El Gobierno Ortega Murillo: "ineficiente"

El Diagnóstico Sistemático de País 2017, elaborado por el Banco Mundial, registra por primera vez en un documento de ese nivel, el cuestionamiento de una institución multilateral a la gestión burocrática de la administración de Daniel Ortega, incluyendo no solo la politización que afecta las decisiones técnicas, sino la nula autonomía de toma de decisiones que tienen los funcionarios públicos, que siempre esperan una orden ‘de arriba’.

El informe presenta una radiografía completa sobre el sector público, y su incidencia en el clima de inversión, la competitividad, pobreza, productividad, competencia, transparencia, formulación de políticas, democracia, rendición de cuentas, etc., y además propone en cada caso cómo mejorar.

CONFIDENCIAL solicitó la reacción de la vicepresidenta Rosario Murillo, administradora del gobierno aludida indirectamente en el informe, pero no respondió a nuestra solicitud.

Rosario Murillo y Daniel Ortega durante el acto de El Repliegue, en 2016. Confidencial | Carlos Herrera

El economista Mario Arana, director de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), y expresidente del Banco Central, destaca cómo el informe del Banco Mundial menciona la partidización de las instituciones.

“Esa es una realidad que enfrentamos. Antes se había hecho un trabajo más deliberado de asumir la Ley de Servicio Civil y profesionalizar al personal del Estado. La idea era que se les reconociera como personas, que se respetara su capacidad técnica, independientemente de sus posiciones políticas. Había una filosofía: si tenías capacidad y querías contribuir, deberías caber dentro de las estructuras del Estado”, rememoró.

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Eso permitió ver ejemplos de integración entre personas de diferentes corrientes de pensamiento político. “Ahora es más complicado. Hay una politización en las instituciones. Es algo que debe replantearse y tiene sus costos, porque se ha sufrido en la calidad del Estado y su operatividad: algunas cosas funcionan bien y otras por debajo de lo que debería ser”, añadió.

Centralización excesiva

El economista Alejandro Aráuz, asegura que la mayoría de las instituciones no tienen efectividad en su desarrollo y actuación.

El Estado nicaragüense tiene un problema de liderazgo, porque “está centralizado. No vemos instituciones que tengan liderazgo, y tomen decisiones preponderantes donde les corresponde actuar. Todo depende de la línea que baja la Presidencia. Nadie mueve un dedo o dice nada, si no es por una línea presidencial que se traduce en un verticalismo”, refirió.

Si bien Aráuz reconoce que “la lealtad siempre ha existido: el exceso es lo malo, lo perverso e incompetente es el burocratismo”.

Al respecto, el informe del Banco Mundial precisa, citando a los consultados en la encuesta ejecutiva del Informe de Competitividad Global, que “la burocracia gubernamental ineficiente” es “el factor más problemático para hacer negocios por seis años consecutivos. Además, los indicadores de calidad burocrática sugieren que Nicaragua se está quedando atrás de todos los demás países centroamericanos”, añade.

Para Aráuz, “la burocracia es un proceso administrativo, un patrón que indica cómo hacer las cosas. Existe porque se necesita un sistema para poner orden. El problema está en que las reglas de la burocracia no son expeditas, no son eficientes, y eso se traduce en costos de transacción para los sectores económicos. Esto significa un peso adicional y un gasto recurrente en las actividades económicas y sociales del país. En Nicaragua tenemos un Estado con un burocratismo tremendo, alarmante”, sentenció.

La posición del Cosep

Al comentar la parte del informe que urge ‘separar las decisiones técnicas de las lealtades políticas’, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), asegura que “eso es casualmente lo que estamos haciendo en cada acuerdo que firmamos”.

José Adán Aguerri, presidente del Cosep. Carlos Herrera | Confidencial.

Según Aguerri, el resultado de cada compromiso alcanzado entre el sector privado y el sector público es que “ya no hay que llamar al director de Aduanas, al ministro ‘X’, o al ministro ‘Y’, que es lo que nos tocaba hacer, porque cuando creas una normativa por consenso, que no deja espacio a ningún tipo de interpretación, ya no hay funcionario que se quiera pasar de vivo”.

Aguerri expresa que de esa manera “se logra lo que aquí se está planteando: que ya no se recurra a ningún tipo de situación de manejo de voluntad política. Desafortunadamente --y esto es una realidad de Centroamérica y del mundo-- cuando hay voluntad política, las cosas caminan, y cuando no la hay, no caminan”.

