dado señales de colaborar con el Grupo, la propuesta fue respaldada vía Twitter por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
“El GIEI considera que, ante la ausencia de garantías de una actuación independiente y objetiva del sistema penal, el Estado debería establecer de forma urgente una Fiscalía Especial para investigar los hechos de violencia”, señaló Amerigo Incalcaterra, integrante del Grupo, durante una rueda de prensa en Managua.
Mira aquí el video de la conferencia de prensa del #GIEI #Nicaragua del 26 de octubre de 2018. Lee el comunicado de prensa aquí: https://t.co/XvirGC3Tvc https://t.co/ckFfP9S8S1
— CIDH (@CIDH) 26 de octubre de 2018
Horas después de la conferencia del GIEI, el secretario general de la OEA publicó un tuit: “Secretaría General de @OEA_oficial hace suyo el informe del #GIEINicaragua y solicita al Gobierno de #Nicaragua acepte recomendación de creación de una Fiscalía Especial para la investigación de la violación sistemática y reiterada de #DDHH denunciada por el Grupo de Expertos”.
Población no denuncia
El GIEI destacó también que se requiere una Fiscalía especial ante la desconfianza de las víctimas y familiares en las autoridades encargadas de las investigaciones y el juzgamiento de los responsables de los graves hechos de violencia, lo que “evidencia la falta de transparencia, independencia y autonomía de las instituciones encargadas de restablecer la justicia”.
Según los expertos, “muchas familias ni siquiera han interpuesto denuncias porque desconfían del sistema judicial. Otras familias que se han acercado al Ministerio Público no han recibido respuestas acordes a su calidad de víctimas y en muchos casos, se les ha indicado que ellos debían traer las pruebas”.
Incalcaterra explicó que la Fiscalía especial se puede crear mediante una ley o basados en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, como forma de “garantizar la independencia de los fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal”.
Ley Orgánica lo contempla
Dicho artículo establece que “los Fiscales Especiales serán nombrados por el Fiscal General para la atención de asuntos que por razones especiales lo ameriten, teniendo únicamente las facultades que el Fiscal General señale para cada caso específico”.
En vivo: Conferencia de Prensa del #GIEI #Nicaragua https://t.co/YDYXMkIXHz
— CIDH (@CIDH) 26 de octubre de 2018
“Los Fiscales Especiales serán contratados para casos específicos cuando sea necesario garantizar la independencia de los Fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal. Tendrán las mismas facultades y deberes que los Fiscales Departamentales y de Regiones Autónomas y actuarán con absoluta independencia en el caso que se les asigne. En el ejercicio de su función están sujetos únicamente a lo que establece la Constitución Política de la República y las leyes”, reza el referido artículo 19.
Incalcaterra señaló que la nueva dependencia debe ser integrada por “fiscales debidamente seleccionados que gocen de un prestigio indudable y del consenso de la mayor parte de los sectores de la sociedad civil nicaragüense”.
También podrían integrarla extranjeros
Pablo Parenti, miembro del GIEI, comentó que no hay una propuesta cerrada de Fiscalía especial, ya que esta podría ser integrada únicamente con profesionales nicaragüenses, aunque también cabe la posibilidad que sea mixta: mitad nacionales y mitad extranjeros.
“La pregunta válida es si el Ministerio Público está interesado en realizar procesos judiciales de acuerdo a los estándares internacionales, parece que no. Esta es la sensación que tenemos nosotros y que creo que es generalizada en la sociedad nicaragüense y tenemos la obligación de decirlo”, dijo Parenti.
Incalcaterra resaltó que la GIEI ofrece su disponibilidad y asesoría técnica para facilitar la creación de dicha Fiscalía Especial.
Gobierno sigue obstaculizando labor
El GIEI se estableció en Nicaragua el 2 de julio, tras un acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OEA, y el Gobierno. El mandato del Grupo es investigar las muertes en las protestas, entre el 18 de abril y el 30 de mayo. Los expertos analizan solo 127 casos.
Los expertos denunciaron además que “el GIEI ha avanzado en la implementación de su mandato sin contar con el apoyo del Estado nicaragüense, el cual no ha facilitado información oficial a los distintos requerimientos y más aún ha obstaculizado y prohibido el acceso a instituciones públicas en contravención del acuerdo firmado entre las partes. Tampoco ha dado curso a la solicitud del GIEI de que facilite el acceso a entrevistas con familiares de policías asesinados o con policías heridos”.
“Al día de hoy el Estado de Nicaragua no nos ha dado copia de ningún expediente. La información que tenemos es a través de fuentes abiertas: de los familiares, de otras personas vinculadas a los casos”, afirmo Claudia Paz y Paz, miembro del Grupo.
Los expertos han examinado “un gran número de documentos, videos, fotografías, artículos periodísticos, material de los medios y de las redes sociales”, según el comunicado de prensa del GIEI. “La información fue recopilada por el GIEI en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, México y España”.
Incalcaterra indicó que durante los cuatro meses el trabajo del Grupo ha sido “complejo y difícil”. “La metodología de trabajo del GIEI tuvo que adecuarse por la falta de cooperación de parte del Estado de Nicaragua. El GIEI no recibió ni la colaboración, ni la facilitación de las autoridades nicaragüenses para el ejercicio de la coadyuvancia que implicaba una labor estrecha con éstas, especialmente con el Ministerio Público”, reclamó.
Plan Integral de Reparaciones a víctimas
Los expertos indicaron que le presentarán al régimen una propuesta de Plan Integral de Reparaciones, pese a que el Estado no respondió a la invitación ni se presentó a unas reuniones para “analizar la respuesta y el alcance de la responsabilidad del Estado frente a esta situación y para elaborar un plan integral de reparaciones”.
Sofía Macher, otra de las expertas, explicó que el plan ha sido “validado y consultado en más de 20 reuniones con diferentes asociaciones de víctimas y de la sociedad civil”.
“La reparación es una responsabilidad estatal. La reparación no puede ser una responsabilidad de empresarios o de gente solidaria que da fondos para reparar, es una responsabilidad del Estado”, enfatizó Macher.
Añadió que no puede haber reparación sino se da “con verdad, con justicia penal y con garantías de no repetición. Es parte de un proceso más integral, de ninguna manera se puede aceptar que la reparación puede ser como una moneda de cambio frente a impunidad”.
“El GIEI lamenta el sufrimiento de las víctimas y sus familiares y entiende que este sufrimiento se agrava por la negativa del Gobierno de reconocer su condición de víctima y estigmatizarlas. Igualmente, expresa su preocupación por el reclamo de muchas de las personas consultadas, a las cuales el Gobierno ofreció reparaciones a cambio de que los familiares de la víctima no presenten denuncias ante el sistema de justicia”, según el comunicado de prensa.
El plan de reparaciones abarcaría siete programas: “de reparaciones simbólica, económicas, educación, trabajo, salud, regularización jurídica y el retorno de los desplazados”, dijo Macher.
