20 de octubre 2015
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Un grupo de organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno de Daniel Ortega abrir una investigación sobre el decomiso arbitrario de una donación de alimentos para la zona seca del país, que la Policía Nacional efectuó este lunes por la mañana en Ocotal (Nueva Segovia). Oficiales de la institución despojaron cerca de 800 quintales de alimentos que cuarenta campesinos originarios de Nueva Guinea pretendían donar a varios municipios del norte, para palear la hambruna que allí se vive a causa de la sequía que azota la zona.
En un comunicado leído esta mañana, entidades como el Instituto de Liderazgo de Las Segovias y el Movimiento de Mujeres Segovianas aseguraron que la ciudadanía y la Policía se han caracterizado por tener una relación cercana y de carácter profesional en años anteriores. “Por ello, nos conmueven este tipo de actuaciones que laceran profundamente la ética institucional de quien está llamada a protegernos”, expresaron.
Violación a la Constitución Política
En un escueto comunicado que la Primera Dama hizo circular entre las entidades del gobierno el lunes por la tarde, el codiretor del Sistema Nacional para Prevención, Atención y Mitigación de Desastres, Guillermo González, dijo que el Sinapred centralizaría las donaciones de alimentos hacia la población.
El documento indica que “toda ayuda que se quiera hacer llegar a las personas y familias afectadas por alguna situación, debe ser canalizada por el SINAPRED, en especial cuando se trata de alimentos”.
Según el Estado, esto permitiría “reducir los riesgos” de cualquier afectación secundaria del consumo de los mismos. Hasta ahora, el gobierno no ha declarado una situación de desastre o emergencia en la zona seca, y el Sinapred no presentó ningún sustento legal para justificar su intervención en el control de las donaciones y acciones de solidaridad.
En el pronunciamiento de la sociedad civil de Nueva Segovia, las organizaciones afirman que la canalización de donaciones por parte del Sinapdred violenta la Constitución de la República, pues ninguna ley limita a las comunidades, a personas u organizaciones, el ejercicio de la solidaridad como valor humano y universal. Asimismo, citan el artículo 43 de la Carta Magna, en donde “se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”, y el artículo 53: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica, y el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”.
Cirilo Otero, director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales, coincidió en ambos puntos, al exponer que la disposición del gobierno contradice el derecho a la movilización por el territorio nacional y de crear distintas formas de organización, entre ellas, la de brindar ayuda humanitaria y obsequiar recursos o bienes a otras personas. De incumplirse estas disposiciones, indicó el sociólogo, Nicaragua tendría un Estado policía que supervisa hasta lo más pequeño y elemental.
“Estas actitudes sorpresivas generan malestares, inconformidad y suspicacia. Nunca se han controlado donaciones de ciudadanos a ciudadanos, tampoco está estipulado en ninguna legislación. Es totalmente ilegal ese obstáculo, que es de carácter político-partidario”, expresó Otero.
Demandan investigación
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) envió este martes una carta al comisionado mayor José Oscar Reyes, jefe departamental de la Policía de Nueva Segovia, instando a que se abra una investigación, basada en documentos, para esclarecer el decomiso de la ayuda y la aplicación de medidas administrativas contra los oficiales implicados en el hecho.
Alberto José Rosales, coordinador de la filial de la organización en Estelí, así como Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del CENIDH, criticaron que la actuación de la Policía atenta contra el principio de seguridad alimentaria de la población y constituye una acción injustificada. Además, viola el principio universal de solidaridad, que reza: “Es un derecho de los nicaragüenses ser protegidos contra el hambre. El Estado promoverá programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos”.
PN entrega camiones sin dar explicación
La mañana de este martes, Francisca Ramírez informó que la Policía Nacional liberó los camiones con los alimentos que decomisó arbitrariamente ayer. Después de que los campesinos interceptaran los vehículos en el empalme de Darío, en la Carretera Panamericana, los oficiales se llevaron a los agricultores a la gasolinera Uno de San Benito, donde los mantuvieron detenidos hasta pasadas las once de la noche.
“Se retiraron y nos dejaron allí, con los camiones, sin decirnos si regresarían o no. No nos quitaron nuestros papeles ni nada, pero sí se llevaron bolsos y carteras con artículos personales (prendas de vestir, perfumes, cobijas, hamacas) que teníamos en ellos (…) Le preguntamos al comisionado Castillo por qué nos habían quitado todo, pero no nos respondieron nada”, indicó Ramírez.
El grupo de cuarenta campesinos pasó la noche en San Benito y a partir de las ocho de la mañana empezaron a repartir alimentos perecederos (plátano, quequisque, yuca, lácteos) en este punto, además de otros que recorrieron a medida que regresaban a Nueva Guinea. Aquellos que no perecen (arroz, frijoles, azúcar, aceite, café, papel higiénico) quedaron guardados en Tipitapa, aseguró Ramírez.
Según la líder de Nueva Guinea, los campesinos del departamento de Nueva Segovia ofrecieron hacer tranques para que ellos pudieran pasar los alimentos. “Nosotros les dijimos que no, que no queríamos violencia, queremos hacerlo de manera pacífica. Les aseguramos que buscaríamos todos los medios para hacerles llegar sus alimentos”, indicó Ramírez.
Será hasta después del 27 de Octubre, fecha en la que está programada una marcha contra el proyecto del Gran Canal, que los campesinos intentarán llevar nuevamente alimentos al Corredor Seco, en calidad de ayuda humanitaria.
