24 de noviembre 2022
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En Nicaragua no existe ninguna base legal o constitucional que autorice a la Policía o a funcionarios del Sistema Penitenciario a realizar requisas que “atenten contra la dignidad de la persona humana”, como a las que sometieron a los familiares de presos políticos secuestrados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
El pasado fin de semana, durante una visita tras 84 días de incomunicación, los familiares de los reos de conciencia fueron víctimas de humillaciones y tratos degradantes, según han denunciado.
“Desnudarlas y obligarlas a realizar sentadillas es algo que los familiares de presos y presas políticas han venido señalando en diferentes comunicados. (La medida) se ha convertido en una práctica que extiende, de alguna manera, la tortura que sufren las personas presas políticas a las familias que llegan a realizar las visitas a las unidades policiales o centros penitenciarios”, expresó la abogada Wendy Flores, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, en el programa Esta Noche.
“Las visitas se dieron bajo un clima de gran tensión y abuso de poder debido a que fuimos sometidos la mayoría de familiares, hombres, mujeres y ancianos a revisiones exhaustivas y denigrantes, violatorias a nuestra integridad física e intimidad. Fuimos obligados a desnudarnos, hacer sentadillas, para luego ser víctimas de comentarios denigrantes y burlescos sobre la desnudez de nuestros cuerpos”, señalaron los familiares de reos de conciencia en un comunicado publicado este miércoles.
Merecemos, necesitamos y tenemos derecho de ver regularmente y comunicarnos con nuestros familiares. Con suma urgencia pido una llamada telefónica y se nos permita el intercambio de cartas a mi hija y a mi con mi esposo @Jschamorrog. #AltoALaTortura #LibertadYa Son inocentes! pic.twitter.com/6RHgQUSYRB
— VickyCardenas (@VickyCardenasL) November 23, 2022
Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, explicó que los abusos contra los parientes de reos políticos persiguen un doble objetivo. Por una parte, “son víctimas (directas) de vejámenes, de humillaciones, de tratos denigrantes”, y a la vez, eso tiene “un efecto reflejo sobre la persona privada de libertad” porque al conocer que su familiar sufre esos abusos, “causa una angustia extrema, que puede llegar a configurar en algunas circunstancias una tortura psicológica”.
“Por un lado, tenemos una víctima directa de estas prácticas y por otro lado, viene agravar o viene acentuar el nivel de angustia y el nivel de presión y el trato hacia los presos políticos”, explicó Pineda. También considera que los familiares se están convirtiendo en rehenes de la dictadura, tras que en esta visita, la Policía encarceló por unas horas al familiar de la exguerrillera, Dora María Téllez, quien se había declarado en huelga de hambre en demanda del cese del sistema de torturas carcelarias.
“El objetivo principal de la política represiva del régimen es silenciar cualquier voz opositora y naturalmente, cualquier manifestación de resistencia a la dictadura. Como esto no ha sido efectivo por las convicciones de los presos políticos se ve obligado el régimen a extender su estrategia represiva a los familiares y esto es lo que yo entiendo que está ocurriendo en esta circunstancias”, señaló.
Presos políticos urgen atención médica especializada
Los familiares aseguraron que tras la prolongada incomunicación, que no fue justificada por el régimen orteguista, verificaron las “graves afectaciones psicológicas, físicas y emocionales… crisis nerviosas y de hipertensión, padecimientos cardíacos, insomnio, pérdida de apetito, llantos y desesperación…”
Fernanda Guevara, esposa del abogado Róger Reyes, confirmó que él estuvo 48 días en huelga de hambre para demandar la visita de sus hijas. Sin embargo, se enfermó de gripe y se le inflamó el estómago de forma muy pronunciada, y desistió de la privación de alimentos. “Estaba destrozado por continuar sin ver a las niñas”, dijo.
