29 de abril 2023
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La vida de Abdul Montoya Vivas se tornó en un desesperante laberinto en los últimos 24 días, cortesía de las autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mientras es procesado por “tenencia ilegal de armas” en el departamento de Jinotega, la Policía lo mantiene cautivo en una celda del Distrito III de Managua a 141.9 kilómetros de distancia, generando una enorme incertidumbre sobre su situación jurídica.
El Ministerio Público lo imputó el seis de abril de 2023, cuando tenía tres días de secuestrado. La acusación ingresó formalmente el día 11 de ese mismo mes y quedó inscrita bajo el número de asunto 00643-ORN2-2023-PN, sin detallar en la carátula quién es el fiscal a cargo, pero sí la judicial.
Se trata de Diana Isabel Jarquín, jueza local de Jinotega, hija de Francisco Jarquín, conocido como “Chico Plomo” en sus andanzas contra Somoza, en la que compartió experiencia con Montoya.
Según testigos de su detención, Montoya llevaba una vida clandestina que fue interrumpida por las autoridades el Lunes Santo de 2023, cuando lo bajaron de un bus en Jinotega, lo requisaron y le encontraron dinero y una lista de medicinas que pensaba comprar.
Fuentes vinculadas a la Policía revelaron que a Montoya le pidieron la llave del cuarto donde se quedaba y durante la inspección encontraron una pistola 9 milímetros, una mochila color verde olivo y varios gorros para protegerse del frío, que en el reporte del investigador, se convirtieron en “pasamontañas”.
Abdul Montoya Vivas, de 62 años, es un excombatiente antisomocista que cuestionó al FSLN durante las protestas masivas de 2018. Estuvo encarcelado entre el 11 agosto de ese año y el 11 de junio de 2019.
Sufrió asedio y vivió con su libertad amenazada hasta el día de su captura, que ocurrió cuando el régimen detuvo arbitrariamente a 30 personas durante Semana Santa, según el monitoreo Azul y Blanco.
Es la octava persona enjuiciada por las autoridades de la dictadura, de las 21 que capturaron en esa ola de represión. El Estado acusó al arquitecto desterrado Arnoldo Horacio Guillén Monterrubio el 24 de abril de 2023 por repartir supuestamente calcomanías azul y blanco en Chinandega en el contexto del quinto aniversario de la Rebelión de Abril.
Otros seis reos de conciencia fueron procesados también, sin especificar los delitos en el Juzgado Cuarto Local Penal de Managua. Un sistema bajo control del régimen, en cuyas estructuras los jueces han subordinado sus decisiones a la voluntad del partido de Gobierno, integrando una maquinaria judicial para llevar a cabo condenas en contra de presos políticos.
Crean perfil falso en Facebook para fabricar pruebas
Fuentes jurídicas consultadas por CONFIDENCIAL alertaron sobre la creación de un perfil falso de Abdul Montoya en la red social Facebook, el cual se realizó cinco días después de su detención, y que podría ser usado para fabricar “pruebas” que dieran pie a que enfrentara “otros delitos”.
Desde ese perfil falso, CONFIDENCIAL comprobó que se hicieron cinco publicaciones que pueden comprometerlo, dado el contexto actual de persecución a opositores. Se realizaron el 8 de abril entre las 4:35 y 7:09 p. m., el mismo día en que curiosamente fue trasladado por la Policía a Managua.
“Hermanos nicaragüenses necesitamos levantarnos con armas para acabar con esta Policía sancionada y corrupta de los dictadores ya basta de tantos atropellos para la población, hay que responderlas con las armas que nos agarraron en el 2018 malditos asesinos, ojo por ojo”, puede leerse en un mensaje.
La versión es cuestionable no solo porque ya estaba detenido al momento de la publicación, sino porque lo expondría a un riesgo jurídico mayor.
