9 de octubre 2024
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El programa habitacional “Bismarck Martínez” nació —según la narrativa del régimen— para dotar con una vivienda “digna y segura” a los nicaragüenses de bajos recursos económicos. Sin embargo, ocho años después de lanzar el proyecto, el Gobierno y la Alcaldía de Managua han “alterado las bases del programa” y sustituido “el criterio de necesidad social por la viabilidad financiera del solicitante”, lo que elimina a “una buena parte de la población de este programa”, según Silvio Prado, politólogo y sociólogo nicaragüense.
“Sos elegible o no sos elegible (para una vivienda del programa), no en base a tus necesidades, sino a tu capacidad de pagar”, dijo el municipalista e investigador en temas relacionados con participación ciudadana y sociedad civil.
“(Ahora) se establecen ciertos criterios que eliminan a una buena parte de la población de este programa, por la vía de la capacidad financiera de las personas de entrar a ese programa”, sostuvo Prado en una entrevista con el programa Esta Semana, en la analizó una investigación de CONFIDENCIAL que reveló que, bajo un esquema opaco y con poca transparencia, la Alcaldía de Managua ha duplicado las cuotas para acceder a las viviendas, pese a contar con fondos del Presupuesto General de la República (PGR) y un préstamo millonario del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En un principio, el Gobierno y la municipalidad capitalina prometieron cuotas mensuales de 40 y 50 dólares, pero ahora la cuota mínima —con financiamiento bancario— es de 104.81 dólares y la máxima de 365 dólares.
“Cuando se cambian los requisitos de la necesidad social, por la capacidad (financiera) o los ingresos para entrar al programa, ahí hay una variación. No es que los otros programas sociales no tengan estos rasgos. Pero estás hablando de Nicaragua, donde hay un alto porcentaje de la población que no tiene capacidad para entrar a este programa”, explicó el municipalista Silvio Prado, radicado en España.
La nueva cuota mínima del programa representa la mitad del salario mínimo promedio en Nicaragua, que es 8540.92 córdobas, unos 233.2 dólares al cambio oficial.
Corrupción en las alcaldías
La investigación de CONFIDENCIAL revela también que el programa social se ha transformado en un negocio que involucra a las autoridades de la Alcaldía de Managua con diez empresas, a las que se entregó el 96.7% de los contratos de construcción de los complejos habitacionales.
Desde 2019 hasta la actualidad, la Alcaldía de Managua ha adjudicado 63 proyectos relacionados al Bismarck Martínez, que suman un total de 5698 millones de córdobas (unos 155.6 millones de dólares al cambio oficial), según un análisis realizado a una base de datos elaborada por CONFIDENCIAL a partir de los contratos publicados por la Alcaldía de Managua en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae).
“Por la falta de control y supervisión (en las alcaldías), se ha abierto la puerta a la corrupción, a las coimas y entregar la contratación pública a tres tipos de personas: por razones políticas, a pseudo contratistas compuestos por familiares y allegados a las alcaldías, entre ellos exfuncionarios. Y la designación desde el nivel central de las empresas que serán seleccionadas, sobre todo para obras grandes”, subrayó el sociólogo.
Recordó que la Red Centroamericana por el Desarrollo Social elaboró un estudio, hace dos años, en el que determinaron “focos de corrupción” en las contrataciones públicas de las alcaldías, en lo relacionado, principalmente, “con la construcción de calles, reparación de calles y caminos”.
“Hay unas pocas personas, unas pocas empresas que se llevan la mayor parte del pastel de las licitaciones. O sea, ya están amarradas quién la va a ganar”, dijo.
Estas empresas pertenecen a una red de constructoras apadrinadas de facto por Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua, secretario de organización del FSLN y operador político de la pareja presidencial en las municipalidades. Las diez empresas más beneficiadas han recibido unos 5515 millones de córdobas (unos 150.6 millones de dólares). según la investigación de CONFIDENCIAL.
Prado apuntó que “no es remoto que el 50% de los alcaldes destituidos hasta hoy —unos 18 alcaldes y tres vicealcaldes—, la causal pública haya sido la corrupción, de los otros, no se sabe”.
Ocho de los alcaldes defenestrados llevaban más de doce años en el cargo, otros dos iban por su segundo mandato consecutivo y once — incluidos los tres vicealcaldes— comenzaban su primer período, de acuerdo con un análisis de datos de CONFIDENCIAL.
“Bismarck Martínez” con carácter clientelista
Para el municipalista, otras de las conclusiones de la investigación periodística es “el abierto y descarado carácter clientelista que tiene el programa”.
