El terremoto sociopolítico de Nicaragua

Entre abril y septiembre 2018 se originó una inesperada oleada de protestas con más de 2067 eventos en todo el país. En este artículo se exhiben brevemente los hallazgos de una investigación que analizó los procesos y mecanismos que la gestaron, la potenciaron y finalmente la detuvieron. Se presenta evidencia basada en datos de protesta, derivados del monitoreo sistemático de cuatro periódicos nacionales, de entrevistas a manifestantes, de observación participante y de investigación documental.

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La gestación de la oleada

En primer lugar, es relevante señalar que el incendio de Indio Maíz en los primeros días de abril fue escuela de protestas, creadora de capital estratégico y habilidades de disrupción en una nueva generación de estudiantes. Por su misma versatilidad temática, aglutinó distintas visiones políticas y experiencias, haciendo a algunos manifestarse por primera vez. Estas protestas expusieron a los estudiantes a los tradicionales métodos de control social característicos del, hasta entonces, régimen híbrido del presidente Ortega.

Sin embargo, los datos sugerían que Indio Maíz tendería a la desmovilización. La diferencia, en este caso, sería la proximidad de una nueva amenaza percibida solo cuatro días después de la extinción del incendio: el anuncio y decreto de las reformas a la ley de Seguridad Social. Este decreto significaría, además de una nueva amenaza para los protestantes universitarios, el resquebrajamiento del reconocido “Modelo de Diálogo y Consenso” entre el sector privado y el Estado. Inmediatamente, el Cosep patentizó un mecanismo que, por su naturaleza, abre paso a protestas: ruptura de élites y de alianzas.

Mecanismos que la potenciaron

Aunque se describen separadamente, estos siete mecanismos interactuaron unos con otros para catalizar las protestas:

(1 y 2) La difusión o expansión de protestas mediante vías intermediarias: comunicación personal, redes sociales, o medios de comunicación. El mecanismo se activó en todo el país desde las primeras horas. Por ejemplo, las imágenes de la agresión a estudiantes, feministas, trabajadores, y ciudadanía en general que protestaba en Camino de Oriente y la UCA, se difundieron rápidamente. En las entrevistas se evidenció que la noche del 18 de abril, en varios puntos del país, la población actuó como intermediaria y difusora de una doble amenaza que galopaba: la reforma y la represión.

(3 y 4) La acción coordinada, que consiste en la organización de protestas para generar escalamiento de la movilización. En este caso, a pesar de surgir como protestas sin estructuras, la coordinación dentro de la espontaneidad se evidenció en el uso común de formas y demandas. Se puede ilustrar este mecanismo con tres ejemplos. Primero, el movimiento campesino que, de acuerdo con entrevistas, coordinó la colocación de tranques tras reflexionar que Ortega no acataría con marchas. La acción fue imitada por otros actores —no únicamente campesinos— en varios municipios. Rápidamente los tranques se convirtieron en acciones coordinadas desde varios puntos con alto nivel de impacto y transgresión, teniéndose registro de 327 tranques en mayo; 667 en junio; y 180 en julio, mes en que fueron suprimidos con la “Operación Limpieza”. Segundo, la población de Monimbó que permanecía atenta a otros focos de protesta en el país. Se comprobó en los relatos que, si la población se enteraba de asedios policiales a universidades en Managua, manifestantes arremetían a la policía en Masaya, para contrarrestar el ataque y desviar la atención de las fuerzas policiales. Tercero, el Cosep, que convocaría a la primera marcha masiva el 23 de abril para exigir orden constitucional y justicia por las víctimas de la represión. Esta y otras marchas multitudinarias, convocadas posteriormente por otros actores, representarían un claro ejemplo de movilización exitosa que evidenciaron el valor, la unidad, el número y el compromiso de los manifestantes.

(5 y 6) La certificación, o validación manifiesta de una autoridad externa hacia las protestas. En la oleada, se pueden identificar tres certificadores: la Iglesia católica que, además de mediar, mostró apoyo directo o indirecto a las distintas manifestaciones; la comunidad internacional que, ante el incremento de la represión, se pronunció y derivó, en algunos casos, en sanciones a funcionarios públicos; y la población en general, a través de la apropiación social de las protestas universitarias, sumándose a las mismas, o atendiendo a manifestantes heridos o perseguidos, o donando víveres y morteros.

(7) La creación de identidades también catalizó la oleada. Se manifestó en la habilidad estratégica para producir símbolos y nomenclaturas. La bandera nacional, que fue gradualmente apropiada como símbolo de protesta, es el mejor ejemplo de este mecanismo en marcha. En términos de nombres, los medios de comunicación categorizaron a los manifestantes como ‘azul y blanco’ o ‘autoconvocados’, evocando su naturaleza espontánea. Por otro lado, también se construyó identidad a partir del discurso emitido por el Gobierno, del cual los manifestantes se apropiaron hasta humorísticamente autonombrándose como vandálicos o minúsculos, demostrando una forma de resistencia diaria desde el sin-poder. Asimismo, se desarrollaron microidentidades; por ejemplo, entre los estudiantes, aunque se seguía haciendo referencia al bloque único, los universitarios crearon distinciones y organizaciones propias según sus campus, sus visiones o experiencias.

Con estos mecanismos en marcha y ante la incrementada represión, las demandas evolucionaron de coyunturales a revolucionarias, exigiendo la renuncia de Ortega y sus funcionarios. Se trató de demandas que se generalizaron en amplios sectores de la población y en las que ya no interesó introducir nuevas políticas o derogar decretos, sino el completo remplazo del Gobierno y sus prácticas.

