Juan Lanzas, el campesino de Matagalpa mutilado por la Policía

Una archivista del Complejo Judicial de Matagalpa —una ciudad ubicada a 125 kilómetros al norte de Managua— muestra con recelo un expediente solicitado por este medio de comunicación. En la misma sala, un abogado curioso increpa: “¿Para qué quieren ver ese caso? Si ya está cerrado...”.

El folio judicial número 004535-ORN1-2017-PN contiene la fotografía de un hombre con ambos pies amputados y el resto de su cuerpo llagado, con decenas de moretones. La persona en la imagen es Juan Rafael Lanzas.

Juan Lanzas fue detenido el 29 de diciembre de 2017 en la comunidad de Cerro Colorado, acusado de haber robado dos bombas de fumigar, un panel solar y un quintal de frijoles.

Cuando se le arrestó, este campesino se encontraba en plena salud. Hoy en día está aprendiendo a volver a caminar, después que el 23 de enero de 2018 le amputaran sus dos pies en un hospital de Matagalpa.

Su caso no es un simple expediente clínico, más bien una muestra de la brutalidad policial en Nicaragua y de la descomposición del sistema de justicia orteguista.

Omar Castellón, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), con sede en Matagalpa, aseguró a Expediente Público que Juan Lanzas sufrió violaciones a sus derechos humanos desde el momento de su aprehensión y posterior encarcelamiento, donde fue torturado y no recibió una atención médica oportuna para evitar la amputación de sus extremidades inferiores.

El 20 de febrero, su madre, Emma Maldonado, emitió una denuncia en contra de la Policía Nacional, la cual se encuentra engavetada en el Ministerio Público, donde negaron dar alguna información, “porque no está permitido”.

El expediente está clausurado judicialmente, como prueba de la impunidad imperante en Nicaragua. No obstante, para Juan Lanzas y su familia, no hay nada cerrado, lo que sí hay son consecuencias que nunca sanarán.

A este campesino de 38 años, padre de cuatro niños y niñas, la brutalidad del Estado le arrancó mucho más que sus pies. Su caso es una denuncia paradigmática en contra de la violencia estatal que enfrentan actualmente miles de nicaragüenses.

Primera estación: una acusación sin fundamentos

Juan Lanzas ha trabajado toda su vida como agricultor en la comunidad Cerro Colorado, de Matiguás. Sin estudios académicos, cultivar ha sido su única herramienta para mantener a su familia.

Actualmente usa unas prótesis que en menos de un año ha logrado dominar, como prueba de sus necesidades y de su fuerza de voluntad. Para atender la entrevista, se levanta, da pasos y hasta dirige algunos trabajos en su pequeño terreno.

Su calvario inició el 29 de diciembre de 2017. Ese día Juan dormía, hasta que a las cuatro de la mañana escuchó que tocaron su puerta. Varios policías irrumpieron su casa, para detenerlo a él y al sobrino de su esposa, Jayson Suárez, bajo la presunción de hurto agravado.

Los policías, quienes portaban AK-47, sin mediar palabra, lo embrocaron en el suelo. “Me acusaron que yo me había robado unas bombas de fumigar y un panel solar, pero yo no me daba cuenta de ese robo”, explicó a Expediente Público.

Según el registro judicial, el supuesto robo habría ocurrido el cinco de noviembre del 2017. Seis días después, la Policía inspeccionó el lugar de los hechos y dos semanas después capturaron a los dos campesinos. La acusación provenía de Jorge Herrera Busthing, un productor de la comunidad Cerro Colorado.

De acuerdo a Freddy Rizo Huerto, uno de los abogados defensores de los acusados, la detención ejecutada en horas no hábiles y sin una orden judicial, demostró que la Policía actuó de manera ilegal.

El artículo 231 del Código Procesal Penal, determina que la Policía puede hacer una detención sin orden judicial, cuando el acusado es sorprendido en el acto, cuando huye del sitio del hecho o se le sorprenda con armas. Ninguno de estos escenarios correspondía en este caso.

Como se lee dentro del expediente judicial, el juez de turno, César Jerónimo, argumentó que, “si se ofreció o se solicitó por parte de la Policía una convalidación es porque no existía una orden previa, quizás la urgencia del caso de hacer el allanamiento sin orden dependía de las circunstancias, la Policía está facultada a actuar en situaciones urgentes”. Pero la premura con la cual actuaron los agentes de seguridad nunca se explicó.

Una funcionaria pública del Complejo Judicial de Matagalpa, quien decidió ocultar su identidad, confirmó a Expediente Público que a veces los jueces siguen una política institucional de no descalificar el trabajo de otros entes gubernamentales, aunque se hayan irrespetado los procedimientos.

Para ella, la Policía Nacional usualmente procede sin obedecer las leyes, actuando de manera autónoma o inclusive desde una posición superior a las instancias judiciales.

