9 de septiembre 2022
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El dos de septiembre pasado, en el aniversario 43 de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, el general de Ejército Julio César Avilés agradeció públicamente a Daniel Ortega que soldados y marineros fueran incorporados por primera vez al sistema de pensiones, sin que se conozcan los detalles de la iniciativa que se maneja en el más absoluto secretismo.
En su discurso, Avilés declaró que se encuentran en un proceso de “cohesión institucional”, realizado desde “el amor a la patria”, mientras los soldados se encontraban desplegados en la Plaza de la Revolución en Managua. Según datos oficiales de 2021, el Ejército de Nicaragua tiene 15 042 efectivos: 601 suboficiales, 1820 oficiales, 10 451 soldados, 558 funcionarios y 1612 clases.
“Destacamos como uno de los logros más importantes en la vida institucional, la incorporación de nuestros valientes y leales soldados y marineros a tener derecho por primera vez a un sistema de pensiones, logro que solamente ha sido posible por el firme y decidido respaldo que usted comandante nos ha dado. Gracias presidente en nombre de nuestros soldados y marineros”, afirmó el jefe militar, quien fue aplaudido de inmediato por los militares.
Sin embargo, aunque el anuncio de Avilés es reciente, el informe de liquidación presupuestaria de 2021, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, indica que el gasto del Estado bajo concepto de remuneraciones aumentó en 1 352 millones de córdobas el año pasado, apoyado por el ajuste salarial del 5% a partir de agosto de 2021, al aumento de personal en el Ministerio de Educación, en Gobernación y la Policía Nacional, y a la “incorporación de marineros y soldados al Fondo de Pensiones del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM)”.
Un experto en finanzas públicas admitió que la transferencia de Hacienda puede corresponder al aporte del Estado en su condición de empleador para las pensiones mencionadas, pero resaltó que dada la falta de transparencia de los militares y el Ejecutivo que ha llegado al punto que la página electrónica del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM)—el brazo financiero de la institución castrense— se encuentra oficialmente “en construcción”.
“Esa fue una decisión que se tomó en realidad hace meses. Ortega nada tuvo ni tiene que ver en eso. Además, sí hay que reconocer que es un logro porque soldados y marineros habían estado fuera del sistema por 28 años. Por lo que se lee en el informe se desprende que Hacienda transfirió dinero al IPSM. Lamentablemente, no se indica en calidad de qué”, criticó.
CONFIDENCIAL solicitó información a la oficina de Relaciones Públicas del Ejército, dirigida por el coronel Álvaro Rivas Castillo, sin embargo, no respondió al cierre de la edición.
Otro experto en Seguridad Social coincidió en que la medida beneficia a un grupo que históricamente ha sido marginado dentro del sistema del IPSM en lo referido al pago de pensiones, porque en el tema de la atención médica siempre ha estado garantizada para los soldados y sus familias, a través de una asignación del presupuesto del Estado.
Además, afirmó que fuentes castrenses le revelaron desde junio pasado que soldados y marineros cotizarían ante el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en el que podrían optar con el paso del tiempo a una pensión de Invalidez, Vejez y Muerte, la cual está por el orden promedio de 5500 córdobas.
“Tengo un amigo (en el Ejército) que me dijo que lo iban a afiliar en el INSS como cualquier trabajador del Estado. Me dijo: Vamos a comenzar a pagar, desconozco marco jurídico, esa declaración (de Avilés) que me estás leyendo. No he conocido más que eso. Él me dijo que estaban sin cotizar en el IPSM, salíamos a la calle sin ninguna semana cotizada”, agregó.
Para él, un actuario recomendaría a las autoridades militares que los soldados y marineros paguen como los asegurados normales en el INSS, pero la atención médica descansaría siempre en el IPSM.
De acuerdo con el artículo 59 del Código Militar, o Ley 181, los efectivos de la institución castrense deben acreditar un mínimo de 21 años de servicio para optar a una pensión de retiro. Hasta ahora, los afiliados del IPSM legalmente no pueden estar sujetos a “ningún otro régimen de Seguridad Social”, en referencia a los otros dos existentes en el país.
Por un lado, está el INSS, pero también existe el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), este último a cargo de administrar las pensiones de las instituciones dependientes del Ministerio de Gobernación y también la Policía.
Exmilitares: Ortega busca cómo afianzar lealtades personales
La medida para incluir a marineros y soldados en el fondo de pensiones provocó reacciones entre los militares en retiro, que la calificaron como un intento de Ortega por lograr lealtades políticas personales.
Un oficial de alta graduación, que aceptó hablar bajo condición de anonimato, explicó que Ortega tiene un marcado interés por mantener lo más compacto posible a los soldados, “personalizando y condicionando la jefatura de Avilés y el mando al derecho social que tiene todo trabajador del Estado en particular aquel que tiene riesgos laborales”.
El mayor retirado Roberto Samcam añadió que los soldados generalmente tienen una alta rotación, es decir suelen irse al poco tiempo del Ejército. A eso se debe que les renuevan contratos cada dos años. Hasta antes del anuncio actual, la atención médica la recibían en los puestos médicos de las unidades militares y luego tenían que usar el sistema de hospitales públicos para terminar de atenderse.
Samcam agregó que el beneficio directo obtenido por el Ejército es garantizarse una plantilla permanente sin estar enganchando soldados cada cierto tiempo. “Al final del día, el Estado podría hacerse cargo, a través del INSS, de las jubilaciones, las cuales serán cuando cumplan determinado período de servicio o la edad de jubilación, lo cual es muy probable que se vayan antes y pierdan todo lo cotizado”, insistió Samcam.
Para otro militar retirado, la medida anunciada por Avilés busca revitalizar las arcas del INSS, menguadas tras la crisis de 2018. Es en sus palabras “un negocio que será alimentado con las cotizaciones de miles de soldados” que se terminan marchando de la institución por cualquier razón. “¿Y entonces qué va a pasar con esa plata que cotizaron supuestamente para su seguro de jubilación? Seguro se perderá como ocurrió entre la década de 1980 y 1990”, lamentó.
