26 de junio 2019
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La toma del Empalme de Lóvago, por más de 1500 campesinos del movimiento anticanal, fue parte del levantamiento cívico que estalló en Nicaragua en abril de 2018, en contra del Gobierno de Daniel Ortega. En julio de ese año, el Gobierno envió a sus fuerzas paramilitares y policiales para desmontar el tranque con armas de guerra, recordando el fantasma de la guerra de los años 80 a la población de los departamentos de Chontales, Río San Juan y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS): detenciones ilegales, persecución política, terrorismo de Estado, asesinatos, desplazamientos y exilios.
Desde entonces, la región está militarizada y el miedo se adueñó de su gente. Esta zona es una de las más alejadas del centro del poder político del Gobierno. Lóvago es un empalme o cruce de carreteras que conecta a los tres departamentos mencionados con la capital, y está ubicado a unos 170 kilómetros al este de Managua, en el centro sur del país.
Una emboscada de guerra
En aquel momento, reportes de prensa informaron que líderes campesinos acordaron con las autoridades el desmontaje del tranque de Lóvago, a cambio de la liberación de Medardo Mairena, el líder del movimiento campesino anticanal, una organización asentada en esta región que sería afectada por la construcción de un canal interoceánico pero del que, tras años de anunciarlo como proyecto estrella, el Gobierno no ha pasado de los estudios de factibilidad.
Mairena preso desde mayo 2018 y recientemente excarcelado el 11 de junio del 2019, fue condenado a 216 años de cárcel por el presunto ataque contra la delegación policial de Morrito, municipio ubicado en el sur del país, en el departamento de Río San Juan. En dicha operación murieron cuatro policías y un profesor, aun cuando el acusado no estaba en el lugar, según testigos del movimiento campesino.
La versión de que hubo una negociación entre los campesinos y el Gobierno por la liberación de Mairena, fue desmentida por uno de los sobrevivientes del ataque, Javier Carmona.
Carmona y otros entrevistados, que pidieron reserva de su nombre, aseguraron a Expediente Público que las personas que mantenían la barricada conocieron de los movimientos del régimen en las cercanías y supieron que serían blanco de un ataque.
Decidieron entonces desmontar el tranque para evitar una confrontación. Para salir de la zona optaron por detener algunos camiones y “rastras”, como se conocen los vehículos con largas plataformas de madera o metal para transportar todo tipo de carga. Pero el último grupo que salía del lugar, unos 250 campesinos, fue sorprendido con un nutrido fuego de fusilería.
“Negreaba de antimotines atravesados en la calles y empezaron a rafaguearnos con los AK 47, y ahí fue donde cayeron 37 balas en el vidrio delantero del camión y empezaron a rafaguear los camiones y a la gente”, dijo Carmona.
Según los testimonios recogidos, el único fallecido en el ataque fue el conductor de la rastra, aunque dicha muerte no ha podido ser confirmada por fuentes independientes.
Cardona negó que hayan muerto más de 20 campesinos, como inicialmente informaron los medios de comunicación.
“Incluso yo di declaraciones a un medio internacional asegurando que era cierto, que había muerto una gran cantidad de campesinos en ese atentado. Eso era lo que se comentaba”, contó.
La idea de que hubo una masacre se debió a que pasaron varios días sin que se supiera nada de una veintena de personas, quienes, como después se conoció, se habían refugiado en las montañas.
“Diez días después del atentado, los sobrevivientes de cada comunidad fueron encontrando a la gente que huyó a las montañas y de esa manera se fue confirmando que habían sobrevivido”, dijo a Expediente Público el padre Carlos Abea, párroco de Nueva Guinea, en la Región Autónoma del Caribe Sur.
Lo sucedido en Lóvago, aun cuando no hubo una masacre, resonó fuerte en la conciencia nicaragüense al conocer que campesinos armados con machetes, piedras y algunas armas de cacería fueron atacados brutalmente por el régimen Ortega-Murillo, como parte de su esfuerzo por aplastar el levantamiento popular de abril de 2018.
