3 de agosto 2022
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Ante las continuas torturas que sufren los presos políticos del régimen de Daniel Ortega, tal y como lo afirmó un Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en un informe presentado la semana pasada, un grupo de organizaciones de derechos humanos recordó que el Estado de Nicaragua está obligado a brindar un trato humanitario a los prisioneros y llamó a las autoridades del régimen a que “paren las torturas”.
Para Tania Agosti, de Raza e Igualdad, la actuación de las autoridades del régimen refleja un profundo desconocimiento del Convenio contra la Tortura, del cual Nicaragua es suscriptor. “Esta resistencia no es nueva y ocurre cuando el Estado es acusado de una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición, donde en la actualidad se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos en condiciones inhumanas, donde existen cada indicio de tortura y delito sexual”, precisó.
El relator para Nicaragua del Subcomité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (SPT – ONU), Juan Pablo Vegas, lamentó la forma en que el régimen ha limitado las visitas familiares a los reos de conciencia y el bloqueo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para constatar el estado de salud de los detenidos.
“Quisiera recordar que Nicaragua tiene obligaciones ineludibles en materia de prevención de tortura. La prevención y la erradicación de la tortura no son una opción política, un eslogan humanista y aún menos una posición de algún poder externo que viola la soberanía de un Estado; se trata más bien de una obligación internacional asumida al ratificar la Convención Contra la Tortura y sus protocolos facultativos”, expresó Vegas durante un evento virtual.
También lamentó que los métodos de tortura hacia los reos de conciencia “han recrudecido en los últimos años”, e hizo un llamado al régimen a que “recapacite” sobre las constantes violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
El informe del Comité contra la Tortura
El informe presentado la semana pasada por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura hizo eco de anteriores denuncias, por parte de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, que han señalado al régimen de Ortega de haber usado fuerza letal contra manifestantes pacíficos entre 2018 y 2021 y de haber encarcelado a más de un millar de personas por motivaciones políticas, de las cuales más de 190 permanecen detenidos.
El documento enfatiza que en algunos casos se sometió a los detenidos a un régimen de incomunicación de hasta 90 días, mientras se llevaron a cabo interrogatorios sin presencia de abogados en los que en ocasiones hubo palizas, amenazas y privación de sueño, negando después el acceso a servicios médicos.
Los abusos se cometen en un régimen de “total ausencia de separación de poderes en el Estado” destinado a “usar el derecho penal para criminalizar la disidencia, vulnerar las garantías procesales y contribuir a la impunidad”, dice el texto del comité.
Asimismo el comité expresa su preocupación por otras denuncias de tortura y malos tratos en centros penitenciarios y comisarías, sin seguimiento por parte de las autoridades a las denuncias presentadas en este sentido, que sumaron más de 12 000 entre 2005 y 2018.
Se citan particularmente graves situaciones para prisioneros en las cárceles La Modelo y La Esperanza, en Tipitapa, así como para los detenidos en El Chipote, de Managua.
El comité suma a estas denuncias ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales, líderes religiosos y miembros de la oposición, una represión que ha contribuido “a un éxodo de más de 150 000 personas a la vecina Costa Rica” mientras otros tratan de llegar a Estados Unidos.
El informe fue emitido tras la segunda revisión periódica de la situación de Nicaragua el pasado 14 de julio, durante una sesión a la que el régimen nicaragüense se negó a participar.