El economista Aráuz no discrepa de la autoevaluación que hace el Cosep en sus relaciones con el Poder Ejecutivo. “Aquí se ha elevado mucho la categoría que tiene el Cosep con el Gobierno, porque han empujado al sector privado a buscar una comunicación directa para resolver una serie de asuntos de orden particular y general”, en referencia a “temas burocráticos que podrían hacerse en la horizontalidad de la función pública”, señala.

Aráuz reconoce que “el sector privado tiene que trabajar, resolver situaciones, y la única solución la ha encontrado en esta vía unilateral. Hay centralismo en la gestión pública, y es obvio que esto no es bueno”, porque eleva los costos de transacción, y complica las cosas, añade.

Escasa transparencia fiscal

Junto con la incapacidad de los funcionarios públicos –-incluso alcaldes, ministros y diputados-- para tomar decisiones y pasar a la acción, el Diagnóstico del Banco Mundial identifica “la necesidad de fomentar un debate amplio y una formulación de políticas basada en la evidencia. El establecimiento de evaluaciones de impacto de programas seleccionados y el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación, podrían conducir a mejores resultados de desarrollo”.

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Añade que “aunque se recopilan datos administrativos sistemáticos en todos los ministerios y organismos, estos raramente se utilizan con eficacia para adaptar y ajustar las políticas y programas, debido en parte a la debilidad de la capacidad, pero también a esta centralización excesiva de las decisiones clave”.

Mario Arana, que fue ministro de Hacienda durante la administración del presidente Enrique Bolaños, explica que “normalmente estos estudios sirven para crear la base de lo que luego puede llegar a convertirse en políticas públicas. Se ha venido dando un proceso para fortalecer todo el manejo fiscal. Parte de los problemas es que la información no está sistematizada como correspondería. No hay un consolidado del sector público. No es un proceso sencillo, es complicado”, admite.

El resultado es que no se sabe con certeza cuál es la información que se tiene ni la que hace falta, pero la aspiración es que esté toda la información, comenzando por la de los municipios, aunque “ese proceso les está tomando tiempo. Entiendo que está encaminado a un sinnúmero de instituciones. Es un proceso en marcha en el que se está trabajando. Lo que el Banco hace y dice es un problema que debe terminar de solventarse”, añadió.

Mario Arana, exministro de Hacienda y expresidnete del Banco Central de Nicaragua. Carlos Herrera | Confidencial.

Economía pequeña, concentración grande

A pesar de las muchas limitaciones que tiene el país, tanto en términos económicos como de desarrollo, resulta difícil de entender que los “obstáculos al emprendimiento”, sean mayores en Nicaragua que en muchas otras naciones de América Latina.

El documento del Banco determina que en Nicaragua hay “complejos procedimientos de regulación (licencias y permisos para mercados específicos) y reglas… que no permiten empresas igual o más eficientes para entrar y competir”, favoreciendo indebidamente a las empresas dominantes.

Estos fenómenos, junto con la falta de aplicación de la Ley de Competencia, dan pie a la existencia de monopolios y oligopolios, lo que generalmente se traduce en menores niveles de eficiencia, que conllevan el pago de precios más altos por parte de usuarios y consumidores.

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Como administrador de empresa y líder gremial, César Zamora asegura que esa situación no ocurre solo en Nicaragua, sino en toda Centroamérica. La nuestra “es una economía muy pequeña. Hay monopolios que tienen que ser regulados por ley, y hay oligopolios, porque solo tres o cuatro compañías trabajan en un sector, pero para eso hay regulaciones. No vamos a esconder la existencia de esas situaciones, pero tampoco hay que olvidar el tamaño de la economía nicaragüense”, argumentó.

A modo de ejemplo, se preguntó cuántos ingenios se pueden construir y operar en Nicaragua. “¿Ocho, diez? En cualquier país del mundo, diez ingenios son un oligopolio”, ilustró.

Otro caso son algunos segmentos del sector energético, como el de la transmisión de electricidad, que es un monopolio estatal. Pasa lo mismo con la distribuidora, operada monopólicamente por dos empresas fusionadas en una sola, donde el Estado tiene el 16% de las acciones, y está el ente regulador, el INE, que regula cada uno de los costos.

“Al final, hay una veintena de proveedores de energía en el país, que le venden a la distribuidora, todos con contratos que están disponibles en la página del INE, donde se puede comprobar segundo a segundo cuánta energía inyecta cada una de estas plantas al sistema, y cuánto cuesta esa energía”, detalló.

“Estamos buscando competencia en el tema de generación. También queremos que la compañía distribuidora sea más competitiva, y que no se duerma en sus laureles”, dijo Zamora, celebrando el reciente proyecto de Ley de Eficiencia Energética, y el de Ley de la Industria Eléctrica, “para meterle competencia al sistema”.