El alzamiento, iniciado por estudiantes universitarios, surgió tras la medida gubernamental de aumentar el monto de las pensiones y el cobro de la atención médica a los jubilados. La respuesta del Estado fue una feroz represión que dejó, en esas primeras semanas, 76 jóvenes asesinados en las principales ciudades del país.
Ante semejante brutalidad, diversos segmentos de la sociedad se unieron a la lucha de los jóvenes, ahora convertida en demanda por justicia y un cambio de Gobierno, y la llama de la rebelión creció aún más. El movimiento campesino se unió a la causa y al regresar de una marcha masiva en Managua montaron la barricada del Empalme de Lóvago, en mayo del año pasado.
No obstante, la insurrección civil no logró tumbar al régimen.
La permanencia de Ortega en el poder ha sido posible mediante cambios en la Constitución que prohibían su reelección, y en más de una década ha gobernado con mano dura, hasta lograr aplastar al movimiento cívico. La agresión estatal dejó a Nicaragua impregnada de dolor y sufrimiento: casi 400 personas asesinadas, centenares de desaparecidos, más de 60 000 exiliados y 700 presos políticos, según reportes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Las temidas Toyota Hilux
La operación contra los del tranque incluyó el ingreso clandestino y sigiloso de pick ups Toyota Hilux, de doble tracción, cargados de policías y paramilitares enviados de otras regiones. Esos vehículos han estado al frente de las arremetidas del régimen contra la población, y se han convertido en una suerte de marca de la represión.
Las fuerzas gubernamentales entraron por caminos rurales y salieron delante de la barricada, en un recorrido que inició en la ciudad de Juigalpa (cabecera departamental de Chontales), pasó por el poblado de La Libertad y salió a la zona urbana de San Pedro de Lóvago y Santo Tomás, ubicados, hacia el sur, adelante del empalme. Los armados se presentaron de manera intimidatoria a este último poblado y dejaron militarizada la ciudad, a fin de que nadie saliera ni fuera testigo del ataque, según comentaron pobladores de ese municipio a Expediente Público.
“Fue como la imposición de un estado de sitio. La represión que quedó después nos ha hecho recordar los años de la guerra de los 80. Aquí fue horrible la guerra. Yo no quise participar en nada de ese conflicto porque conozco de lo que son capaces los sandinistas”, comentó a Expediente Público un hombre de 50 años, originario de Santo Tomás.
Durante los años 80, con el ascenso al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), luego de la derrota en 1979 de la dictadura de Anastasio Somoza, surgió una guerrilla antisandinista, llamada la Contra, financiada por el Gobierno estadounidense de Ronald Reagan (1980-1988), que veía en el FSLN la llegada del comunismo a Centroamérica. Ese movimiento armado fue apoyado en su mayoría por campesinos descontentos con el régimen sandinista, que alteraba la dinámica productiva y de tenencia de la tierra en sus zonas.
El residente de Santo Tomás narró que no estuvo de acuerdo en que sus hermanas, hoy exiliadas en Costa Rica, participaran en apoyar a los campesinos del tranque de Lóvago porque sabía lo que vendría después: la represión del régimen.
“Aquí no había armas y el Gobierno lo sabía, pues mantener un grupo de gente armada requiere de municiones y ahora no hay quien financie la compra de armas de guerra y su mantenimiento”, subrayó, al descartar la versión oficial de que los campesinos estaban fuertemente armados.
El padre Abea recordó que el día que los campesinos abandonaron el tranque, los paramilitares y los policías que les tendieron la emboscada estaban tendidos a pocos kilómetros de Santo Tomás, esperándolos.
Fue un momento difícil, doloroso, dijo, porque fueron sorprendidos, y “nadie se esperaba esa situación que aconteció en ese momento”, agregó con dolor Abea, ahora en el exilio por haber apoyado la lucha de los campesinos por la democratización del país. El sacerdote fue formalmente notificado por la Policía de que no podían garantizarle la vida.
La lucha inclaudicable de los campesinos anticanal
La agresión orteguista contra los defensores del Empalme de Lóvago conmocionó al país, por la represión desatada posteriormente contra el movimiento campesino anticanal, cuyos miembros fueron en su mayoría los que montaron la barricada.