Según Juan, su detención también involucró la corrupción de los agentes de seguridad, quienes supuestamente recibieron dinero para arrestarlo. “A ellos les pagaron, por eso el trato que me dieron. Yo les puedo decir que la Policía se vende por quinientos pesos (15 dólares). Ellos se basan en el dinero, no en sí usted cometió un delito, a ellos les pagaron para que a mí me agarraran y me torturaran como a un delincuente”, comentó.

De acuerdo a Juan, la denuncia provenía de un antiguo altercado que tuvo con los testigos que presentó la Policía. “Yo a uno de ellos le alquilé tres manzanas de tierra para sembrar maíz y frijoles, y como le cobré porque no quiso pagarme, se hicieron enemigos míos”, afirmó.

Segunda estación: el arresto

Cuando la Policía irrumpió la casa de Juan, entraron armados con AK-47. Expertos en seguridad valoran que cuando los policías usan estas armas de guerra, operan como un cuerpo militar.

“El primer policía me pegó un golpe en el ombligo con su AK-47, después vino el otro policía y me agarró de la nuca, me tiró al piso y me dijo: ‘Acostate ahí boca abajo’ y me agarró a patadas y a culatazos”, recordó el campesino.

Al detenerlo, la Policía decomisó objetos de su casa, para utilizarlos como supuesta evidencia del robo a Jorge Herrera. Y lo volvieron a golpear. “Me dieron otros culatazos y me quebraron una costilla, me golpearon en todo el cuerpo”, comentó. Esa mañana lo trasladaron a la estación de Policía de Matiguás.

Durante la detención, su esposa e hijos también fueron amenazados. “Después vinieron mis niños y les dijeron: ‘No golpee a mi papa así’. Los policías respondieron: ‘¿Qué? Al que esté hablando lo que vamos a hacer es dispararle, ¡para adentro!”, les gritaron. Y mis niños son chiquitos’, relató Juan.

Lo correcto habría sido que los policías actuaran de acuerdo al Código Procesal Penal, el cual en su artículo 232 menciona que es deber de los agentes informar de manera detallada a la persona acusada y a sus familiares, las causas de la detención.

Para Henry Rizo, quienes detuvieron a Juan y Jayson fueron policías voluntarios, que desconocen los procedimientos de una detención.

Según el artículo 25 de la Ley 872 de organizaciones, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, las tareas de la Policía Voluntaria son: auxiliar a la institución en la vigilancia, en el patrullaje, en la regulación de tránsito y en casos de desastres naturales. En ningún artículo se les atribuye la facultad de arrestar personas.

La ley amplía que los policías voluntarios deben prestar ayuda a las víctimas. Tampoco tienen autorización para usar uniformes de la Policía, ni andar armados.

Cabe resaltar que los policías voluntarios han cobrado relevancia dentro de la actual crisis que vive el país, al ser mencionados públicamente por el presidente Daniel Ortega, como los garantes del orden frente a las protestas ciudadanas. Mientras la sociedad civil les acusa de ser “paramilitares” que cuentan con la libertad estatal de atemorizar a los manifestantes.

Brutalidad policial Nicaragua

Tercera estación: la detención

El primero de enero de 2018, Juan y Jayson fueron trasladados de Matiguás a la cárcel preventiva de Matagalpa, donde se les instaló en una pequeña cárcel junto a unos 40 presos, a la espera de ser juzgados por el delito de robo agravado.

Omar Castellón, del Cenidh, enfatizó que una persona debe estar en una celda preventiva mientras dura el proceso judicial, pero cuando son condenadas a veces no hay cupo dentro del Sistema Penitenciario, por lo cual estas celdas se llenan de personas en espera.

Juan recuerda las condiciones que encontró en la celda. “Los presos viven peor que un cerdo, porque a un cerdo usted lo cambia de punto para que no esté en un charcal, ahí no, el que tiene su punto está bien, está durmiendo en lo seco, pero cuando yo entré a esa celda en Matagalpa, los presos dijeron: ‘Aquí no lo metan, aquí está lleno, métanlo al baño’”. Por su parte, Jayson corrió mejor suerte al encontrar una hamaca al interior de la celda.

Juan pasó los 18 días que estuvo en la prisión de Matagalpa adentro del baño. “Si yo me acostaba a medio descansar en lo helado del piso, ahí no más era donde iban a orinar todos los presos y ellos mismos lo orinan a uno, donde sea. Todo eso lo sufrí frente a los policías y a ellos no les importó”, comentó.

A los pocos días de estar recluido bajo esas condiciones, el cuerpo de Juan empezó a manifestarse. “Yo andaba con calentura en todo el cuerpo. Pasé dieciocho días mojado en el baño, día y noche. Ahí se me comenzaron a moradear y a dormírseme los pies, por la sangre coagulada producto de los golpes”, explicó. Lo que había iniciado, era una gangrena que rápidamente empezó a extenderse en su cuerpo.

