Dictadura suspende de forma “definitiva” a Yonarqui Martínez como abogada

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió de forma definitiva a Yonarqui Martínez como abogada y notaria pública. El Poder Judicial, bajo el control absoluto de la dictadura, ordenó además que la defensora de derechos humanos entregue sus títulos profesionales, los protocolos de su trabajo, el sello y carné, según una circular firmada por el secretario de la Corte, Rubén Montenegro Espinoza.

“Se sanciona a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García, con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de abogado y notario público, a partir de la notificación de la presente sentencia. Declárese nulo el título de abogado y notario público registrado ante este supremo tribunal”, indica la resolución firmada por los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte.

Agregan que la abogada debe presentar ante la Secretaría de la Corte, en un término de 24 horas, y “bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciere”, su título de abogada y notaria pública.

Los magistrados no explicaron en la circular las razones de dicha resolución y solamente citaron el artículo 165, numeral 10 de la Constitución Política de Nicaragua, que en realidad, corresponde al artículo 164, numeral 8, sobre las atribuciones de la Corte, que incluyen “extender autorización para el ejercicio de las profesiones de abogado y notario, lo mismo que suspenderlos y rehabilitarlos de conformidad con la ley”.

También se basaron en el artículo 4 y 6, numeral 18 de la Ley de Carrera Judicial, en la que indican que en el caso de "suspensión", el caso es resuelto "por el pleno de la Corte Suprema de Justicia".

La publicación de esta resolución se da casi una semana después que la defensora de derechos humanos, publicara en su cuenta de Twitter capturas de pantalla de los procesos arbitrarios ejecutados por el Poder Judicial contra unas 57 personas detenidas y procesadas en menos de 24 horas. Martínez ha sido una de las voces que más ha denunciado estos secuestros, plagados de diversas violaciones al debido proceso.

La abogada ha ejercido la profesión por 17 años, dedicando los últimos cinco años a defender a los presos políticos, denunciar los abusos que eran víctimas y cuestionar las arbitrariedades de los procesos judiciales contra los opositores. Eso le acarreó un permanente acoso de parte de operadores del Frente Sandinista y de la Policía.

En 2019 Martínez quedó atrapada junto a madres de presos políticos y el padre Edwing Román, expárroco de la iglesia San Miguel, en Masaya, mientras realizaban una huelga de hambre en demanda de la libertad de presos políticos. El grupo de trece personas estuvieron asediados por policías durante nueve días, con la mínima comida y sin agua y luz.

En una reciente entrevista a CONFIDENCIAL, Martínez aseguró que la Policía en ninguno de los allanamientos tenía una orden y que las actuaciones represivas del régimen orteguista violaban lo establecido en el Código Procesal Penal, específicamente en los artículos 217 y 241.