La transición gradual de demandas coyunturales a demandas revolucionarias entre la población inició el 20 de abril y se catalizó, de acuerdo con los datos, por los eventos represivos acontecidos ese día en varios municipios del país. Con el asesinato del adolescente Álvaro Conrado y el derrumbe del primer “árbol de la vida”, la demanda #FueraOrtega se introdujo con fuerza en Twitter, lo que puede interpretarse como un ‘proxy’ de lo que acontecía en las calles. Las demandas revolucionarias tuvieron su punto culmen en el Diálogo Nacional de mayo, cuando los participantes exigieron la salida inmediata del presidente.

Ante esto, el Gobierno argumentó que las protestas eran un intento de “golpe de Estado”, que se alentaba, financiaba y ejecutaba por la Iglesia católica, la comunidad internacional (principalmente Estados Unidos), y amplios sectores de población, incluyendo al empresariado.

Sin embargo, la tesis estatal puede objetarse de tres formas: primero, el análisis de varios expertos en política nicaragüense que expone que no existían las condiciones para un “golpe de Estado”. Encuestas de cultura política en el país mostraban, además del elevado apoyo al presidente Ortega, un amplio rechazo a la práctica del “golpe”. Cualquier intento de ejecutar uno, según infieren los datos, hubiese sido inviable y carecería de legitimidad.

Segundo, la perspectiva de derechos humanos, manifestada en reportes internacionales, que evidenció a una ciudadanía vulnerada y carente de poder para ejecutar un “golpe”, reprimida con demostrada fuerza innecesaria y desproporcional. Los informes subrayan que no existen pruebas claras de parte del Ejecutivo para respaldar su argumento.

Tercero, lo que en este artículo se ha expuesto. El registro de los hechos muestra que la situación generada en Nicaragua es, precisamente, una típica oleada de protestas con procesos y mecanismos, que habitualmente se ponen en marcha cuando los Estados reprimen. Ninguno de los siete mecanismos aquí explicados y estudiados de cerca por este investigador, mostró indicios de un “golpe de Estado” en marcha.

Finalmente, tras la abrumadora represión racionalizada bajo la tesis del “golpe”, las demandas tienen una última transformación adaptativa. A partir de mediados de agosto, la base de datos registró protestas que empezaron a incluir exigencias específicas como la libertad para los presos políticos, justicia por asesinatos en la represión, reformas electorales, o respaldo a figuras perseguidas (como los obispos).

La represión y conclusión de la oleada

La represión estatal generó dos efectos contrarios. Por un lado, en las semanas iniciales, cuando la violencia estatal se incrementó inconsistentemente, produciendo más movilización entre los manifestantes. Por otro, cuando la violencia estatal se generalizó, persistente y abrumadoramente, frenando las protestas. Este segundo efecto mostraría la voluntad y la capacidad del Estado para reprimir contundentemente tras el pico de demandas revolucionarias.

Existe documentada evidencia de siete modos de represión usados: subestimación y depreciación de manifestantes, manipulación mediática, leyes y decretos extraordinarios, acoso a manifestantes, arrestos y enjuiciamientos, privación de empleos y carreras, y uso de violencia directa (estatal o paraestatal). Más allá de aclarar aquí los detalles de la represión —como bien lo han hecho observadores de la situación de derechos humanos en el país—, es necesario subrayarlos para demostrar cómo todos actuaron en conjunto para detener la movilización. Los datos prueban que se consiguió el efecto deseado, haciendo concluir la oleada de protestas alrededor del mes de octubre.

Además del factor represivo, es posible atribuir otras causas que facilitaron la detención de la oleada: la fatiga de los manifestantes, el agravamiento de una recesión económica, y la disminución de la percepción de oportunidades ante la negativa del Gobierno a dialogar. Sin embargo, no puede atribuirse como causa de desmovilización a la incapacidad de traducir las demandas y energías de protestas en acciones políticas institucionalizadas.

Por el contrario, uno de los principales efectos de esta oleada es la creación de un movimiento social nacional ‘azul y blanco’, que sobrevive a la represión y se mantiene vigente, demandando democratización y justicia. Este movimiento, a pesar de tener una macroidentidad única, posee tres facciones que divergen por su visibilidad, visión, número, compromiso y unidad: los institucionalizados (entre los que se encuentra la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco), los agrupados en organizaciones no gubernamentales para prestar servicios, y los radicalizados.

Por tanto, la conclusión de la oleada se da con dos características: artificialidad y latencia. Es artificial porque, como se ha mostrado, la oleada se detiene únicamente ante la abrumadora aplicación de los modos de represión. No fue un proceso diluido en el tiempo, sino abrupto. De más de 2000 eventos de protestas acumulados en la oleada (abril a septiembre), se pasa a un silencioso número de 51 en el último trimestre de 2018 y los primeros dos meses de 2019. Es latente porque no habiéndose canalizado ni dado respuesta a las demandas, estas aún persisten y pueden exacerbarse ante el incremento de nuevas amenazas, como el acelerado deterioro económico, la irresuelta ruptura de élites y el descontento social cada vez más amplio. Lejos de significar estabilidad y falta de disenso, la conclusión de la oleada es una certeza más de que se instaló finalmente un régimen autoritario.

En cualquier caso, las facciones del movimiento social nacional azul y blanco, como se ha demostrado en los últimos meses, tienen un rol determinante en la terminación de dicha latencia y artificialidad.

Más allá de una conclusión única sobre la contienda política que no termina, la investigación brevemente presentada busca contribuir al entendimiento de lo sucedido, sobre todo en términos de mecanismos y procesos, que dieron forma a la actual coyuntura social, política y económica del país.