28 de julio 2021
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Una segunda ola de cancelaciones de personerías jurídicas fue concretada este miércoles 28 de julio por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Diputados del régimen de Daniel Ortega aprobaron, con 72 votos a favor, un decreto de anulación de la personalidad jurídica de 24 oenegés, entre ellas 15 asociaciones médicas, integradas por especialistas que han criticado el manejo gubernamental de la pandemia de la covid-19 en Nicaragua.
Los diputados del FSLN adujeron —según el documento de la iniciativa del decreto— que las organizaciones “han incumplido con sus obligaciones legales y estatutarias”. Además, se les señaló de “no reportar al ente regulador sus estados financieros desde hace varios años” y de no presentar “los convenios que tienen con donantes”, “documentos de identidad de sus proveedores de fondos” y “soporte de ingresos”.
También indicaron que estas organizaciones estaban “acéfalas”, apuntando que los plazos de sus juntas directivas estaban vencidos.
La iniciativa del decreto fue introducida el pasado 22 de julio por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez López, en virtud de la solicitud del Departamento de Registro y Control de las Asociaciones del Ministerio de Gobernación, que pasó un “informe” donde —según los funcionarios— prueban que estas 24 oenegés han desarrollado sus actividades “al margen de la ley” y han “violentado” la Ley 147, de lo General de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, y la Ley 977, contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas restringidas.
Entre las asociaciones médicas a las que se les canceló su personalidad jurídica se encuentran: Asociación Pro Ayuda a Enfermos con Insuficiencia Renal Crónica Las Segovias (Aseircse); Asociación Nicaragüense de Nefrología (Aninef); Asociación Acción Internacional por la Salud Nicaragua (AIS-Nicaragua); Asociación Nicaragüense de Diabetología (Anidiab); Asociación Nicaragüense de Neumología (Anine); Asociación Nicaragüense de Climaterio y Menopausia (ANCYM); Asociación Urológica de Nicaragua (Asunic); Asociación Liga Nacional Contra la Leucemia y el Cáncer en el Niño “Julio Cortázar”; y la Asociación Sociedad Nicaragüense de Medicina General (Sonimeg).
También fueron cancelados los estatus legales de la Asociación Médica Nicaragüense (AMN); Asociación Nicaragüense para el Estudio y Tratamiento del Dolor (ANETD); Asociación Nicaragüense de Dermatología y Sifilología (Asonidefi); Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación (ANARE); Asociación Nicaragüense de Infectología (ANI); y Asociación Nicaragüense de Psicólogos (ANIPS).
El decreto establece en su artículo 2 que “los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones, fundaciones, tendrán previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en su estado. Si nada se hubiere dispuesto sobre ellos estos pasarán a ser propiedad del Estado”.
Estrategia del régimen
La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, conformada por 100 Organizaciones No Gubernamentales, expresó su rechazo ante la cancelación y señaló que el decreto es parte de la “estrategia política-partidaria” del Gobierno, que argumenta incumplimientos a las leyes para violentar el derecho a la libertad de asociación.
Indicó que el Ministerio de Gobernación no admite las juntas directivas, lo que obliga a las oenegés a permanecer sin sus respectivas certificaciones.
El conjunto instó a las redes internacionales de ONG en América Latina y el mundo a “condenar y solidarizarse” con las organizaciones nicaragüenses que “exigimos el cese de la represión y acoso a las organizaciones sin fines de lucro”.
El régimen orteguista ha negado que las cancelaciones se den como represalia contra las organizaciones que son críticas de su gestión. El diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo durante la sesión que “no hay un afán persecutorio” sino la búsqueda de que “se cumpla la ley”.
Hasta ahora, las asociaciones médicas afectadas no se han pronunciado sobre los señalamientos vertidos por los funcionarios sandinistas, que argumentaron basarse en un informe del Migob.
En diciembre de 2018, diputados del Frente Sandinista también aprobaron la cancelación de las personerías jurídicas de nueve oenegés que denunciaron públicamente las violaciones a derechos humanos que se cometen en Nicaragua.
Las ONG a las que se le canceló su personería jurídica en 2018 son: el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (Ieepp), Hagamos Democracia, Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Fundación Popol Na, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias.
