20 de junio 2016
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La organización mundial Global Witness recomendó al gobierno del comandante Daniel Ortega “actuar urgentemente” para evitar más asesinatos y proteger los derechos de las comunidades miskitas del Caribe de Nicaragua ante la violencia perpetrada por los colonos.
“En Terreno Peligroso” es titulado el informe de 2015 de la organización, que se dedica a la “exposición de la corrupción y el abuso ambiental” en el mundo. De acuerdo al recuento, el año pasado fue el peor de “la historia en lo que respecta al asesinato de defensores de la tierra y el medio ambiente - personas que luchaban por proteger su tierra, sus bosques y sus ríos”.
Son 185 muertes registradas y Nicaragua ocupa el puesto quinto del ranking con 12, igual que Perú. Todos esos asesinatos corresponden al pueblo miskito, que desde septiembre de 2015 denuncia el recrudecimiento de la violencia.
Aunque el número de indígenas asesinados hasta la fecha ha variado. De acuerdo al último recuento de Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, entre septiembre de 2015 y junio de 2016 son 28 los miskitos que han perdido la vida a causa de la violencia.
“Las tierras ancestrales de los miskitos y su sustento están bajo una amenaza cada vez mayor por los miles de colonos nuevos, entre los que hay antiguos miembros del Ejército, que vienen del interior del país con la intención de explotar los recursos naturales de la región”, denuncia Global Witness.
Lo que describe esta organización mundial fue documentado por un amplio reportaje de Confidencial, que en cuatro entregas evidencia cómo funcionarios públicos del Frente Sandinista y el partido YATAMA venden tierras de forma ilegal. El drama de los asesinados y secuestrados, la danza de escrituras ilegales en el Triángulo Minero y los miskitos desplazados componen esta historia a la que el gobierno de Ortega no le presta atención.
Global Witnes señala “que es posible” que funcionarios locales corruptos hayan vendido la tierra ilegalmente con la esperanza de beneficiarse personalmente al trabajar mano a mano con poderosos intereses empresariales para explotar los recursos madereros y minerales de la región.
“A pesar de la ley aprobada en 2003 por la que se garantizan los derechos de los pueblos indígenas a su tierra comunal, el Gobierno no ha llevado a la práctica esta legislación y sigue otorgando concesiones para la ejecución de proyectos en tierra indígena sin consultar a las comunidades. Hasta que actúen, existirá un riesgo real de que la violencia de los colonos armados contra los indígenas siga intensificándose”, recoge el informe.
Global Witnes contabiliza alrededor de tres mil miskitos que han abandonado sus tierras, y quienes han huido a Honduras a refugiarse. Pese a la magnitud de la situación, ninguna autoridad de la administración sandinista se pronuncia. Confidencial sigue esperando la respuesta del procurador General de la República, Hernán Estrada, ya que él entregó una “no objeción” sobre seis mil manzanas en el Caribe.
Reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades miskitas que están en situación de peligro es la primera recomendación urgente de Global Witnes para el comandante Ortega.
Instan, además, a elaborar un plan completo para investigar y cortar de raíz la violencia contra los pueblos indígenas relacionada con la ocupación de territorios ancestrales por parte de colonos.
La ley 445 prohíbe la venta de tierras indígenas. Establece un procedimiento para titular y demarcar estos terrenos, pero la última etapa de saneamiento está estancada ante la inacción del gobierno de Ortega, denuncian líderes indígenas. “Hay que aplicarla plenamente”, exhorta Global Witnes.