Ese movimiento se ha convertido desde el 2013 en el mayor grupo de oposición al Gobierno, cuando este aprobó, de manera expedita y sin consenso social, la Ley 840: Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas.
Esa normativa otorga a la empresa China HKND Group la concesión de la construcción y el manejo de una vía húmeda para unir el Pacífico con el Mar Caribe, con una longitud de 278 kilómetros, 520 metros de ancho y 30 de profundidad.
Las zonas incluidas en el proyecto serían de las más afectadas con esta construcción, por lo que la resistencia anticanal, desde el 2013 hasta antes de abril 2018, ha realizado 98 manifestaciones a nivel nacional para oponerse a la concesión canalera.
La iniciativa daría a la empresa china 150 años de gracia para operar un canal cuya construcción iniciaría a finales de 2015. No obstante, a la fecha apenas ha habido una incursión de técnicos del país asiático que supuestamente realizaron los estudios de factibilidad.
“El movimiento campesino es uno de los grandes movimientos sociales de Nicaragua que tiene mayor credibilidad porque el nicaragüense reconoce en los campesinos su lucha”, reconoció Abea.
Es una lucha transparente, agregó, impregnada de conciencia social, y esto representa sin duda un peligro para el sistema, razón por la cual los pobladores de esta región han vivido con rudeza la persecución a lo largo de todo este tiempo, la cárcel y los crímenes en contra de los dirigentes.
“Muchos viven constantemente vigilados en la zona. Son hombres y mujeres que han representado y siguen representando esa cuota moral, ética, es esa gente que desde el corazón manifiesta lo que siente y proclama una verdadera libertad, una verdadera democracia”, expresó el religioso.
Las demandas de la organización anticanal eran la derogación de la Ley 840, la entrega de personas desaparecidas, castigo para los asesinos de estudiantes de la insurrección cívica de abril y el respeto a la libertad de expresión y otros derechos civiles.
Si bien ese movimiento cobró fuerza y admiración en todo el país, no había logrado en sus cinco años de lucha motivar la movilización masiva en contra del régimen. Y cuando estalló la rebelión de abril no dudaron en sumarse a la lucha que libraron los estudiantes y las poblaciones urbanas de Managua y de las ciudades del Pacífico y centro del país. Los campesinos ya habían sido víctimas de la represión del Gobierno sandinista durante las decenas de marchas que llevaron a cabo a nivel nacional para oponerse al proyecto del canal.
Un tranque campesino con pobladores urbanos
La barricada de Lóvago buscaba detener el tráfico vehicular como una manera de presionar al Gobierno a ceder en las demandas. Este método de presión fue seguido posteriormente en otras zonas del país.
Expediente Público entrevistó a una familiar del preso político Nardo Sequeira, exdiputado y miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), originario de Acoyapa, poblado cercano al empalme. Ella narró la algarabía vivida en la población cuando se decidió montar la barricada.
Ella y muchas otras personas más, dijo, fueron a una marcha pacífica para recibir a los campesinos que venían de Managua de participar en una de las protestas más grandes realizadas en la capital, la llamada Juntos Somos un Volcán, el 13 de mayo de 2018.
“Al principio éramos pocos, pero después nos fuimos sumando más y más hasta encontrarnos con ellos. Desde ese momento, como una fiesta cívica, quedó instalado el tranque de Lóvago”, narró.
Pobladores de la zona comentaron que sabían que era un riesgo apoyar la lucha estudiantil, que iban a vivir momentos de persecución. Y así fue, muchos están en el exilio, otros encarcelados y otros fueron asesinados por el régimen Ortega-Murillo.
Militarización sin decreto de excepción
La zona está militarizada. El miedo a hablar es tan palpable como en el resto del país. El terrorismo de Estado se ha apoderado también de esta región históricamente antisandinista desde los años de la Revolución nicaragüense (1979-1990).
