28 de junio 2024
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La pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha tomado el control absoluto del dinero y demás bienes incautados al narcotráfico o crimen organizado, que —de acuerdo con expertos en temas de seguridad nacional— suman varios centenares de millones de dólares.
Ortega y Murillo ordenaron a la Asamblea Nacional reformar la Ley 735 —Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados— para que los activos decomisados u obtenidos por los bienes subastados sean usados para “cubrir necesidades presupuestarias”, con la previa autorización de la Presidencia nicaragüense. De esta manera, la pareja presidencial dirá cuánto y en qué se usará el dinero.
“La decisión de incorporar ese dinero al Presupuesto General de la República revela que hay una situación crítica de escasez en las cuentas nacionales y necesitan fondos para resolver las brechas que tienen”, comentó uno de los expertos, quien solicitó omitir su nombre para evitar represalias.
Otro de los especialistas destacó que “el gran valor de los bienes incautados está en las propiedades como fincas, quintas y viviendas, así como algunos vehículos de lujo. Todo junto suman centenares de millones de dólares”.
Recordó que, en 2012, la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera, le indicó que todos los bienes incautados —dinero, propiedades y vehículos— “alcanzaban los 500 millones de dólares”.
Millones de dólares “abandonados”
El experto detalló que el dinero en efectivo representa cerca del 30% de los bienes incautados, aunque esa cifra puede variar. “Existen pocos datos para hacer cálculos más exactos, porque ni la Policía ni el Ejército dan cifras precisas sobre las incautaciones”.
El medio Divergentes cuantificó en 59.3 millones de dólares el dinero incautado entre 2018 y 2021, según un análisis de datos basándose en las notas de prensa de la Policía Nacional. El análisis periodístico reveló que este monto representó un aumento del 151% en relación con lo incautado entre 2007 y 2011 —primeros cinco años del Gobierno de Ortega—, cuando solo se decomisaron 23.6 millones de dólares.
La última incautación conocida ocurrió el 23 de mayo de 2024, cuando un sujeto montado en una bestia abandonó 1.5 millones de dólares, que trasladaba en dos sacos que cargaba otra bestia. El hombre huyó en el momento en que agentes policiales le hicieron un alto en un camino de la comarca Santa Cruz, en el municipio de El Castillo, Río San Juan.
En septiembre de 2020, CONFIDENCIAL publicó el análisis de datos “Narcodólares”: Los cabos sueltos en las incautaciones millonarias de la Policía, que describe cómo en ese año la Policía estableció sus "récords" de incautaciones millonarias al narcotráfico, superando en solo siete meses cualquiera de los totales registrados en todos los años anteriores desde 2007 a 2019. Entre enero y agosto de 2020, la Policía había incautado 14.5 millones de dólares al narcotráfico, y en ocho de cada diez casos no hubo droga. Todos esos millones de dólares en efectivo se reportaban “abandonados”.
El modus operandi en todas las incautaciones es casi el mismo. Los narcotraficantes “abandonan” el dinero en su huida de la persecución de militares o policías. Las autoridades capturan el dinero y los medios en los que se movilizaban los narcotraficantes (bestias, vehículos y lanchas), pero casi nunca se registran detenidos.
“Centralizar el control” de las incautaciones
“En Nicaragua siempre hubo discrecionalidad y falta de información en relación con los bienes incautados al crimen organizado, especialmente al narcotráfico”, dijo uno de los expertos consultados para esta nota.
“Desde hace muchos años —prosiguió— se ha criticado la falta de transparencia en la información, en el procedimiento y la cadena custodia de esos bienes, incluidas las sumas de dinero decomisadas”.
Para este especialista, con las reformas a la Ley 735 se pretende “centralizar el control sobre esos fondos en las manos de Ortega y Murillo, a fin de disminuir la discrecionalidad y la corrupción que generaba en instituciones como la Policía, el Ejército, el Poder Judicial y, probablemente, el Ministerio de Hacienda”.
El otro experto opinó que “(Ortega) les está quitando (a los comisionados generales de la Policía y a los generales del Ejército) el control de la distribución (de los fondos)”.
“Es probable que ahora lo vaya a asumir él, ya sea a través de un comisario o una persona de confianza que le garantice un control efectivo o un beneficio para su familia de esos bienes incautados”, agregó.
La Ley 735 establecía que “la Unidad Administradora de bienes incautados, decomisados o abandonados, provenientes de actividades ilícitas”, tenía la facultad de administrar, guardar, custodiar, subastar, donar, devolver e incluso invertir los bienes.
La reforma, por tanto, le quita facultades a esta “Unidad Administradora”, definida como una entidad independiente, pero adscrita al Ministerio de Hacienda.
Reformas aprobadas de urgencia
Las enmiendas a los artículos 48, 56 y 58 de la Ley 735 fueron aprobadas de manera urgente, el martes 18 de junio, con el voto a favor de 81 diputados, con diez abstenciones y ninguno en contra.
El artículo 48 ordenaba que el “dinero, títulos valores, certificados de crédito e instrumentos monetarios, o cualquier otro medio o efecto de esa naturaleza que sean incautados, retenidos, secuestrados u ocupados, deberán ser entregados o depositados dentro de las 24 horas a la Unidad, la que mantendrá una cuenta en un banco del Sistema Financiero nacional”.
Con la reforma, estos bienes pecuniarios serán “entregados o depositados dentro de las 24 horas, en las cuentas de la Tesorería General de la República en el Banco Central de Nicaragua, que para este propósito determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
El artículo 56 establecía que “los automotores terrestres de menos de tres mil centímetros cúbicos, serán entregados al Ministerio Público, Policía Nacional y al Poder Judicial, de acuerdo a sus necesidades funcionales”.
Ahora, estos vehículos “serán entregados a las instituciones del Estado, previa autorización de la Presidencia de la República”.
Previo a la reforma, el artículo 58 establecía que los fondos eran distribuidos por el Ministerio de Hacienda, a través de la Tesorería General, “para ser usado única y exclusivamente en programas, proyectos y fines de prevención, investigación y persecución de los delitos a que se refiere esta ley”.
Ahora, “en el caso de los bienes en dinero, títulos valores, certificados de crédito e instrumentos monetarios, o cualquier otro medio o efecto de esa naturaleza, y el dinero procedente de la venta de bienes en subasta, serán destinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para cubrir necesidades presupuestarias, previa autorización de la Presidencia de la República”.
El oficialista y sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que ahora los activos incautados o generados por los bienes subastados serán “registrados” en el Presupuesto de la República, para su utilización o asignación a un ministerio o institución “cualquiera”.
