6 de julio 2022
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El régimen de Daniel Ortega ejecutó este miércoles 6 de julio la expulsión de 18 Misioneras de la Caridad, orden fundada por Madre Teresa de Calcuta, quienes fueron trasladadas desde Managua y Granada hacia la frontera con Costa Rica por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Policía.
De las 18 misioneras, siete son originarias de la India, dos de México, una de España, dos de Guatemala, una de Ecuador, una de Vietnam, dos de Filipinas y dos nicaragüenses.
El obispo de la Diócesis de Tilarán, Liberia, Costa Rica, monseñor Manuel Eugenio Salazar, dio la bienvenida a las religiosas, señalando que es un "honor" para la Diócesis a su cargo, "que sus plantas pisen estas tierras", a la vez que pidió orar por la Iglesia Católica en Nicaragua y sus sacerdotes.
"Oramos por la Iglesia en Nicaragua, por sus obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Hermanas sean bienvenidas a estas tierras, nuestra Diócesis está de puertas abiertas para recibirlas, gracias por su ejemplo, entrega y servicio a los más pobres entre los pobres", escribió el obispo en una publicación en redes sociales.
El pasado 28 de junio se conoció sobre su salida obligada del país, tras que el Parlamento dominado por el Frente Sandinista canceló la personería jurídica de su asociación y cerró sus obras de beneficencias. Una hermana había asegurado que no podían seguir en Nicaragua, pero no tenían un plazo específico para abandonar el país, por ende, estaban a la espera de la comunicación de Migración.
Antes de las seis de la mañana de este miércoles, un dispositivo policial rodeó los accesos al Hogar Inmaculado Corazón de María, en Granada, donde permanecían seis misioneras y según testimonios de los vecinos, “llegaron unos vehículos blancos”. Una patrulla la estacionaron en la entrada principal, mientras dos antimotines se plantaron en el portón del Hogar.
Eran dos patrullas, unos 15 oficiales y al menos cuatro policías de tránsito que ubicaron conos en los diferentes accesos al Hogar, aseguraron vecinos de la zona a CONFIDENCIAL, y confirmaron que aún se mantenían en el inmueble, el mismo que había estado bajo asedio desde la semana pasada, cuando las hermanas entregaron provisiones a la población de la zona.
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La Asociación Misioneras de la Caridad atendía una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas, un asilo de ancianos, y ejecutaban un proyecto de reforzamiento escolar, que comenzaron a cerrar desde el pasado 15 de junio.
Este 4 de julio el cardenal Leopoldo Brenes lamentó el cierre y disolución de la Asociación Misioneras de la Caridad. “Lamentamos profundamente el dolor de tantos hermanos nuestros que ya no tendrán las atenciones que recibían de las hermanas”, señaló el cardenal Brenes en una declaración pública.
Brenes, también arzobispo de la arquidiócesis de Managua, destacó que “la fundación de las hermanas Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta” brindaban asistencia “a los más pobres de nuestra sociedad nicaragüense”.
Los argumentos del Migob contra las Misioneras de la Caridad
Según un informe de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) del Migob, las Misioneras de la Caridad “ha incumplido con sus obligaciones” conforme la ley que los regula, y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Gobernación sostuvo que las Misioneras de la Caridad no están acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil u hogar de niñas o asilo de ancianos, ni tienen permiso del Ministerio de Educación para realizar el reforzamiento de aprendizaje.
Además, afirma que no reportaron activos fijos, y las actividades de su sede en la ciudad de Granada, ubicada al suroeste del país, no fueron comunicadas: hogar de niñas, comedor, guardería y reforzamiento de aprendizaje. Sin embargo, estas actividades eran del conocimiento del Gobierno, que incluso destacó mediante un reportaje publicado en un medio oficialista, en agosto de 2016, en el contexto de la canonización de la fundadora de la Orden.
El Migob señala que los saldos de ingresos por donaciones no coinciden con los reportados en los informes presentados, y no presentan contabilidad formal de su patrimonio con sistemas contables generalmente aceptados, de acuerdo con la información oficial.
Otro motivo para disolver esa oenegé, alegó Gobernación, es que la junta directiva está integrada únicamente por ciudadanas de otras nacionalidades, y la nueva ley que los regula —la Ley 1115—, en vigor desde hace dos meses, establece que solo el 25% de las personas que integran la directiva pueden ser extranjeras.
