5 de julio 2023
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El obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, monseñor Rolando José Álvarez, que había sido excarcelado de la cárcel La Modelo a inicios de esta semana como parte de una negociación entre el Vaticano, el Gobierno y la Conferencia Episcopal, fue regresado a su celda de máxima seguridad la mañana de este miércoles 5 de julio, al no alcanzarse un acuerdo para lograr su liberación definitiva.
Fuentes eclesiales y diplomáticas revelaron a CONFIDENCIAL que un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Vaticano participó por videollamada en la negociación con el Gobierno de Nicaragua sobre la excarcelación y el exilio de monseñor Rolando Álvarez. Sin embargo, el obispo no aceptó los términos impuestos para su destierro.
Una fuente vinculada la Iglesia recordó que desde agosto de 2022, cuando el régimen de Daniel Ortega impuso un cerco policial en la curia de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez se ha rehusado a aceptar la opción del destierro o el exilio que le pretenden imponer, y reclama su libertad incondicional y la de todos los sacerdotes encarcelados. Por esa misma razón de principios, se rehusó a aceptar el destierro que el régimen impuso a otros 221 presos políticos, entre ellos varios sacerdotes, el 9 de febrero.
“La única circunstancia en la que monseñor Álvarez aceptaría irse al exilio es si el papa Francisco se lo pide o se lo ordena, y eso no ocurrió antes, ni tampoco ha ocurrido en las pláticas que llevaron a cabo esta semana con un representante diplomático del Vaticano”, explicó la fuente.
Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes en declaraciones a algunos medios de comunicación calificó como “pura especulación” la noticia de la excarcelación de monseñor Rolando Álvarez y dijo que “él se mantiene en la cárcel La Modelo”, donde el Arzobispo no ha tenido contacto con el obispo, aunque si miembros de su familia.
Mientras tanto, el régimen de Ortega mantiene en la cárcel La Modelo a los sacerdotes Leonardo Urbina (detenido en Boaco), Manuel García (detenido en Nandaime), ambos condenados por presuntos delitos comunes, y al sacerdote Jaime Montesinos, acusado por “menoscabo a la soberanía nacional”.
Otros dos sacerdotes Pastor Rodríguez y Leonardo Guevara, ambos asociados a Cáritas de Estelí, se encuentran detenidos en un “seminario por cárcel”, mientras son objeto de una investigación financiera por presunto lavado de dinero, a través de la cual el régimen mantiene congeladas todas las cuentas bancarias de la Iglesia católica.
Monseñor Álvarez también demandó la liberación de todos los sacerdotes encarcelados y el descongelamiento de todas las cuentas de las diócesis de la Iglesia católica, peticiones que fueron rechazadas por el Gobierno.
Su encarcelamiento
Monseñor Álvarez fue arrestado y trasladado a Managua, la madrugada del 19 de agosto de 2022, después de permanecer dos semanas bajo arresto domiciliario en la Curia Episcopal de Matagalpa.
En el operativo policial también fueron trasladados cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo que lo acompañaban. El religioso fue trasladado a Managua bajo arresto domiciliar y los demás fueron encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.
Durante su encarcelamiento, la dictadura de Ortega mostró públicamente al obispo solo en dos ocasiones. La primera fue en diciembre de 2022 cuando el sacerdote fue trasladado a los juzgados del Distrito Penal de Audiencias de Managua donde fue acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
La segunda ocasión fue el 25 de marzo de 2023, cuando la dictadura publicó, a través de sus medios de comunicación, una serie de fotografías y videos de un encuentro que tuvo el obispo con dos de sus hermanos. Las imágenes mostraron al obispo visiblemente delgado, pálido y canoso. Desde entonces no se conoce cómo está su salud ni si estado físico.
Condenado a 26 años de cárcel
Monseñor Álvarez es el primer obispo de Nicaragua en convertirse en preso político. Por su voz profética fue perseguido desde antes de su arresto. En mayo de 2022 tuvo que refugiarse en Managua después que la Policía allanara la vivienda de su hermana. En represalia también le cerraron los medios de comunicación, de televisión y radio, de las dos diócesis que administraba.
El 10 de febrero de 2023, la justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo finalmente lo condenó a 26 años y cuatro meses de cárcel en un juicio exprés realizado un día después que el prelado se negara a abordar un avión que lo trasladaría a Estados Unidos junto a otros 222 excarcelados políticos que fueron desterrados. Ese mismo día también fue desnacionalizado.
Desde entonces, el obispo fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”, donde permaneció permaneció en una celda de máxima seguridad conocida como “El Infiernillo”, que según describen algunos excarcelados políticos, la celda es de unos dos metros y medio de largo por dos metros de ancho, insalubre y sin ventilación.
Ahí “el bochorno provoca mayor ansiedad, desesperación, ganas de salir corriendo”, dijo el excarcelado político Yubrank Suazo, quien estuvo allí en dos ocasiones.
El encarcelamiento del obispo ha provocado olas de solidaridad a nivel internacional. La última fue impulsada por el Parlamento Europeo, quienes pidieron que “se demuestre que el obispo Rolando Álvarez está vivo”. Los eurodiputados también pidieron reiteraron “su llamado a su liberación inmediata e incondicional y a la de todos los presos políticos”.
En marzo pasado, el régimen de Daniel Ortega rompió las relaciones con el Vaticano horas después que el papa Francisco lo calificara en una entrevista concedida a Infobae como una “dictadura hitleriana” y opinara —“con mucho respeto”— que padece “un desequilibrio” mental. A la par, elogió al obispo Álvarez, de quien aseguró: “Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”.
La persecución a la Iglesia
Tras el arresto de monseñor Álvarez, la dictadura de Daniel Ortega incrementó la represión en contra de la Iglesia católica a través de prohibiciones de actividades religiosas, congelamiento de cuentas bancarias, asedio en las parroquias y la expulsión de al menos 84 religiosos, entre sacerdotes y monjas, incluidos el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio José Báez.
Según un monitoreo realizado por la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, se calcula que 44 religiosos y 40 monjas han salido del país en estos últimos cinco años, pero con mayor énfasis, entre 2022 y el presente.
Las últimas en sumarse fueron las monjas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, de origen brasileño, que fueron expulsadas de Nicaragua el pasado domingo 2 de julio.
El 28 de junio de 2023, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en la que ordena a la dictadura Ortega Murillo la liberación del obispo. Esta resolución se suma a otras que la Corte IDH giró durante meses en favor de decenas de personas consideradas como presos políticos en Nicaragua, la última de ellas en enero de 2023, sin que fueran acatadas por el Gobierno de Ortega.