Reyes llegó a pesar 118 libras durante la huelga de hambre, al empezar a comer, recuperó un poco de peso, pero aun luce “demasiado pálido”, señaló su esposa, quien lo encontró “muy afectado emocionalmente”. Guevara se encargó de animarlo y asegurarle que su esfuerzo para ver a sus pequeñas no había sido en vano.
Las condiciones de privación de lectura, aislamiento, calendarización de visitas regulares e incomunicación, considerada como tortura, se mantienen contra los reos de conciencia en El Chipote. Sus familiares aseguraron, en el comunicado, estar alarmados porque el deterioro físico de los presos políticos continúa.
“Urge la atención médica especializada y oportuna para diagnosticar apropiadamente y atender los antiguos y nuevos padecimientos de salud que amenazan la vida de nuestros familiares. Muchos de estos padecimientos se han agudizado debido a las condiciones precarias y maltrato psicológico sufrido por nuestros familiares en El Chipote y diferentes penitenciarios del país”, señalan.
A la vez, llamaron a las autoridades para que los reos de conciencia mayores con afecciones crónicas sean trasladados a un régimen de casa por cárcel.
Régimen mantiene a los reos políticos bajo tortura
Para Flores, el régimen orteguista ha mantenido la estrategia de tortura contra los reos políticos desde su apresamiento, sometiéndolos a “condiciones totalmente inhumanas, sus cuerpos han cambiado, la falta de alimentos que tienen les ha hecho bajar más de 30 libras de peso, el hecho de que no puedan tener ninguna comunicación entre sí, que no puedan recibir visitas que no puedan tener material de lectura, que no puedan ver a sus hijos; hay una lista de derechos fundamentales básicos que se les ha quitado, precisamente, para profundizar el sufrimiento y por eso es que insistimos que se trata de tortura”, expresó.
El objetivo, según la defensora de DD. HH., es “mantenerlos secuestrados, en algún momento utilizarlos”, pero eso “cada día está atentando contra la vida de cada uno de ellos. El principal derecho que está en juego es el derecho a la salud, a la integridad personal y el derecho a la vida y por eso es que lo hemos denunciado ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las medidas previsionales para que el Sistema Interamericano no deje de poner sus ojos, ni la presión sobre Nicaragua abogando por la libertad de cada uno de ellos”, sostuvo Flores.
Flores reconoció que a pesar de las condiciones de inseguridad, de temor en Nicaragua es fundamental mantener la denuncia, informar a los mecanismos de derechos humanos internacionales porque “es la única manera que vamos a saber en qué condiciones se encuentran (los presos políticos), qué es lo que está pasando y quiénes son los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos, que ya rayan en los crímenes de lesa humanidad”.
Régimen intimida a sus propias bases sandinistas
La represión orteguista también se ha extendido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que persiste una purga, que ya provocó el encarcelamiento del vocero de la institución, Roberto Larios, mientras se investiga a otros funcionarios.
Para Pineda, esta movida del régimen busca “refrendar” su lealtad y “tratar de intimidar o inhibir cualquier acción de traición, cualquier acción de filtración de información y el eslabón más débil, pareciera ser, el Poder Judicial y en este sentido, se puede entender toda esta ola de persecución a lo interno del Poder Judicial, que ya controla el régimen y tiene que ver, justamente, con intimidar a los diferentes operadores sobre el costo que puede tener la traición o filtrar información”.
Sin embargo, la persecución también persiste a las afueras de las filas del Frente Sandinista. Este martes, la Policía secuestró al sociólogo y crítico, Oscar René Vargas, en Managua. El especialista es un férreo crítico de la dictadura orteguista, destacado por sus análisis sobre la coyuntura sociopolítica.
Para la abogada Flores, sí llegan acusarlo sería, precisamente, por ejercer su derecho de libertad de expresión, de libertad de opinión y de pensamiento; “que son derechos ciudadanos constitucionales que el régimen ha pretendido arrebatarnos a los nicaragüenses y que en esas ansias, lo que ha hecho es criminalizar cualquier acción, cualquier forma de difundir información”.
