2 de octubre 2019
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Las autoridades estadounidenses siguen “muy de cerca las investigaciones que las autoridades locales están realizando" sobre el asesinato de la ciudadana estadounidense Ariana Enid Martínez, ocurrido este 29 de septiembre, en Matagalpa, que califican como un "acto atroz”, afirmó a CONFIDENCIAL la sección de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua.
“Expresamos nuestras sinceras condolencias a la familia por esta pérdida. Estamos listos para brindar el debido apoyo a la familia", añadió la oficina, antes de argumentar que "por respeto a los familiares" por el momento no emitirán más comentarios.
Martínez es la tercera estadounidense, y la cuarta extranjera, asesinada en Nicaragua en el contexto de la represión orteguista contra el estallido social de la Rebelión de Abril.
Fuentes de la familia de Mynor Valenzuela, esposo de Ariana Enid Martínez, mencionaron que su cuerpo será repatriado a EE. UU. Martínez era de ascendencia puertorriqueña, pero nació en Florida, Estados Unidos. Desde hace casi año y medio de vivía en Nicaragua con su pareja, con quien tenía una niña de más de dos años.
Cuatro extranjeros asesinados
La represión orteguista ha dejado al menos 328 muertos confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, al menos cuatro familias extranjeras han sido afectadas por el asesinato de un familiar, durante los más de 17 meses de crisis sociopolítica en el país.
Tres ciudadanos estadounidenses y una brasileña han muerto por balas orteguistas, aunque la Policía y la Fiscalía del régimen se han encargado de encubrir la participación de paramilitares y funcionarios de la dictadura, y han vinculado los casos a la delincuencia común.
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La familia de la ciudadana estadounidense Ariana Enid Martínez García, de 36 años, es la última en unirse a lista. La mujer fue asesinada el pasado domingo 29 de septiembre de un tiro a quemarropa en la frente, en una gasolinera en Matagalpa. El atacante, Juan Pablo Ortiz González, es un trabajador de Correos de Nicaragua y ha sido vinculado a grupos paramilitares en esa ciudad del norte nicaragüense. El sujeto posee antecedentes penales por el delito de amenazas.
Fotografías de Juan Pablo Ortiz con armas son muy comunes en sus redes sociales, de acuerdo a matagalpinos. // Foto: Cortesía
Ortiz sigue prófugo. La Policía del régimen ha descartado las motivaciones políticas y ha determinado que el asesinato se dio por “rencillas personales” entre el agresor y la pareja de la estadounidense, Maynor Fernando Valenzuela Blandón, quien ha negado esa versión. Explicó que tres sujetos, entre ellos Ortiz, comenzaron a gritarle: “Tranquero hijo de puta, ¡el comandante se queda!… te vamos a matar”, y luego lo agredieron con la cacha de una pistola. Él se había bajado en la gasolinera para hacer unas comprar en la tienda.
“Cuando ellos (esposa y unos familiares) ven el alboroto, se bajan a auxiliarme. Cuando ya nos separamos, y mi esposa se viene montando al carro, porque ya tenía un pies adentro, uno de ellos se le acercó y le disparó a quemarropa en la frente”, narró Valenzuela al periodista Wilfredo Miranda, de Confidencial.
Eddy Montes y Sixto Henry
Los otros estadounidenses asesinados son: Eddy Montes Praslin, el 16 de mayo de 2019, y Sixto Henry Vera, el 3 de junio de 2018, uno de los meses más cruentos de la represión orteguista contra los ciudadanos autoconvocados.
Una persona sostiene un cartel con la fotografía de Eddy Montes, el preso político asesinado por el régimen en la cárcel La Modelo. EFE/Jorge Torres.
Montes Praslin era un preso político que fue asesinado de un tiro por un custodio del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), en Tipitapa. Hasta el momento, la Fiscalía ha obviado todas las solicitudes de investigación que ha hecho Leyla Prado, representante de Montes y abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Desde el pasado 31 de mayo, Eddy Jafet Montes Montenegro, hija de Montes, interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de los altos mandos de La Modelo: Julio Guillermo Orozco, director general del SPN; Darling Morales Duarte, director del penal, y Donald Pérez Garay, director del área de máxima seguridad. El Ministerio Público ha guardado silencio sobre este caso.
Acusados muertos
Sixto Henry Vera, de 48 años, fue asesinado junto al nicaragüense Marco Pomares. Ambos fueron baleados en el acceso norte del puente a desnivel de Rubenia. Habitantes del barrio señalaron que sujetos encapuchados a bordo de motocicletas y camionetas doble cabina —tal y como comúnmente se movilizan los paramilitares orteguistas— dispararon contra los vehículos de las víctimas, que luego fueron incendiados.
Menos de 48 horas después, la Policía de la dictadura anunció que había esclarecido el caso. Acusó de la muerte a los jóvenes Néstor Molina Tiffer y Ezequiel Leiva García, quienes según las autoridades tenían antecedentes por violencia, drogas y robo con intimidación.
La familia de Leiva rechazó las acusaciones, ya que Ezequiel estaba hospitalizado cuando ocurrió la muerte de Vera. A finales de mayo de 2018, recibió un disparo en el costado izquierdo de su cuerpo durante una protesta en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El joven murió en septiembre del año pasado en un hospital capitalino.
Molina fue encontrado muerto el 2 de julio de 2018. El cadáver lo hallaron, según la Policía del régimen, en un camión placa NS 7741.
Culpable libre por autoamnistía
Rayneia Lima. Foto tomada de su Facebook.
De los cuatro casos de extranjeros asesinados, el de la estudiante brasileña Raynéia Lima —ultimada a balazos el 23 de julio de 2018— fue el único que llegó a juicio. El asesino confeso Pierson Gutiérrez Solís fue condenado a 15 años de cárcel, pero fue liberado en septiembre pasado, gracias a la Ley de Amnistía, que la dictadura se autoaprobó para dejar en la impunidad todos los crímenes cometidos por paramilitares y policías orteguistas durante la represión desatada contra la población civil.
Durante una entrevista al programa Esta Semana, la mamá de la estudiante de medicina, María José da Costa, calificó como una “payasada” todo el proceso contra Gutiérrez, quien hasta agosto de 2009, fue un soldado del Ejército de Nicaragua.
En un primer momento, la Policía informó que el crimen fue cometido por “un guarda de vigilancia privada”; sin embargo, cambió su versión y acuso a Gutiérrez, quien —según fuentes— es militante del Frente Sandinista y trabajaba en el equipo de seguridad de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) y Albanisa, ambas administradas por personeros ligados a la familia dictatorial.
