30 de marzo 2022
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La iniciativa de reforma a la Ley General de Educación y Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES) impulsada por el orteguismo en la Asamblea Nacional, excluye a la Universidad Centroamericana (UCA) de la conformación de un nuevo Consejo Nacional de Universidades (CNU), que además de administrar el 6% constitucional entre sus diez miembros, ahora podrá “intervenir” a las universidades del país; hecho que trastoca la ya debilitada autonomía universitaria y consolida el control partidario, consideran especialistas en educación.
El diputado orteguista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, introdujo la iniciativa este martes y fue enviada a la Comisión de Educación. La reforma especifica en el artículo 56 la integración del CNU- que actualmente es dirigido por funcionarios afines al régimen- por diez universidades: las estatales Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la UNAN-León, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Agraria (UNA), y las tres recién creadas, tras el despojo de la personería jurídica a cinco universidades privadas y la posterior ocupación de sus bienes por el CNU.
Se suman las dos universidades del Caribe y una “universidad privada” que será designada por el CNU, sin determinar bajo qué criterios se elegirá. Entre estas diez casas de estudios será dividida la partida presupuestaria del 6%, según lo que determina el artículo 58 de la reforma: “aprobar la política y distribución de los fondos asignados a las universidades establecidas en el artículo 56 de esta ley”, señala el documento.
Con esta reforma, “el CNU será la instancia que decida a quién dar o no fondos del 6%, incluso pueden beneficiar a otras universidades que sean designadas por el mismo CNU; por ejemplo, la UAM -Universidad Americana-", señaló la doctora María Asunción Moreno, jurista y académica.
El especialista en educación, Ernesto Medina, considera poco probable que la “universidad privada” que elegirá el CNU para formar parte del mismo y gozar de los fondos estatales sea la UCA, más bien, puede ser cualquier institución afín a operadores políticos del régimen orteguista.
“Estas diez universidades son las que van a recibir el 6% y la UCA no aparece. Debemos suponer, salvo de que ocurra una cosa muy rara, de que las nueve universidades decidan que la privada que va a formar parte del CNU va a ser la UCA…pero yo lo veo muy poco probable”, expresó.
La arremetida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la universidad jesuita se ha recrudecido desde 2018, con el estallido social de las protestas cívicas. La casa de estudios fue refugio para miles de nicaragüenses que huyeron de la masacre del 30 de mayo, en 2018; pero además, su recinto, poco antes de la pandemia, era el único lugar seguro donde los estudiantes protestaban contra el autoritarismo gubernamental.
La UCA también ha denunciado la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Su postura en favor del pueblo y defensa de sus estudiantes le ha acarreado represalias por parte del Gobierno, que ha reducido de forma drástica su partida presupuestaria.
En los últimos cuatro años ha dejado de percibir 250.9 millones de córdobas, según un análisis de CONFIDENCIAL y en este año, apenas recibió un millón de córdobas, como parte del 6%.
En la reforma también se elimina al Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), que en la ley vigente aparecía junto al Centro de Investigación y Documentación de la Costa Caribe (CIDCA) como centros adscritos a la UCA. Ahora, el CIDCA será gestionado por una universidad del Caribe.
CNU puede intervenir las universidades del país
Entre las nuevas funciones que otorga la reforma al CNU es la capacidad de intervenir las Instituciones de Educación Superior (IES) bajo tres causales: “a solicitud del órgano de la administración pública por el incumplimiento de las obligaciones señaladas por la ley de la materia”, “incumplimiento de normativas y regulaciones emitidas por el CNU o el CNEA- Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación y por “denuncia relacionada con el abuso de las facultades que le confiere la ley”, determina el artículo 58.
“¿Qué es lo que significa intervenir? es una palabra muy pesada y en manos de este régimen solo nos podemos imaginar lo peor. Que Daniel Ortega llegue a intervenir una universidad ya creo que nos podemos imaginar lo que significa, y lamentablemente esa va a ser una de las nuevas funciones del CNU”, expresó Medina.
Agregó que esta nueva reforma que eleva al CNU a un órgano rector, prácticamente, “está creando un nuevo ministerio”, que recuerda la centralización de la educación superior en la década de los ochenta, a través del Consejo Nacional de Educación Superior, considerado como un instrumento para suprimir la autonomía de las universidades, en ese entonces, en favor de la revolución. Ahora, el interés es “someter a las universidades a un control partidario total, lo que significa también la pérdida total de la autonomía universitaria”, advierte.
Para Moreno el régimen pretende “legalizar el control sobre las universidades públicas, a través de la eliminación de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, y de esta forma someter a las universidades al dominio total del régimen”.
Los cambios que propone el Gobierno representan “un retroceso del subsistema educativo superior a los años ochenta con circunstancias agravantes para el sistema educativo, en la que la universidad como un centro de pensamiento, crítica y aporte a la sociedad, desaparece. El control se extiende hasta los centros de Educación Técnica Superior al derogarse el Art.14 de la ley vigente”, subrayó la académica.
El orteguismo argumenta la necesidad de la reforma en el fortalecimiento del Subsistema de Educación Superior y al CNU, como órgano rector del mismo. Desde la perspectiva de Medina, en realidad no se está fortaleciendo al Subsistema, y el objetivo claro sí es el robustecimiento del CNU, que considera se convertirá en otro “aparato burocrático enorme” que realizará funciones que le corresponden a las universidades en el goce de su independencia.
“Lo que vamos a tener son equipos de comisarios políticos sin ninguna capacidad técnica, por lo que el futuro del subsistema de la educación superior como producto de esta reforma, yo lo veo muy oscuro”, señala. Para Moreno, "se trata de una regulación que pretende cubanizar el subsistema de Educación superior”.
El CNU con más poder sobre las IES
La reforma, además, señala que las IES deberán someter a la aprobación del CNU, los perfiles y planes de estudios de las carreras y programas de pregrado, grado y posgrado.
El CNU también tendrá la potestad de autorizar la creación de nuevas IES. Así como “dictaminar, aprobar o denegar la apertura de carreras o programas académicos de pregrado, grado y posgrado”.
También podrá cancelar la apertura de una universidad nueva que en un plazo de seis meses no obtengan su personalidad jurídica por la instancia correspondiente. Asimismo, tendrá la posibilidad de requerir a las IES la información que considere necesaria para su mejor desempeño y el de la educación superior; en total, de las siete funciones vigentes del CNU pasó a tener 23 con la reforma.
A través del CNU el régimen nombrará rectores, docentes, autoridades administrativas y académicas, asignará los fondos del 6% etc. "Estamos ante una iniciativa que es el acta de defunción de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y de la universidad como centro de pensamiento y crítica. Los grandes perdedores son los jóvenes a quienes se les está violando el derecho a una educación de calidad, inspirada en principios democráticos, éticos y de libertad”, subraya Moreno.
