Dictadura intenta apoderarse de la Alcaldía de Mulukukú

Una supuesta auditoría a la Alcaldía liberal de Mulukukú, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, fue la excusa de la Policía del régimen para allanar arbitrariamente y secuestrar por más de ocho horas a los trabajadores de la municipalidad. Sin embargo, en el poblado —que 14 años atrás no alcanzaba la categoría de municipio—, los habitantes aseguraron que el fondo de este asunto está “una trama política” para sacar del poder al alcalde Apolonio Fargas Gómez, quien se fue del país ante el asedio y persecución orteguista.

La asesora legal de la Alcaldía, Ileana Gutiérrez, afirmó que la última vez que vio a Fargas fue el pasado 05 de agosto, cuando éste salió del municipio a gestionar unos recursos para la construcción de un estadio de béisbol en Mulukukú. “Él estaba muy ilusionado con eso”, contó la funcionaria, mientras enseñaba las cerraduras forzadas por unos treinta antimotines que llegaron desde Siuna, Costa Caribe Norte, y Managua, a tomar por la fuerza el edificio municipal.

Horas antes de que partiera el alcalde  junto con su familia, un grupo de funcionarios de la Contraloría General de la República (PGR), llegó sin previo aviso para auditar las cuentas de la Alcaldía, cuya administración Fargas había retomado hacía más de un mes, luego de haber permanecido 10 meses encarcelado y condenado por el presunto asesinato de tres oficiales de la Policía. “Ese día agarraron al alcalde a quemarropa”, comentó Gutiérrez.

Los funcionarios de la Contraloría no especificaron cuál era la información que iban auditar, aunque los recursos que administra la Alcaldía de Mulukukú son limitados. En lo que va de 2019, el Gobierno central solo les ha transferido 3.7 millones de córdobas, de los 30.04 millones de córdobas aprobados en el Presupuesto General de la República. Esa transferencia solo representa el 12.5% del total. En tanto, la Alcaldía sobrevive de los ingresos municipales, que en su mayoría consisten en registro de ganado.

En Mulukukú la pobreza es evidente, el gobierno sandinista ha castigado este municipio por ser de tendencia liberal. Carlos Herrera | Confidencial

Solicitó prórroga de un mes

Fargas solicitó a los auditores una prórroga de un mes y estos se retiraron del lugar. Luego el alcalde salió del municipio, y al día siguiente los funcionarios de la CGR regresaron, pero esta vez fueron atendidos por el administrador, quien les pidió que volvieran el viernes 09 de agosto, pero  ese día los trabajadores fueron sorprendidos por la Policía del régimen.

Un funcionario municipal —quien solicitó el anonimato por temor a represalias— relató que el allanamiento comenzó a las 7:50 a.m, cuando recién comenzaba su jornada laboral. Escuchó a un grupo de hombres que gritaban desde los portones de la alcaldía: “Al suelo hijos de putas”, e inmediatamente entraron unos sujetos encapuchados y apuntando a los trabajadores con fusiles AK 47. “Quien no se iba al suelo, lo pateaban obligándolo a irse al suelo. Posteriormente, quitaron los celulares y requisaron  todo, la cintura, los zapatos, las bolsas a cada trabajador”, recordó el empleado.

Cuando los trabajadores estaban sometidos e incomunicados en un pasillo, algunos de ellos alcanzaron a escuchar la lectura de una supuesta orden de allanamiento que nunca les permitieron leer. Una parte de los oficiales vigilaba a los rehenes, mientras los demás rompían las puertas de las oficinas y revisaban archivos, computadoras y los teléfonos celulares del personal de la comuna.

Interés por Fargas Gómez

Durante el tiempo que los trabajadores permanecieron secuestrados percibieron el interés particular de los oficiales por conocer la ubicación del alcalde, quien fue excarcelado el 11 de junio de 2019, tras la expedita aprobación de una autoamnistía orteguista.

La casa del alcalde Apolonio Fargas también fue allanada por la Policía Nacional. Carlos Herrera | Confidencial

Los oficiales preguntaron por Fargas, por el administrador y demás personas que tienen altos cargos en la Alcaldía, según el empleado municipal. A su criterio, lo más extraño es que supuestamente se trataba de una auditoría a la Alcaldía, pero de forma simultánea otro grupo de antimotines encapuchados “entró por la fuerza” a la casa del alcalde.