Tal como lo ha consignado la historia, aquellos tres departamentos (Chontales, Río San Juan y la Región Autónoma del Caribe Sur) fueron los últimos en recibir financiamiento de Estados Unidos para la Contra. En otras regiones más cercanas a Honduras, país desde el cual la administración Reagan despachaba la ayuda a los grupos antisandinistas, se desarrolló una logística más fluida desde el principio.
Pero en esos tres departamentos los pobladores tuvieron que ingeniárselas para una modalidad de guerra más interna, con poca ayuda: eran agricultores de día y de noche combatían al Ejército llamado Sandinista en aquel momento. De ahí el mito de ser gente que siempre han luchado en contra de la opresión estatal.
A pesar de esta valentía con la que han demostrado su descontento, primero con la ley 840 y luego con su participación posterior en la lucha cívica, se percibe en la zona un miedo mudo pero igualmente presente y notorio en cada esquina, como a la espera de la próxima batalla.
Para entender el porqué del persistente temor en la zona, después del levantamiento popular, que duró de abril a julio de 2018, y la posterior represión estatal, Expediente Público consultó al sociólogo y analista político José Luis Rocha, para quien todo tiene que ver con la prevalencia del terrorismo ejercido desde los oscuros pasillos del poder.
Lo que se está viviendo ahora en Nicaragua, sostuvo, es el resultado del terrorismo de Estado que ha practicado el régimen de Ortega, quien, irónicamente, fue uno de los líderes de aquella Revolución.
“Lo que tenemos es el impacto del régimen que coronó con éxito su estrategia, desde el punto de vista militar, aunque después va fracasando en otros aspectos como el aislamiento internacional, las medidas de castigo económico impuesto por Estados Unidos, entre otras; pero ese terrorismo estatal fue un éxito aplastante y efectivamente infundió terror en las masas”, explicó Rocha.
Las poblaciones de los municipios de Acoyapa, Santo Tomás y San Pedro de Lóvago, pertenecientes a Chontales, fueron claves en la logística para el mantenimiento de los más de mil defensores del Empalme de Lóvago, que conecta a Managua con los tres departamentos citados.
Esos tres distritos son los menos densamente poblados de Nicaragua, con apenas 13 habitantes por kilómetro cuadrado en promedio, y con una cobertura de 41,214 km2, lo que representa el 32% del territorio nacional, que alcanza los 130 375 kilómetros cuadrados. Aunque es una de las zonas más rica y productiva del país, está lejos del poder político del Gobierno central, no así de la presencia militar.
“Estamos como presos”, señaló a Expediente Publico un finquero de Santo Tomás, al referirse a los constantes retenes policiales que se deben sortear para circular por la región.
Agregó que en Juigalpa, cabecera departamental de Chontales, a 140 km al este de Managua, está el primer retén y hay otro hacia el sur, a la entrada al departamento de Río San Juan. Los policías preguntan a las personas hacia dónde se dirigen, cuánto tiempo pasarán en el lugar de destino, cuándo regresarán e incluso llegan al extremo de revisar los teléfonos celulares, y a veces se los roban.
A fin de constatar lo afirmado, Expediente Público viajó a la zona de El Tule, 270 kilómetros al sureste de Managua, poblado reconocido como antisandinista, anticanal y participante activo en el tranque de Lóvago.
El Tule cobró renombre a nivel nacional desde que el Gobierno anunció que sería una de las comunidades por donde pasaría el canal. La respuesta campesina no se hizo esperar y se convirtió en un bastión de la lucha contra ese proyecto.
Al llegar al retén policial anunciado por el ciudadano de Santo Tomás, el miedo se hizo sentir. El equipo periodístico logró vencer el temor y el cerco policial, y al llegar a El Tule se sintió la sensación de estar en un espacio liberado de control del régimen Ortega, pues hasta las paradas de buses están pintadas de azul y blanco, el color de la bandera nacional que sirvió de símbolo del levantamiento de abril del 2018 y que tanto aborrece el Gobierno sandinista.
Las estrategias del terror
La desmovilización del Movimiento Campesino anti-Canal incluyó tres ejes de parte del Gobierno: prisión para los líderes, forzarlos al exilio en Costa Rica y represión en las comunidades.
