20 de octubre 2021
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El informe denominado Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020 promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reporta que Nicaragua ha desmejorado en indicadores cómo gobernabilidad, transparencia en contrataciones públicas y Estado de derecho.
El informe está basado en encuestas a funcionarios públicos coordinadas por la OCDE y el BID, datos de la Encuesta Mundial Gallup 2019, informaciones contenidas en el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo y reportes especializados de Transparencia Internacional. El estudio abarcó a 26 países de América Latina y el Caribe, entre estos, Nicaragua.
En confianza de parte de los empleados y funcionarios del Estado acerca del modelo de Gobierno, solo un 30% de los encuestados respondieron tener confianza en la gestión pública del régimen orteguista, indica el documento.
La confianza en la gobernanza pública se establece con base en la percepción de los consultados sobre cómo el Gobierno maneja temas como la gestión de la lucha contra la corrupción y cómo se recompensa la integridad de los funcionarios públicos.
“La evidencia sobre los factores que influyen en la confianza para los países de la OCDE arroja que la integridad pública y la percepción de corrupción son las determinantes más importantes de la confianza en el Gobierno”, destaca el informe.
“Los logros del Gobierno en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y otras áreas han sido eclipsados en la región por casos de corrupción de alto perfil y acusaciones, los cuales generan resultados socioeconómicos negativos y un descontento generalizado. La corrupción sesga las decisiones públicas y privadas”, añade.
Nicaragua con bajos puntajes
Sobre el Estado de derecho, en los países de América Latina y el Caribe, el estudio también midió cómo los funcionarios de Gobierno son responsables ante la ley por sus actos.
“El factor que mide las restricciones sobre los poderes del Gobierno captura hasta qué punto los que gobiernan están obligados por la ley. Comprende los medios, tanto constitucionales como institucionales, a través de los cuales los poderes del Gobierno y sus funcionarios y agentes están limitados y son responsables ante la ley. También incluye controles no gubernamentales sobre el poder del Gobierno, como la prensa libre e independiente”, señala el informe.
Sobre este punto, el informe señala que los países con los índices de percepción más bajos sobre la vigencia de un Estado de derecho saludable fueron Nicaragua (0.27%), Bolivia (0.36%) y Venezuela (0.18%). Como una medida de comparación a estos datos, los países que registran los índices más altos fueron Costa Rica (0.78%), Uruguay (0.74%) y Chile (0.72%).
“El mayor aumento en este componente se produjo en Argentina (0.14 puntos) que podría explicarse por varios aspectos, como una ley que extiende los beneficios a los denunciantes y una mayor percepción general de la independencia institucional entre las ramas de poder. A su vez, el deterioro más importante ocurrió en Nicaragua (0.07 puntos)”, cita el informe, tomando como referencia los datos de 2015.
Mal en la protección de los derechos fundamentales
También se consultó sobre cuáles son las políticas públicas para la protección de los derechos fundamentales, como aplicación efectiva de la ley y el debido proceso, así como la adhesión y el respeto a una gama de derechos humanos y laborales básicos establecidos por el derecho internacional.
Los países de América Latina y el Caribe con los puntajes más altos son Costa Rica (0.77%), Uruguay (0.76%) y Barbados (0.74%), mientras que los más bajos se reportan para Honduras (0.40%), Nicaragua (0.39%) y Venezuela (0.33%).
En referencia a las contrataciones públicas, los indicadores del informe señalan que en el caso de Nicaragua no reporta tener políticas públicas que promuevan las denominadas “compras verdes” es decir, adquisiciones que sean amigables con el medio ambiente, apoyen a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), la contratación innovadora de bienes y servicios, el apoyo a empresas dirigidas por mujeres y apoyo a empresas socialmente responsables.
En referencia a Nicaragua en este punto, el informe solo refiere que el Gobierno reportó que supuestamente "estaría desarrollando" políticas públicas para fomentar las compras verdes y el apoyo a las Pymes.
El estudio también enfatiza en las políticas públicas que los Gobiernos de América Latina y el Caribe establecen para promover el uso de sistemas de contratación electrónica y las funcionalidades de estos para facilitar que estas gestiones se hagan con transparencia.
Los indicadores en este punto establecidos fueron: anuncio de oportunidades, presentación electrónica de ofertas, suministro de documentos de licitación, catálogo en línea, subastas electrónicas, notificación de adjudicación y envío electrónico de ofertas.
Nicaragua en estos indicadores reportó contar con sistemas de contratación electrónica para el anuncio de oportunidades y ofertas públicas, suministro de documentos de licitación en línea, catálogos y adjudicaciones en línea.
El informe también determina qué países de los comprendidos en el estudio integran los sistemas de contratación electrónica con otras tecnologías de administración pública similares, y si existe en las naciones un sistema de medición de eficiencias de estos sistemas de contratación electrónica. El estudio refleja que en Nicaragua no cuenta con ninguna de estas herramientas de gestión pública electrónica.
Percepción positiva en educación y atención en salud
En los indicadores en los que Nicaragua registra, de acuerdo al estudio, percepciones positivas es en lo referidos a la satisfacción de los ciudadanos con los sistemas públicos de Salud y Educación.
El estudio reporta que en Nicaragua, la percepción de los ciudadanos es de un 62% de satisfacción con el sistema de Salud e incluso hasta un 70% en lo referente al sistema Educativo.
El estudio destaca el incremento de puntos porcentuales de Nicaragua en estos puntos desde 2007 a la fecha, estableciendo esa subida en ocho puntos porcentuales.
