5 de noviembre 2020
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Decenas de efectivos policiales se han apostado en las afueras de centros de acopio instalados de forma espontánea en tiendas, templos, organizaciones de voluntarios y cámaras empresariales, para impedir que los ciudadanos llevaran ayuda para los damnificados del degradado Huracán Eta, ahora depresión tropical en territorio hondureño.
Con una trayectoria que amenaza con generar desastres en Nicaragua y Honduras, pasando por Guatemala antes de entrar en aguas del Golfo de México para acercarse después a las costas estadounidenses, Eta causó estragos a muchas comunidades, principalmente del Caribe norte del país, despertando un amplio sentimiento de solidaridad, en especial en las zonas que se mantienen intactas.
Es lo que sucedió en Chinandega, donde el martes, grupos de amigas se organizaron para iniciar una campaña de recolección de ayuda, con la indicación de entregarla en algunas tiendas de la ciudad, que participaban del esfuerzo.
“Al ver lo que estaba pasando en el Caribe, llamé a muchachas jóvenes que tienen negocios en Chinandega, para que recibieran la ayuda del pueblo nicaragüense, que se volcó con generosidad”, dijo una de las organizadoras que prefirió mantenerse en el anonimato para evitar represalias.
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El régimen respondió a las muestras de solidaridad enviando a sus fuerzas policiales para impedir que las personas entregaran sus donativos, o para evacuar lo que ya se había recogido, ordenando, en el caso de las voluntarias chinandeganas, retirar los pedidos que estaban haciendo por medio de las redes sociales, porque “la ayuda se va a manejar por medio del Gobierno”.
La fuente dijo que intentaron usar un templo católico capitalino como sede del esfuerzo por llevar ayuda a los damnificados, pero se encontraron con el mismo impedimento, y no serían las únicas.
El mismo día, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), comunicó a través de su perfil en Twitter su decisión de unirse a “la labor humanitaria de apoyar a nuestros hermanos y hermanas de la Costa Caribe Nicaragüense, afectados por el Huracán Eta”, ofreciendo sus oficinas para recibir “donativos para apoyar a las familias que están en situación de mayor vulnerabilidad”.
En pocas horas, la Red de Empresarias de Nicaragua (REN), y la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), anunciaron su adhesión al proyecto, que tampoco corrió muy largo, porque también recibieron la visita de los uniformados.
La tónica se repitió cuando la Unidad Médica Nacional (UMN), decidió usar sus instalaciones para lo mismo, solo para descubrir, la mañana de este miércoles, que la Policía había iniciado un asedio en contra de sus oficinas en Managua y Rivas, impidiendo el acceso del personal médico y personal administrativo.
Los uniformados usaron cinco camionetas y se hicieron acompañar de más de una docena de paramilitares en motocicletas para asediar la sede central en Managua.
Reacciones de condena
En un comunicado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, protestó por el actuar policial, recordando que pasó lo mismo “en una sede de la diócesis de Siuna en Managua, el Club de Leones de Rivas, Radio Siempre Joven en Bluefields”, y el INDE, además de otros centros de acopio.
“El asedio está evitando el flujo de ayuda humanitaria tan necesaria en estos momentos críticos. Además de mostrar una terrible ineficiencia en el manejo de la crisis provocada por el huracán, la dictadura está boicoteando la solidaridad… Este es un nuevo tipo de represión, es el colmo de su falta de humanismo, y le exigimos de inmediato cese todo bloqueo arbitrario a la voluntad de ayudarnos entre los nicaragüenses”, reza el documento.
Las organizaciones empresariales, y sus líderes, también alzaron su voz para rechazar esta nueva forma de agresión.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, demandó en nombre de esa entidad gremial, que el Gobierno permita el ejercicio de la solidaridad entre ciudadanos que tratan de socorrer a las comunidades que están siendo afectadas por Eta.
“Las cámaras, las empresas y la población están recopilando ayuda, pero hay agentes policiales que no permiten que los productos lleguen a los centros de acopio para llevarlos al Caribe y a las zonas afectadas por huracán”, dijo el líder gremial.
“Es nuestro derecho ciudadano apoyar al prójimo, y el Gobierno debe permitirlo. Nuestros esfuerzos están siendo entorpecidos por agentes policiales”, reclamó.
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), indicó que se solidarizaba “con las familias afectadas por el paso del huracán Eta”, mientras condenaba el asedio policial a las organizaciones que están recolectando insumos para ayudar a estas comunidades.
En un hilo de Twitter, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Centroamericano de Integración Económica CCIE, y expresidente del Cosep, consideró “totalmente inaceptable que el gobierno se quiera apropiar del derecho que tenemos los seres humanos para actuar solidariamente con las personas que lo necesitan”.
“Tragedias como esta no deben politizarse. Las tragedias requieren de respuestas rápidas, efectivas e inclusivas. El sector empresarial, las organizaciones de sociedad civil, la ciudadanía en general queremos y tenemos el deber y el derecho para actuar solidariamente. Las familias afectadas ya sufrieron suficiente. Nicaragua es de tod@s”, complementó.
La historiadora y exguerrillera, Dora María Téllez, también usó Twitter para expresar cómo “la solidaridad [fue] convertida en delito por una dictadura represiva, inepta y negligente”, denunciando “asedios al centro de acopio de la diócesis de Siuna, al Club de Leones en Rivas; a INDE y la Unidad Médica en Managua, y a un acopio en Bluefields. Los Ortega ni hacen, ni dejan hacer”.
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