“Si vos ves la foto de la entrega de algunas de las de la casa, todas son de gente del Frente (Sandinista) o que aparenta ser del Frente para que le den más casas”, comentó.
Entre los requisitos para optar a una vivienda del programa “Bismarck Martínez” están: ser mayor de edad, habitar en Managua; escribir una carta al presidente Daniel Ortega; tener ingresos mensuales de 10 000 córdobas —equivalentes a 274 dólares—, y presentar carta salarial, principalmente.
El sociólogo calificó como “disparate” el requisito de enviarle una solicitud escrita a Ortega. “¿A cuenta de qué voy a mandarle una carta a Ortega para que me den una casa?”, se preguntó.
Afirmó que este requisito tiene su origen en la decisión gubernamental de quitarle a las alcaldías la prerrogativa de otorgar títulos de propiedad, y adjudicárselo a la Presidencia para que “fuera el presidente, el hombre que diera el favor o la concesión”.
“Eso tiene que ver, una vez más, con la confiscación de la autonomía de las alcaldías para este tipo de programas, porque son las alcaldías las que regulan el uso del suelo, las que tienen el plan de desarrollo urbano de cada municipio”, detalló.
Este arrebato de la autonomía municipal provoca un incumplimiento en los objetivos del programa Bismarck Martínez. En octubre de 2018, el régimen y las alcaldías se impusieron la meta de construir 50 000 casas en siete años; 20 000 de estas en la capital nicaragüense. A septiembre de 2024, el conteo va por 5239 viviendas en Managua y unas 3000 en el resto del país, según datos ofrecidos por alcaldes.
Además, el Gobierno y las alcaldías afirman haber dado más de 30 000 lotes urbanizados, de estos 2605 corresponden a la capital, aunque no existe un registro oficial público de estas entregas.
“Aunque todas las alcaldías —según Prado— ejecutan estos programas en coordinación con el Instituto de Vivienda Urbana y Rural (Invur), finalmente ellos no tienen el control de lo que se está haciendo, sino que ese control se tiene a nivel central”.
“La capacidad de seguimiento, ejecución y supervisión no está a nivel local, sino que está a nivel central”, agregó.
“En la práctica, entre lo que se prometió y lo que se hizo dentro del programa Bismarck Martínez, da la razón que desde el nivel central, por la burocracia o requisitos políticos, no tienen capacidad para hacerlo, aunque con bombos y platillos se inauguren 100 o 200 casas, pero no las que se han prometido”, destacó el experto.
Hasta el 30 de septiembre de 2024, la Alcaldía de Managua asegura haber construido unas 5239 nuevas casas dentro del programa: 2150 en Villa Jerusalén; 1528 en Caminos del Río; 1000 en Flor de Pino; 481 en Villa Santiago; y 80 en Mirador Xolotlán.
Recurrir confiscaciones cuando haya Estado de derecho
Desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2024, el Estado ha donado 41 propiedades a diez municipalidades para proyectos relacionados con el programa habitacional, según una base de datos construida por CONFIDENCIAL, a partir de los acuerdos presidenciales publicados entre octubre de 2018 y septiembre de 2024.
La Alcaldía de Managua es la municipalidad más beneficiada con 28 terrenos donados, que totalizan 1.39 millones de m2, equivalentes a unos 195 campos de fútbol.
CONFIDENCIAL constató que al menos diez propiedades expropiadas o confiscadas fueron utilizadas para el programa “Bismarck Martínez”. Ocho de estos terrenos fueron declarados de utilidad pública —sin que se conozca el valor pagado a sus dueños— y luego donados por el Estado a la Alcaldía de Managua en junio de 2023.
Uno de los casos más conocidos es el parque de ferias agropecuarias “Expica”, que fue confiscado a su legítimo propietario —la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan)— y después regalado a la municipalidad capitalina para instalar la residencial “Mirador Xolotlán”.
Para Prado, la mayoría de las confiscaciones, expropiaciones y declaratorias de utilidad pública “han tenido un origen político”, por lo que “no han seguido el curso que mandan las leyes”, como es un período de gracia para que el expropiado recurriera la decisión o tener la posibilidad de entablar un juicio contra el Estado o el Gobierno local.
“Hay una medida (legal) que reconoce el daño y aprueba una indemnización a las personas que han sido perjudicadas, pero yo creo que estos casos no hubo”, enfatizó.
“¿Ante esto qué es lo que cabe? Que el día que nuestro país recupere el Estado de derecho, los perjudicados recurran todas estas medidas, porque están basadas en enormes vacíos legales”, sostuvo Prado.