También recurrió a los juicios “ejemplarizantes” que rayan con la ilegalidad, una vieja táctica usada por los regímenes totalitarios para amedrentar a los movimientos opositores.
Hace diez meses que los campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Orlando Pineda, del citado movimiento, fueron condenados a 216, 210 y 159 años de prisión, respectivamente. Estos juicios políticos fueron calificados por juristas que acompañaron el proceso como “exagerados” y “arbitrarios”, debido a que la pena máxima, según el código penal de Nicaragua, es de 30 años, igual a lo que determinó la Fiscalía para los tres casos.
En la redada desatada después del desmontaje del tranque fue detenido y luego apresado el exdiputado Nardo Sequeira, quien apoyó la lucha cívica.
Su hermana, Socorro Sequeira, contó a Expediente Público que él salió de Managua y se vino a Acoyapa porque le consultó a la alcaldesa de ese poblado si había alguna causa penal en su contra y ella le dijo que no, lo cual era falso. Era una trampa; el exdiputado se confió de la investidura y palabra de la funcionaria local, y fue capturado. Pero, con o sin causa penal, lo hubieran detenido de todos modos, pues los agentes orteguistas suelen allanar y detener a opositores sin poseer orden judicial.
“Él se vino en la mañana del 26 de julio y como a las tres de la tarde me llaman para decirme que se habían llevado a Nardo de su casa. Se lo llevó la policía en la parte trasera de un pick up, esposado y boca abajo”, recordó con tristeza.
Sequeira ha sido uno de los más de 700 presos políticos a nivel nacional y fue liberado el pasado 11 de junio, bajo la Ley de Amnistía, aprobada por la maquinaria del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional.
“Le puedo garantizar que yo hice más de lo que mi tío hizo, mi tío fue como tres veces a dejar agua (al empalme), yo más. Lo acusan de llevar armas y sólo tiene un rifle que siempre ha estado en su casa y que es para cuidar la finca. En el campo es normal tener de este tipo armas y la tenía legal”, recordó una sobrina del exparlamentario.
Comentó que su tío es acusado de media docena de delitos, como crimen organizado, tenencia ilegal de armas, proporcionar bombas, obstrucción de la vía pública, “una locura, una serie de cosas que no son reales”.
“A mi pobre tío lo tienen como si fuera el Chapo Guzmán (narcotraficante mexicano). Lo tienen por ser un exdiputado, les conviene más tenerlo por lo que representa, es una figura pública”, subrayó. Él fue parlamentario en los años 90 de la Unión Nacional Opositora (UNO).
Según amigos de Sequeira, él nunca se imaginó que caería preso por ir a las marchas en las que casi todo el pueblo participó.
Sequeira es de los pocos personajes de rango distinto al resto de los presos políticos. La mayoría son estudiantes o gente del campo, de quienes en su mayoría ni siquiera se saben sus nombres.
“Lo que nos une con los familiares de los otros presos políticos es que hay hermandad, nos unimos con el dolor que tenemos cada quien, aunque no todos los casos son iguales”, dijo la hermana de Sequeira.
Narró que el exdiputado iba acompañado de Benjamín Siles, y ambos fueron acusados por las mismas causas: crimen organizado, portación ilegal de armas y terrorismo, además de considerarlos como los mayores organizadores de tranques. Sin embargo, Siles fue puesto en libertad a los pocos días de estar preso.
“Se dan casos de gente de otras zonas que tiene a un familiar preso y no cuenta con ayuda. Hay una señora que tiene a su hijo detenido en el Chipote (cárcel de máxima seguridad), yo la recomendé con organizaciones de derechos humanos, y allá la están ayudando a ella. Sé de muchas personas que tienen muchas dificultades”, concluyó Sequeira.
Presos los máximos dirigentes, la otra estrategia fue la persecución de los que huyeron en las zonas montañosas de sus comunidades, en un esfuerzo por salvar sus vidas.
El Gobierno también retiró a oficiales de la Policía destacados en sus localidades de origen, pues algunos no denunciaron a sus coterráneos que participaron de las protestas de sus municipios.
