3 de septiembre 2020
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Los llamados “quiebres”, “incautaciones” o “golpes” al narcotráfico, donde no hay disparos, drogas, armas, violencia, resistencia y pocos o ningún capturado, que reporta la Policía del régimen de Daniel Ortega en los últimos ocho meses, son “sospechosos”, según valor la experta nicaragüense en temas de seguridad, Elvira Cuadra.
Cuadra explicó, en una entrevista con Esta Noche y CONFIDENCIAL, que este tipo de incautaciones de millones de dólares deberían ser transparentes y en cumplimiento a la ley, sin embargo, la práctica policial ha sido la “discrecionalidad”, por lo que genera la hipótesis de que estas podrían estar vinculadas a “pagos” que se hacen llegar al régimen de Ortega y, más específicamente, a la Policía.
“Una hipótesis posible puede ser en relación a pagos que esté realizando el crimen organizado al Gobierno o a la Policía en particular”, señala la experta en temas de seguridad.
La también socióloga tampoco descarta que la ocupación de esos millones también sea una forma que se usa desde el régimen de Ortega, para “trasladar los fondos a la institución policial”, luego que fue sancionada por el Gobierno de Estados Unidos, el pasado cinco de marzo.
Una investigación de Chequialo, reproducida por CONFIDENCIAL, recopiló y analizó los reportes policiales de las 21 incautaciones millonarias registradas desde el 25 de enero hasta el 28 de agosto, revela que estos “golpes” al narcotráfico han alcanzado la suma de 14 495 266 dólares.
De igual manera, confirma que esos 14.5 millones de dólares que la Policía ha incautado hasta agosto de 2020, superan los millones que han recogido anualmente desde 2007, dejando atrás cifras récord de 13.3 millones incautados en 2019; los 14.3 millones decomisados en 2018, o los 13.2 millones sumados en 2012.
Policía maneja “discrecionalmente” el uso de incautaciones
La experta en temas de seguridad también criticó el procedimiento que hace la institución policial con los supuestos “golpes” al narcotráfico, pues apunta que en situaciones normales esto debería ir de la mano con “un proceso de investigación previo” que conduzca a la “desarticulación del grupo o la célula de crimen organizado que está realizando este tipo de actividades, sin embargo, en todo lo que hemos visto a lo largo de este año no hay ningún indicio que apunte a esa dirección”.
Además, asegura que para conocer de dónde provenía todo ese dinero que se le adjudica al crimen organizado, la Policía debería tener previamente una “una investigación ya instalada para ver cuál es la ruta y cuál es el origen”.
Cuadra explica también que “hay diferentes mecanismos para el tratamiento de las incautaciones, pero en principio la Policía debería de poner todos los recursos decomisados o incautados a la orden del Poder Judicial”.
La investigadora de temas de seguridad apunta que el proceso para manejar legalmente los millones incautados sería, primeramente, ponerlos en una instancia judicial para que los tenga bajo custodia mientras se desarrolla un proceso de investigación y un proceso judicial y, una vez que se tiene una resolución, se disponga dónde va a pasar el dinero. Cuadra asegura que le corresponde al Ministerio de Hacienda recibir esos recursos y disponerlos en función de lo que la ley establece.
Sin embargo, la experta critica que tanto la Policía como las demás instituciones han sido “discrecionales” con el uso de esos recursos incautados y, en muchos casos, “no han seguido los canales establecidos por la ley y no hay informes claros sobre el destino que han tenido todos esos recursos incautados”.
Incrementa violencia delincuencial
La investigadora también alertó que el papel que está jugando la Policía también ha afectado a la seguridad ciudadana, que ya percibe más violencia delincuencial todos los días en las calles e incluso en sus hogares y negocios.
"El papel que está jugando la Policía que está funcionando más como un aparato para mantener la política de represión del Gobierno y no está cumpliendo con sus funciones afecta la seguridad, también el hecho de la existencia y operatividad con impunidad de los grupos paramilitares que existen en diferentes lugares del país", afirma.
Cuadra además asegura que la frase de que “Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica” se ha vuelto un cliché y, contrario a esto, hay un “incremento de la delincuencia y la criminalidad en general en el país, sobretodo desde 2018”.
"La presencia de armas de fuego que fueron distribuidas por el Gobierno y que están en las manos de estos grupos paramilitares son un factor que la misma Policía revela con un incremento de la presencia de armas de fuego en los delitos en general y sobretodo en los delitos más peligrosos... Otro elemento que tiene que ver con la liberación de personas detenidas por delitos comunes, ya que una parte de ellos está cometiendo nuevamente delitos y eso se agrega como un factor de riesgo", detalla.
La investigadora recordó además que otro de los factores que alimentan la seguridad ciudadana son los discursos de odio, estigmatización y criminalización que el régimen de Ortega ha mantenido en los últimos tres años de crisis sociopolítica.
Asimismo, señaló que la Policía apoya estos discursos "cubriendo con impunidad las actuaciones de grupos de estas personas (paramilitares)… Entonces, hay evidencia, hay elementos que permiten relacionar este tipo de violencia, de incremento de la inseguridad con los grupos paramilitares y con estas personas liberadas".
La experta culminó recalcando que esta percepción de inseguridad no solo se vive en la ciudadano, sino en el campo. Cuadra reseñó un estudio que presentó, recientemente, donde detalla que en el primer semestre de 2020 se registraron 129 asesinatos principalmente en zonas rurales, un promedio de diecinueve asesinatos por mes que concuerda con el mismo período en 2019.
