9 de octubre 2019
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La violencia orteguista ha vuelto al campo nicaragüense. La atrocidad de paramilitares y agentes del régimen, con ejecuciones extrajudiciales contra campesinos, se ha trasladado del casco urbano a las zonas rurales, principalmente en el norte del país, según un estudio de la socióloga e investigadora Elvira Cuadra.
La ejecución selectiva es la modalidad que ha elegido la dictadura para desarrollar una sexta etapa de la represión contra los ciudadanos opositores, indica el reporte, titulado “Una espiral de muerte en Nicaragua”.
“El fenómeno es que antes de abril de 2018 la violencia estaba en el campo, durante la insurrección cívica se trasladó a los centros urbanos y se hizo ‘visible’, y ahora está regresando nuevamente a las zonas rurales. Con la advertencia que la acción de la Policía y los grupos paramilitares se ha extendido a todo el país”, explicó Cuadra a CONFIDENCIAL.
Vinculaciones políticas
La investigación señala que durante el período analizado —entre octubre de 2018 y agosto de 2019— ocurrieron 59 asesinatos, aunque la cantidad total de víctimas es 66, ya que hay siete casos donde se reportan entre dos y cuatro víctimas.
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“Un dato revelador que se conecta con la motivación del asesinato se refiere a la pertenencia, vinculación o identificación de la víctima con algún tipo de actividad política. Los datos muestran que un porcentaje importante de víctimas (39.3 %) tenía vinculaciones políticas y el resto (60.6 %) aparentemente no”, remarca el estudio.
Durante la Rebelión de Abril, en 2018, Matagalpa y Jinotega se sumaron a las protestas. En la foto, una pinta fotografiada en julio de 2018. // Foto: Carlos Herrera
De las 26 víctimas que tenían algún tipo de vinculación política: diez estaban relacionadas con partidos políticos; otros diez tenían vínculos con el movimiento autoconvocado —nacido en 2018—; y seis tenían relación con otro tipo de organización social o con la Policía.
29 de 66 ejecuciones extrajudiciales en Jinotega
La investigadora subraya en su informe que la violencia está focalizada en el departamento de Jinotega, especialmente en los municipios de El Cuá (13 muertes), Wiwilí (11) y San José de Bocay (5), donde han ocurrido la mayor cantidad de asesinatos.
“En otros municipios del país también se presentan situaciones similares, especialmente en aquellas localidades donde las autoridades municipales no están controladas por el Gobierno y donde hay fuerte presencia de grupos paramilitares”, según el reporte.
Sobre el papel de la Policía del régimen, Cuadra concluye que “ha dejado de cumplir con su misión y funciones principales para dedicar sus recursos humanos y materiales a las acciones de represión en contra de la ciudadanía. Esto ha provocado una crisis de autoridad de la misma institución policial y otras autoridades; crisis que ha sido provocada y alimentada por los discursos desde la presidencia que justifica la actuación policial”.
Impunidad de paramilitares
Indica que uno de los elementos más preocupantes de este nuevo contexto de inseguridad “es la existencia de los grupos paramilitares, a quienes el Gobierno ha cedido el privilegio estatal sobre el uso y control de la fuerza, permitiendo que actúen con impunidad, además que ha alentado su conformación, les ha facilitado recursos para sus operaciones y ordena que actúen en conjunto con la Policía.
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Añade que “en las zonas rurales se ha efectuado la reorganización de grupos paramilitares con participación mayoritaria de militares y policías en retiro, así como simpatizantes del Gobierno fanatizados, seleccionados cuidadosamente por sus niveles de lealtad y disposición para participar en la represión”.
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Detalla que “estos grupos se han dedicado a realizar secuestros y desapariciones forzadas de líderes sociales, ataques simulando robos, intimidación con armas de guerra, vigilancia, ataques directos, asedio y amenazas. Estas acciones se realizan con la complacencia de la Policía y en total impunidad, de tal manera que han generado un estado de inseguridad y temor entre la población”.
Atrocidad en los asesinatos
La investigación también revela que los asesinatos se cometen con una “atrocidad” no vista en los años previos. Tal crueldad “se puede ver en la cantidad de disparos o heridas que reciben las víctimas, sin contar que en varios casos sufrieron golpes y otras lesiones de previo”.
“En más del 70 % de los casos, las víctimas recibieron más de un disparo y en el 15% recibieron más de una herida”, apostilla.
Otro dato alarmante de la investigación es el tipo de arma utilizada: en el 78 % de los asesinatos se utilizaron armas de fuego y en el 23.7 % se usaron armas de guerra. Tal situación “muestra que las armas entregadas a civiles para participar en las acciones de represión se encuentran todavía en sus manos y sin control de ninguna autoridad estatal”.
