La Policía española desmanteló una organización criminal dedicada a explotar a mujeres nicaragüenses migrantes, que aspiraban a mejorar su condición económica viajando a España para trabajar en el servicio doméstico.

Para el viaje, la organización les proporcionaba la documentación y billetes necesarios, de modo que contraían una deuda de unos 4500 euros, que era  avalada con la vivienda que ocupaban con su familia en Nicaragua. La deuda,  que se incrementaba progresivamente (a un interés que a partir del octavo mes llegaba al 10% mensual) se hacía, en ocasiones, imposible de pagar.

El cabecilla de la banda fue detenido en abril en Murcia, es de nacionalidad nicaragüense y responde a las iniciales J.E.S.A. Se presume que llevó a más de cien mujeres a España para explotarlas desde el año 2009, según informó un portavoz de la policía nacional en Murcia.

Las víctimas debían pagar alrededor de 600 euros al mes en metálico, cantidad que normalmente no conseguían reunir con su trabajo en el servicio doméstico, por lo que algunas de ellas se veían obligadas a mantener relaciones sexuales con el cabecilla de la organización a cambio de rebajar dicha deuda.

Los encuentros eran  presuntamente grabados con cámara oculta y sin el consentimiento de las víctimas, que después eran amenazadas con su publicación si no pagaban lo que debían.

Urge investigar

Martha Cranshaw, directora de la organización no gubernamental Nicas Migrante, explicó que es positivo el hecho de que en España se haya capturado a los miembros de esta organización y espera que las autoridades de Nicaragua realicen una investigación local para desarticular los nexos en el país.

“Urge una investigación a fondo en Nicaragua, de parte de las autoridades, para saber quiénes son los contactos de la banda en el país, siempre apoyados con las autoridades en España, porque ellos saben de dónde vienen estas mujeres y exactamente quién es el cabecilla”, refirió Cranshaw.

La defensora de derechos humanos de los migrantes, considera que la banda desarticulada actuó de forma inteligente, al instalar su centro de operación en Murcia (donde existen pocos nicaragüenses trabajando) y no en Madrid u otras ciudades, que son el destino de los nacionales.

La nueva ley de extranjería de España en su artículo 95 estipula que a los inmigrantes irregulares extranjeros víctimas de trata de seres humanos, se les gestione la documentación para su estancia legal en el país, como algunas de las mujeres de este caso.

Respecto a este tema, Cranshaw considera que las personas que realizan viajes a otros países con el objetivo de trabajar, deben de conocer sus derechos, lo que deben o no hacer, además de garantizar que sus documentos de identidad siempre los tengan ellos y no otra persona, pues de ser así, estarían siendo víctimas de trata.

“La ley de Extranjería apoya a los migrantes, qué pasó, que como estas mujeres no sabían de ella no denunciaban por miedo. Ellas no conocían de que si exponían a sus tratantes iban a ser atendidas de forma especial, es lo que deben saber las personas”, indicó la defensora.

La pista

La investigación inició con una llamada al teléfono contra la trata de seres humanos en la que se denunciaba la existencia de una persona que se estaría dedicando a llevar mujeres procedentes de Nicaragua para trabajar en el servicio doméstico a cambio de dinero.

Los agentes especializados en la lucha contra la trata de seres humanos descubrieron la existencia de una organización que operaba al menos desde 2009.  Averiguaron también que, una vez en España, las víctimas eran recogidas por miembros de la red que las trasladaban a Murcia, donde eran recibidas por el cabecilla que se encargaba de alojarlas en pisos que tenía alquilados.

Por el alojamiento tenían que pagar unos 70 euros semanales, aunque fueran varias las personas con las que tuvieran que compartir habitación, viviendo, por lo tanto, en deplorables condiciones higiénicas y de hacinamiento. De esta manera, además, la deuda inicial se iba incrementando continuamente.

Videos sexuales

El máximo responsable controlaba a las víctimas de forma obsesiva, aconsejándolas que no se fiasen de nadie salvo de él, obteniendo copias de todos los documentos de las víctimas e incluso sus pasaportes originales o abriendo su correo, todo ello para asegurarse de que pagarían su deuda.

El líder de la red las amenazaba con quitarles sus propiedades si lo denunciaban. Las víctimas no lo hacían por miedo a sus amenazas o a ser expulsadas de España, pues muchas se encontraban en situación irregular.

Durante el registro en el domicilio en Murcia del principal investigado, los agentes intervinieron material pornográfico consistente en imágenes de relaciones sexuales que el propio detenido mantenía con mujeres -entre ellas las de al menos 19 víctimas de trata, de las traídas por la organización- y que habían sido obtenidas sin su consentimiento.

También encontraron imágenes en las que el responsable de la organización aparece abusando sexualmente de alguna de sus víctimas.

La primera fase de la operación se inició en febrero pasado con los primeros registros y detenciones, entre ellas la del líder, tras lo que siguió una segunda fase de identificación de las víctimas no sólo en materia de trata de seres humanos, sino de abuso sexual.

La migración a España en números

Antes de 2005 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España no analizaba por separado los flujos de migrantes nicaragüenses hacia ese país del Mediterráneo.

Las primeras estadísticas recopiladas en 2006 mostraba que en España se habían registrado 1.990 personas, de las que el 69% eran mujeres y la mayoría del total general correspondía a edades entre los 24 y 44 años.

Zaragoza, Madrid y Barcelona eran los lugares de residencia. Las estadísticas oficiales muestran que hasta 2013 había registrados en España unos 2,600 nicaragüenses. Según estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN), entre enero y septiembre de 2005 el país había recibido más de 65 millones de dólares en remesas provenientes de España.

Las principales áreas en las que se desempeñan los nicaragüenses que residen en aquel país son los servicios domésticos, en el caso de las mujeres, y el sector de la construcción, en el de los hombres.