La Asamblea Nacional aprobó en 2020 una ley que castiga las “noticias falsas”, con la que el régimen encarceló a decenas de opositores en 2021. También fueron imputados por el delito de “conspiración para el menoscabo de la integridad nacional”, el nombre legal para estigmatizarlos como “traidores de la patria”.
Policía no lo lleva a audiencias judiciales
Montoya no ha podido comparecer ante la juez local de Jinotega. Este jueves 27 de abril de 2023 estaba prevista la audiencia del caso, pero igual que la cita del 20 de abril, no se pudo realizar porque la Policía no garantiza la presencia del acusado a través de “una videoconferencia”, como ordenó la jueza Jarquín en un oficio girado al comisionado general Marvin Castro, jefe policial en Jinotega.
Yader Morazán, especialista en administración de justicia y quien ha dado seguimiento a la situación penitenciaria de Montoya y de otros presos políticos del orteguismo, denunció en sus redes sociales que el excombatiente está en un “limbo jurídico”.
“La jueza lleva días reprogramando audiencias y pidiendo al Distrito 3 de la Policía de Managua que trasladen hasta Jinotega al reo político recapturado Abdul Montoya, quién está en un limbo jurídico”, lamentó Morazán.
El nueve de febrero pasado, en una decisión unilateral, Ortega decidió sacar a 222 presos políticos y desterrarlos a Estados Unidos. Aún quedan 36 presos políticos, entre estos el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, a los que habría que sumar a los que la dictadura acuse tras la redada de Semana Santa.
De acuerdo con quienes lo conocieron, Montoya Vivas participó desde jovencito en el movimiento estudiantil y en la insurrección contra la dictadura de Somoza. Compartió escenarios de lucha con otros sandinistas históricos como Cresencio Rosales, José González, y Sadie Rivas Reed, madre de la expresa política Tamara Dávila.
En abril de 2018, se indignó por la violencia contra los jubilados cuando protestaron por una reforma inconsulta a la Seguridad Social que afectaba sus pensiones. Salió a las calles como miles de ciudadanos. Demandó la renuncia de las máximas autoridades. Terminó preso acusado de asesinar a Lenín Díaz Mendiola, un antiguo cliente suyo en su tienda en Matagalpa.
Se identificaba como “Julio Valenzuela”
Salió excarcelado el 11 de junio de 2019, beneficiado con una ley de amnistía con la que Ortega protegió a sus represores. Según fuentes informadas sobre la nueva acusación contra Montoya, tras su excarcelación, el acusado trabajó en Jinotega con el nombre de “Julio Valenzuela”, una identidad con la que intentó llevar una vida discreta.
Esa rutina la interrumpió, sin embargo, cuando salía a hacer mandados a la ciudad. Esa es la razón porque en la acusación aparece imputado con dos nombres. La “seguridad pública del Estado de Nicaragua” se declara “víctima” tanto de “Abdul Montoya Vivas y/o Julio Valenzuela”.
Al expreso político Ricardo Baltodano, miembro del Grupo de Reflexión de los Excarcelados Políticos, la actuación del régimen le parece una “arbitrariedad con olor a venganza política”, dado el perfil político de Montoya.
Baltodano denunció que la intención de la dictadura al trasladarlo a Managua, mientras lo enjuician en Jinotega, es alejarlo de su familia y dificultar las visitas regulares a las que tiene derecho.
Ambos se conocen muy bien. Baltodano y Montoya estuvieron encarcelados en 2018 y 2019 en la Galería 300 de la cárcel Modelo, donde pudo constatar las afectaciones de salud del recapturado: Padece diabetes, presión arterial, pero además es “claustrofóbico”.
“Es un régimen (el de Ortega) que está por encima de la ley y pisoteando la ley. Es su política cotidiana. Abdul Montoya es un hombre de la tercera edad que debe estar libre. No ha cometido ningún delito y estaba laborando alejado del mundanal ruido y la actividad política cotidiana”, confirmó Baltodano.