Lo que sucede dentro de las celdas es difícil de ampliar, ya que desde hace tres años la Policía no brinda información ni permite la entrada a los medios de comunicación y organismos de derechos humanos a las prisiones. Pero relatos como el de Juan evidencian que lo dictado por el Código Penal en cuanto a los derechos humanos de los privados de libertad, no se cumple en la práctica.

Cuarta estación: la amputación

Juan Lanzas resistió a esas condiciones hasta el 11 de enero, cuando fue trasladado de urgencia al hospital de Matagalpa, luego de desmayarse durante su primera audiencia judicial, a la que llegó después que los policías le llevaran, a pesar de su estado de salud.

“Tenés que ir a la audiencia, tenés que aguantar y si no aguantás, morite”, le dijeron a Juan. Dos semanas después, los médicos decidieron que amputarle ambos pies era la única solución para salvarle la vida.

Un dictamen médico determinó que la gangrena aparecida en los pies de Juan se dio a una meningocogcemia, una infección bacteriana que se produce en condiciones de insalubridad. Debido a su gravedad, esta debe atenderse en menos de 15 días, casi contrario, la pérdida de un miembro es inminente.

La situación pudo haberse evitado. “Pero la Policía lo llevó cuando él estaba muy mal, cuando se les antojó lo trasladaron al Hospital”, expresó Henry Rizo, uno de los abogados defensores de Juan.

En el expediente judicial se reflejan las notificaciones de urgencia que el abogado Rizo les envió a los jueces, al personal de Medicina Legal y a la Policía, solicitando el cambio de las medidas cautelares de su representante, con el fin de salvarle la vida.

El primer informe del Instituto de Medicina Legal se emitió el 12 de enero, expresando que, “desde hace cinco días el paciente comenzó a presentar fiebre, dolor en los huesos, dolor de cabeza, mareos, dolor ocular, adormecimiento de miembros inferiores; desde hace tres días aparecen unas manchas color púrpura en el tronco que se han generalizado. Hace dos días defecó sangre”.

La denuncia que interpuso la familia de Juan ante el Ministerio Público expresa lo siguiente: “Los resultados de los hechos calzan en el tipo penal, establecido en el artículo 153 y por omisión de auxilio, ya que no se le presentó la ayuda necesaria en el momento requerido”.

El 30 de enero la Policía Nacional, a través de la dirección de Auxilio Judicial, emitió un comunicado firmado por el capitán Elvin Blandón, en el cual afirmó que el privado de libertad había sido hospitalizado el cinco de enero, contradiciendo al Hospital César Amador Molina, donde se registró su ingreso el 11 de enero.

El documento policial, adjunto al expediente judicial, admitió que la enfermedad de Juan fue producto de una bacteria contagiosa, sin embargo, en un informe publicado posteriormente, afirmaron que la causa de la amputación fue por una afección de índole genética, conocida como la “púrpura trombocitopenia”.

Tanto la fecha de ingreso al hospital, como la causa de la amputación, demostró la contradicción de la Policía frente a lo expresado por Medicina Forense y el centro de salud César Amador Molina.

Quinta estación: una herida abierta

Tras una audiencia sin la presentación de testigos y bajo la presión de la sociedad civil y de algunas iglesias, el cinco de febrero, Juan y Jayson fueron sobreseídos a través de un proceso de mediación. El nueve de febrero fueron liberados.

El acusador, Jorge Herrera Busthing incluso se presentó al hospital, para disculparse con Juan Lanzas, como otra prueba de su inocencia. También admitió que las herramientas que la Policía les decomisó a los acusados no eran las suyas.

Después de su liberación, a través del Cenidh, se realizó una denuncia pública contra el policía Leónidas López, quien fue reconocido por Juan como el agente más violento durante su detención. También el caso fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de iniciar un proceso en contra el Estado de Nicaragua.

“La Policía dijo que iban a juzgar al soldado que me golpeó. Yo los reconocí por fotos y videos. La gente de derechos humanos y de Asuntos Internos (de la Policía) me acompañó en ese proceso”, relató Juan. El proceso se detuvo al coincidir en abril con las huelgas en contra del Gobierno, hasta la fecha no se han retomado.

“Yo no voy a desistir en mi lucha por demostrar mi inocencia y para que me indemnicen, pues nunca voy a volver a ser el mismo de antes sin mis dos pies”, dice Juan con determinación, quien recibió la donación de dos prótesis, las que utiliza debajo de unas botas enlodadas, producto de su trabajo en el campo.

Juan ha aprendido a volver a caminar. Para él y su familia el caso no está cerrado, aunque reconocen que durante el actual régimen, acceder a la justicia es una quimera. Lo que enfrenta Juan no es sencillo, es la confabulación de la Policía con el Poder Judicial para defender todo aquello que atente contra el Gobierno orteguista.

*Este texto es un fragmento del reportaje “La gangrena que carcome al Poder Judicial y Policial en Nicaragua”, de la revista de investigación Expediente Público. Sintonice este 30 de junio, en Esta Semana, el reportaje audiovisual con el testimonio de Juan Lanzas.