8 de diciembre 2021
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Nicaragua pasó de tener un espacio cívico "represivo" a "cerrado", según revela el nuevo informe de Civicus Monitor, una investigación colaborativa a nivel mundial que califica las libertades fundamentales en 197 países y territorios.
El informe “El poder ciudadano bajo ataque 2021” señala que las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de supuestos opositores al Gobierno, la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y los ataques a los medios de comunicación han provocado esta nueva calificación negativa que en el continente americano solo tenía Cuba.
La calificación de "cerrado" es la peor que puede recibir un país, insiste el informe. “Un país con el espacio cívico cerrado significa, en realidad, que prevalece una atmósfera de miedo y violencia, donde se encarcela y se ataca a la gente de forma rutinaria por ejercer sus derechos cívicos de asociación, libre reunión y expresión”, menciona Civicus Monitor.
China, Arabia Saudí, Irán y Siria también se consideran países con el espacio cívico “cerrado”.
El documento detalla que la principal violación de los derechos cívicos en 2021 en América fue la intimidación. Haití y Nicaragua fueron los dos países que bajaron de categoría, pasando a “represivo” y “cerrado”, respectivamente. Mencionan, además, que hay especial preocupación por la situación de El Salvador.
Civicus Monitor indica que casi el 90% de la población de la región vive en países donde las libertades de la sociedad civil están en peligro, porque están en países con espacio cívico “obstruido”, “represivo” o “cerrado”.
Ortega aplasta la disidencia
El informe explica que el Gobierno del presidente Daniel Ortega “intensificó una represión sin precedentes contra la sociedad civil y los miembros de la oposición en 2021, dejando claro que no hay lugar para la disidencia”.
“A finales de mayo comenzó una ofensiva sin precedentes contra grupos de la oposición y defensores de los derechos humanos, con una oleada de detenciones por cargos falsos”, dice el texto.
En el periodo previo a las votaciones del pasado 7 de noviembre, los candidatos de la oposición y los críticos del Gobierno “fueron acorralados y detenidos” con acusaciones como la de "actuar para socavar la integridad nacional", basándose en leyes represivas diseñadas para criminalizar toda crítica.
"Nicaragua ha promulgado una serie de leyes represivas que han permitido a las autoridades reprimir a la sociedad civil, la prensa y la oposición. Dichas leyes allanaron el camino para las elecciones ilegítimas que presenciamos en noviembre, con siete candidatos de la oposición que continúan encarcelados", dijo Débora Leão, investigadora del espacio cívico de las Américas en Civicus.
Civicus Monitor expresa su preocupación “por las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas en Nicaragua”. El informe recuerda que, desde mayo, el Gobierno ha detenido a más de 39 personas consideradas opositoras al Gobierno, entre ellas candidatos presidenciales, líderes estudiantiles, abogados defensores y periodistas.
“Algunos permanecieron desaparecidos durante semanas o meses antes de que el Gobierno proporcionara información sobre su paradero, y muchos han sido sometidos a condiciones abusivas durante su detención”, insiste el informe.
El informe sostiene que las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua “operan en un entorno cada vez más hostil”. Ejemplo de esto, es que entre julio y agosto de 2021, las autoridades ordenaron el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, entre ellas grupos de mujeres, organizaciones humanitarias y varias asociaciones médicas.
“La libertad de expresión ha empeorado considerablemente en Nicaragua, por lo que alrededor de 26 periodistas se han visto obligados a huir del país en los últimos meses”, explica.
El documento alerta que la “vigilancia generalizada y la autocensura se han convertido en algo habitual” en el contexto actual.
“Los reporteros han sido objeto de ataques personales, y al menos 16 han sido citados como testigos en investigaciones contra grupos de la sociedad civil y amenazados con cargos si se negaban a hablar sin la presencia de abogados”, señala el texto.
