5 de marzo 2020
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El Ejército de Nicaragua afirmó a CONFIDENCIAL que “desconoce” los asesinatos de al menos 30 campesinos opositores, y que no tiene información de ningún caso. Sin embargo, no negó que estas ejecuciones ocurran.
Después de varios días consecutivos anunciando en nuestras redes sociales la publicación de esta investigación periodística, el coronel Álvaro Rivas Castillo, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua, atendió a un equipo de CONFIDENCIAL y Esta Semana para “sentar posición respecto al tema” y desvincularse de las ejecuciones de campesinos.
“Desconocemos de qué muertes o asesinatos se refiere (la de los campesinos). Si la pregunta conlleva a que el Ejército ha estado ahí, en esos sectores donde han acontecido esos hechos, pues no. Nuestros mejores testigos son los productores”, dijo el coronel, al ser cuestionado sobre cómo explica que estas ejecuciones sucedan en una zona donde el Ejército mantiene un plan de vigilancia permanente.
Una investigación de la revista CONFIDENCIAL, en alianza con la plataforma CONNECTAS, confirmó que al menos 30 campesinos opositores fueron asesinados por motivaciones políticas, entre octubre de 2018 y diciembre de 2019. En 19 ejecuciones, participaron más de dos hombres armados con revólveres, fusiles AK-47 o escopetas.
La investigación reveló también que 18 ejecuciones ocurrieron en comunidades o el casco urbano de tres municipios de Jinotega: ocho en El Cuá; seis en San José de Bocay; y cuatro en Wiwilí. Esta zona es conocida como el antiguo “Corredor de la Contra”, ya que en la década de los ochenta —durante la última guerra civil nicaragüense— fue un importante bastión de la Resistencia Nicaragüense, un ejército irregular, financiado por Estados Unidos, que combatió contra el primer Gobierno de Daniel Ortega (1984-1990) y que, en su mayoría, estaba integrado por campesinos.
Son bandas delincuenciales
Además, se le preguntó si el Ejército —que ha negado la existencia de rearmados— tiene información sobre la actuación de grupos vinculados a estos asesinatos: “Desconocemos de qué grupos se refiere. Nuestro tendido territorial, es decir todas nuestras unidades militares, han reportado la presencia de elementos delincuenciales, cuyo objetivo es tratar de secuestrar, golpear y robar a nuestros productores”.
Rivas agregó que en 2019 desarticularon a cinco bandas delincuenciales, vinculadas al cultivo de marihuana en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Ninguna cuenta el asesinato, entre sus delitos.
Consultado sobre si el Ejército ha colaborado o no con la investigación de algunos de estos casos, que sí han sido registrados en “notas rojas” de los medios oficialistas, Rivas se limitó a indicar que “el Ejército de Nicaragua tiene clara sus misiones. Nosotros no podemos realizar investigaciones de orden público, eso es competencia de otras instituciones”, en referencia a la Policía Nacional.
Al menos 27 de los 30 asesinatos documentados en esta investigación permanecen en la impunidad, pues ninguna autoridad ha informado sobre la detención de sospechosos o la apertura de expedientes de seguimiento.
Coronel Álvaro Rivas Castillo, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua. Foto: Carlos Herrera
Ejército vs. defensores
Las organizaciones nacionales de derechos humanos, que han documentado y denunciado las ejecuciones en el campo, sostienen, en cambio, que son las autoridades las que intentan descalificar a los defensores.
El colectivo de defensores de derechos humanos “Nicaragua Nunca Más Impunidad” y el Movimiento Campesino —principal portavoz del sector, que surgió en la zona sur y centro de Nicaragua, en 2014, en oposición a la concesión para la construcción de un canal interoceánico— presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la situación de los campesinos nicaragüenses, en el que señalan la participación de la Policía y Ejército en estos crímenes.
El documento, presentado en septiembre de 2019, también fue entregado a la Comisión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha dado seguimiento a la crisis de Nicaragua.
El Estado no ha asistido a las últimas audiencias de la CIDH, en las que diferentes oenegés denuncian las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Tampoco suelen responder los cuestionamientos.
En enero de 2020 —inesperadamente—, el Ejército de Nicaragua respondió a los señalamientos, con un informe en el que asegura que las acusaciones carecen de “veracidad” y que se “manipula falsa información”.
“Se trata —reclaman los militares— de implicar al Ejército de Nicaragua en situaciones en las que no ha tenido nada que ver”.
Para el abogado defensor Juan Carlos Arce, de “Nicaragua Nunca Más Impunidad”, la respuesta del Ejército es un intento de socavar la imagen de las organizaciones defensoras.
Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos, en entrevista en el programa Esta Semana. // Foto: Elmer Rivas
No obstante, el coronel Álvaro Rivas resalta que los informes de los organismos “no involucran, no señalan y no indican que el Ejército haya estado involucrado en algún tipo de acción, o hechos que se relacionan” a la violación de Derechos Humanos.
“Nos tratan de ubicar en sectores donde no hemos estado, y acciones que desconocemos”, reiteró el coronel.
Otras denuncias
El Movimiento Campesino ha denunciado que los ejecutados son más de un centenar; mientras las organizaciones de derechos humanos hablan de entre 70 y 80 asesinatos selectivos. Sin embargo, de esas listas, esta investigación de CONFIDENCIAL y Esta Semana únicamente confirmó que 30 de los casos estarían asociados a una motivación política. En los demás, no hay testimonios, o pruebas suficientes, que comprueben un móvil similar.
Un registro del diario digital Mosaico CSI, del periodista Luis Eduardo Martínez, en Matagalpa, afirma que en 2019 se cometieron 112 asesinatos en el departamento de Jinotega, un 49% más que en 2018, cuando se reportaron 76 homicidios o muertes violentas.
Sobre este incremento de la violencia, el coronel Rivas comentó: “No es facultad nuestra como Ejército de Nicaragua dar respuesta (a esa problemática). No estamos facultados por ley, nuestra misión es la defensa de la soberanía nacional, nuestra integridad, nuestra independencia. Por mandato de Ley no podemos involucrarnos en dar referencias de actividades de orden público”.
Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