Esto permitió que varias personas se salvaran de la represión y otras tuvieron que irse al exilio, luego de que policías locales les pusieran en alerta sobre denuncias de otros ciudadanos afines al régimen.
“Mi hermano que estuvo en el tranque nos contó que había policías aquí en Acoyapa que conocían la historia de él, que lo habían visto en el tranque, y se hacían los disimulados y no lo denunciaron”, afirmó Reyna Rodríguez, una campesina de la zona.
Durante el trabajo de investigación en Santo Tomás, Expediente Público escuchó el testimonio de la hermana de Fátima Vivas, la madre del policía Faber López, quien según sus familiares fue asesinado por la policía luego de ser torturado. Llorando, la tía de López narró cómo le costó a su hermana que en Medicina Legal de Managua le entregaran el cuerpo.
López fue asesinado en Carazo, en el Pacífico del país, a más de 225 km de distancia de su poblado natal, Santo Tomás.
El caso de López es emblemático, pues su madre fue la única de los familiares de los 22 policías muertos, reclamados por el Gobierno como asesinados por los opositores, que ha demandado la devolución del cuerpo y la realización de una autopsia. Sólo recibió el cadáver luego de permanecer en Medicina Legal por más de un día.
“Mi sobrino fue vilmente torturado. Logramos traerlo a la casa y vimos su cuerpo totalmente lacerado por las torturas recibidas al negarse a reprimir las manifestaciones. Eso ha destrozado a mi familia, mi hermana se encuentra en el exilio y mi madre (la abuela de López), que fue quien lo crio, está muy enferma desde su asesinato”, afirmó a Expediente Público la señora Vivas, tía del agente policial.
La señora Vivas entregó a este medio el video que la familia grabó cuando todos revisaban el cadáver del policía asesinado y constataban las mutilaciones recibidas y los golpes en todo el cuerpo por las torturas. La policía dijo que murió de un balazo.
La muerte o el exilio
Predomina en la zona un ambiente en el que la población tiene que elegir entre el exilio o la muerte.
Desde hace un año, organismos internacionales de derechos humanos dan cuenta de que más de 62,000 nicaragüenses se encuentran en el exilio, en su gran mayoría en Costa Rica. Muchos de los campesinos del movimiento anticanal están en ese país, debido a la cercanía de su zona. Fue el destino más cercano durante la desbandada que provocó la represión.
Pero la vida en Costa Rica, si bien alejada del terror y la persecución del régimen de Ortega, no es nada fácil.
El éxodo de nicaragüenses a esa nación vecina “ha revelado atisbos de xenofobia y un trasfondo de prejuicios” contra ellos, señaló en un reportaje el influyente periódico The New York Times, en septiembre de 2018.
A finales de agosto, continuó el diario, en San José de Costa Rica, algunos manifestantes con cócteles molotov y bates de béisbol llegaron a un parque que se ha vuelto un sitio de reunión para los emigrados desde Nicaragua, y les gritaron consignas críticas. Hubo choques que terminaron en decenas de arrestos.
Sin embargo, aun soportando esa xenofobia, como la soportaron también en la década de los 80, prefieren mantenerse ahí y no arriesgarse a ir a parar a un calabozo en Nicaragua, o incluso a perder la vida.
En Los Chiles, en la provincia costarricense de Alajuela, fronteriza con el departamento Río San Juan, viven dos personas que cocinaban para la gente de las barricadas y que, en Nicaragua, son buscadas por la policía. Otra de las señoras que apoyaba en la cocina que no pudo salir de Acoyapa permanece vigilada de manera permanente en las afueras de su casa por un paramilitar.
Expediente Público intentó hablar con ella pero, por razones de seguridad, no aceptó salir de su casa. Este sistema de vigilancia y acoso a personas desafectas al régimen es utilizado también como una práctica de terrorismo de Estado.
*Este artículo es un fragmento del reportaje El atentado terrorista de Lóvago, publicado por Expediente Público, una revista de periodismo de investigación en Honduras y Nicaragua. Puede leer la versión completa del artículo en este enlace.
