17 de junio 2023
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En las últimas semanas trabajadores del Estado han recibido visitas casa a casa de parte de operadores políticos del régimen de Daniel Ortega para confirmar si están activos en la militancia sandinista a través de marchas y asistencia a actividades del partido.
“Los reportes que recibimos y que son solo de Managua nos dijeron que quienes estaban haciendo las visitas era la secretaria política y que era una revisión a los trabajadores del Estado que el año pasado participaron en el proceso de carnetización política”, explica una fuente del Monitoreo Azul y Blanco.
La fuente agrega que los reportes que recibieron son de personal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y estos informaron que durante las visitas les preguntaron si aún vivían en los mismos domicilios, si estaban asistiendo a las caminatas, a las ferias económicas, entre otras preguntas de control.
Las visitas casa a casa priorizaron a los trabajadores del Estado que en 2020 fueron presionados a acreditarse como militantes sandinistas junto a sus familiares. “El año pasado, en junio, recibimos información de que a los trabajadores del Estado los obligaron a carnetizar a cinco personas más, entonces ahora andan verificando si siguen activos”, dice la fuente.
Las visitas de control ocurren semanas antes que inicien las actividades partidarias en alusión al aniversario de la Revolución sandinista y en un contexto de desconfianza dentro de la militancia del partido de Gobierno. Entre enero y mayo de 2023 han sido retirados de sus cargos en la Corte Suprema de Justicia unos 60 trabajadores. Esto ha incrementado la incertidumbre dentro de los trabajadores estatales.
“Actualmente todo mundo camina cabizbajo en la Corte, porque supuestamente están por despedir a otros 40 empleados que intentaron salir del país en los últimos meses. Les quitaron los pasaportes a ellos y sus familias. No los dejaron salir y sólo están esperando que los despidan”, confiaron trabajadores de la institución a CONFIDENCIAL en mayo pasado.
Asimismo explicaron que la vigilancia a los empleados públicos inicia en las Unidades de Victorias Electorales (UVE), integradas por un comisario político, un secretario adjunto, un miembro de la Juventud Sandinista, entre otros. Todos se encuentran incrustados a todos los niveles de la institución.
“En cada sede judicial—Juzgados del Trabajo, Civil, Penales, Especializados en Violencia, Registro Público, CSJ— hay un secretario político que tiene ojos y oídos en todos lados. Ellos te caminan espiando”, dijo un trabajador.
Censo de alfabetización también está politizado
El observatorio ciudadano Urnas Abiertas también reportó que el Censo Nacional de Alfabetización que se está realizando entre el 10 y el 30 de junio está controlado por operadores políticos del Frente Sandinista, entre estos secretarios políticos, CPC, miembros de la Juventud Sandinista y de las Unidades de Victoria Electoral, quienes acompañan a los encuestadores.
“En algunas zonas rurales se denunció intimidación policial contra familias que se negaban a dar información. Asimismo, se registraron denuncias de docentes y trabajadores de instituciones estatales que revelaron estar siendo 'presionados' por sus superiores para participar y llenar todas las encuestas asignadas, a pesar de la negativa de algunos pobladores. Esto les ha obligado a visitar las casas hasta en tres ocasiones en busca de dicha información”, denuncia el observatorio.
Según conoció Urnas Abiertas, quienes integran a los encuestadores son personal del Ministerio de Educación (Mined), el Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), de las alcaldías y Gobiernos regionales, de la Policía Nacional y del Poder Judicial.
En la encuesta están solicitando información sobre el estado de la vivienda y también están solicitando los números telefónicos de los miembros de la familia.
Policía y Migob también realizan visitas
Además de las visitas de control partidario y del Censo, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación, a través de los bomberos, está realizando visitas casa a casa para hablar con la población temas de seguridad ciudadana. Según la información oficial del régimen, en las últimas tres semanas han llegado a más de 43 000 hogares nicaragüenses.
Estas visitas forman parte de un plan de prevención y seguridad organizado por las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional que se está ejecutando desde finales de mayo. Aunque el plan está a cargo de la Policía y los Bomberos, el tendido territorial del FSLN está acompañándolos en los barrios.
“Los jefes y jefas de sectores realizan visita casa a casa, para sensibilizar a las familias con relación a la importancia de prevenir la violencia hacia la mujer e informar procedimiento para la interposición de la denuncia por las distintas vías que tenemos establecidas”, dijo a medios oficialistas el inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Jaime Vanegas.
En total, han conversado con unas 140 862 personas en las primeras tres semanas de ejecución del plan, según los informes semanales de la Policía Nacional. Las visitas casa a casa se están realizando de lunes a jueves a partir de las 5 de la tarde y las asambleas son los viernes a las 6 de la tarde.
Según el informe policial, durante las visitas casa a casa han recepcionado 182 denuncias de violencia de género y han detenido a diez agresores. Asimismo, aseguran que los bomberos han realizado 25 170 inspecciones en los hogares.
Este programa de visitas casa a casa ya se ha realizado en años anteriores para conocer temas de seguridad ciudadana. Sin embargo, el aumento de represión con el arresto de ciudadanos ha puesto tensión en la población. Solo en mayo hubo 63 detenciones arbitrarias y 81 judicializaciones que incluyen a cuatro sacerdotes, según el Monitoreo Azul y Blanco.
