"El Estado viola sus obligaciones internacionales"

La ausencia total de representantes del gobierno de Daniel Ortega en el periodo 157 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado la semana pasada en Washington, envió un mensaje a la comunidad internacional de que se trata de un “Estado que viola los derechos y no se somete al escrutinio de organismos internacionales”, dijo Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Flores participó en estas sesiones junto con representantes de otras 17 organizaciones de la Sociedad Civil para dar su punto de vista sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Pese a que el Estado administrado por Ortega fue notificado con anterioridad, ningún representante asistió para brindar su versión ante este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Muy pocos países no asisten a estas sesiones… Lo ha hecho Ecuador, por ejemplo, pero son países que tienen problemas de derechos humanos muy graves”, explicó Flores. “Incluso Venezuela tuvo una reunión por una medida cautelar y participó a pesar de tener diferencias con el Sistema Interamericano”.

Las audiencias en la CIDH constituyen una oportunidad de diálogo entre los Estados y la Sociedad Civil. Según la jurista del CENIDH, la situación en Nicaragua es preocupante porque el gobierno no se abre al diálogo.

“No responde a las denuncias que interponen las víctimas y estos periodos de audiencias constituían la oportunidad para exponer y escuchar al Estado, y al no llegar se cierra el espacio: tenemos espacios cerrados a nivel nacional y ahora a nivel internacional”, reiteró Flores durante su intervención en el programa Esta Noche.

Flores narró que los comisionados de la CIDH lamentaron que el Estado de Nicaragua haya dejado las sillas vacías. Los representantes de Ortega no solo se ausentaron de las audiencias públicas, sino de dos reuniones privadas de trabajo para tratar la situación de violencia que viven los pueblos indígenas en el Caribe y el incumplimiento de las medidas cautelares en favor del CENIDH.

Carlos Bonilla sin medidas cautelares

Los organismos de derechos humanos también denunciaron la agresión que sufrieron Carlos Bonilla y Gabriela García, los dos activistas opositores atacados brutalmente. La CIDH otorgó medidas cautelares en favor de ambos. El gobierno de Ortega tuvo 15 días para concertar la protección para ellos, pero no sucedió. El plazo se venció este miércoles 13 de abril y este viernes las víctimas junto al CENIDH acudirán a la Cancillería de la República, encargada de gestionar las medidas cautelares.

“El gobierno brilla por su ausencia y hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí, a mi esposa y mi familia”, dijo Bonilla a Confidencial.

El Estado debió además en ese plazo presentar avances de las investigaciones sobre el ataque a los activistas. Pese a que dos sujetos fueron capturados, la institución guarda silencio sobre el caso.

Para Flores, las violaciones a los derechos humanos se agravan en Nicaragua y tienen que ver con el debilitamiento institucional y la falta de independencia de los poderes. La abogada dice que el Ejecutivo los controla y el Poder Judicial dejó de ser una garantía de protección de los derechos humanos.

Flores señaló que todo eso fue expuesto ante la CIDH, así como el cierre de espacios a las ONG, los abusos de la Policía Nacional y el Ejército, principalmente en zonas rurales del norte, donde hay personas que se autodenominan alzados en armas contra el gobierno de Ortega, a contrapelo de las explicaciones de las autoridades que los catalogan como delincuentes comunes.

“En la CIDH hay una preocupación regional por la militarización y lo que pasó en Pantasma, con el caso de la mochila bomba, es muestra de ello; un caso que puede calificarse como terrorismo. Existe impunidad y silencio porque no hay investigaciones claras”, dijo Flores.

Coinciden con informe del Departamento de Estado

El panorama descrito por las organizaciones de la Sociedad Civil y organismos defensores de derechos humanos en la CIDH coinciden con el informe 2015 publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El informe, suscrito por el Secretario de Estado Jhon Kerry, critica la concentración de poder a manos del comandante Ortega y la dominación de un solo partido que impone en Nicaragua. Según el informe, las principales violaciones de los derechos humanos fueron las restricciones al derecho de los ciudadanos a votar; obstáculos a la libertad de expresión y de prensa, incluyendo la intimidación del gobierno y el acoso de los periodistas y medios de comunicación independientes, así como una mayor restricción del acceso a la información pública, incluidas las estadísticas nacionales de las oficinas públicas.

Las detenciones ilegales en el país son mencionadas por el Departamento de Estado: “La ley prohíbe el arresto y la detención arbitraria, pero el gobierno y sus agentes no siempre respetan o hacen cumplir la ley. ONG de derechos humanos señalaron varios casos de detenciones arbitrarias por la Policía Nacional y el Ejército, entre ellos el caso de un individuo vinculado a las investigaciones sobre el asesinato de cinco policías cerca de Punta Gorda, así como en los casos relacionados con las protestas en Chichigalpa, Bonanza y León”.