En la vivienda de Fargas todavía pueden observarse las ventanas rotas, vidrios quebrados y algunas cerraduras forzadas. Durante el allanamiento sólo se encontraba Luis Fargas, hijo de crianza del edil, quien no accedió a ser entrevistado por CONFIDENCIAL; sin embargo, mostró los daños ocasionados en la casa y confirmó que los antimotines se llevaron el CPU de una computadora, documentos y varias memorias USB.

Mientras tanto, Gutiérrez señaló que durante el allanamiento a la comuna, la Policía copió información de las computadoras y se llevó una cantidad indeterminada de documentos, por lo que la administración de Fargas no responderá por el resultado de alguna auditoría, ya que desconocen qué tipo de documentos sacaron de la Alcaldía.

Asedio constante

La abogada denunció además que desde que Fargas fue excarcelado se convirtió en víctima de asedio de la Policía y de algunos fanáticos del orteguismo, quienes son minoría en Mulukukú, pero que en múltiples ocasiones le advirtieron que “no lo dejarían en paz”. Por este motivo, Gutiérrez está convencida de que el allanamiento fue “simplemente una trama política en contra del alcalde”, quien en 2017 fue reelecto para un segundo periodo como edil.

“Esta alcaldía nunca ha sido ganada por el Frente Sandinista, entonces ellos no hayan cómo arrebatarla”, indicó la abogada. Una de las razones por las que Mulukukú es un municipio históricamente liberal es que sus montañas fueron uno de los escenarios de la guerra civil de los años ochenta. En este lugar se encontraba el Centro de Entrenamiento Militar “Denis Gutiérrez”, una escuela de entrenamiento para los miembros del Servicio Militar Patriótico.

La guerra civil marcó profundamente a los habitantes de Mulukukú, que entonces solo era un poblado dividido entre Siuna, Prinzapolka, Paiwas y Río Blanco. Fargas fue uno de los tantos jóvenes que se negaron a cumplir con el Servicio Militar, por lo que estuvo tres años en la cárcel, hasta que fue beneficiado con una Ley de Amnistía, tras el triunfo de la Unión Nacional Opositora (UNO), que gobernó Nicaragua entre los años 1990 y 1997. Cerca de cuatro décadas después Fargas volvió a convertirse en preso político y beneficiado por otra Ley de Amnistía.

El alcalde de Mulukukú, Apolonio Fargas, también es un preso político excarcelado. Carlos Herrera | Confidencial

Desde que fue excarcelado el alcalde ha tenido pocas participaciones en público: dos sesiones del consejo municipal y la gran convención del Partido Liberal Constitucionalista, donde lamentó: “Nunca pensé que sólo por ser el alcalde liberal de Mulukukú y por quererme quitar esa alcaldía me iban a echar preso”, dijo.

CONFIDENCIAL intentó comunicarse con Fargas pero éste no responde su teléfono celular y su esposa se excusó vía telefónica diciendo que en ese momento no podía atendernos, luego no respondió más el teléfono.

Fisura en la Alcaldía

Pese a la ausencia del alcalde, los concejales liberales aseguraron que no dejarán que el Frente Sandinista les arrebate el poder, aunque aparentemente existe una fisura en la administración municipal. Durante el allanamiento, la única oficina que no fue registrada por la Policía fue la de la vicealcaldesa Silgia Gómez, quien además se ha ausentado en momentos claves como la sesión municipal para que Fargas retomara la administración y la sesión municipal posterior al allanamiento policial, situaciones que tienen alerta a los concejales.

La concejal municipal liberal Ángela Solano León manifestó que “toditas las oficinas están saqueadas, desparpajadas y todo. La única que está normal como ha existido es la de ella (la vicealcaldesa), pues los motivos no sabemos, pero estamos como autoridad municipal para darle la cara al municipio”, subrayó.

De igual forma, la concejal liberal Xilonen del Carmen Urbina repudió el allanamiento y enfatizó que la forma en que procedió la Policía simplemente es una manera de “hacer daño” a la población y la administración municipal.