23 de octubre 2019
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La intención de la dictadura de Daniel Ortega de imponer controlar en 2020 el trabajo de abogados y notarios públicos a través de la Dirección General de Ingresos (DGI) es interpretada por Julio Montenegro, coordinador del grupo Defensores del Pueblo, como una arbitrariedad del régimen sandinista. La medida también pretende que los juristas revelen información confidencial de sus clientes lo que a la postre afectaría su trabajo.
“El Gobierno no está actuando de manera correcta. No se puede limitar el ejercicio profesional y tampoco pedir a los abogados que rompan el sigilo que tienen con sus representados o sus clientes y se lo comuniquen al Estado. Esto convertiría al abogado en una parte cooperante y esto contraviene la relación que tienen con su cliente”, explicó Montenegro a los medios de comunicación.
Hasta ahora lo que ha ejecutado la DGI es un aumento en el precio del papel sellado y los timbres. Para 2020 lo que pretende la dictadura es obligar a los notarios a subir a la plataforma de esta institución del Estado las escrituras públicas. Luego de imprimir el documento la DGI pondría un código de barra que les permitiría controlar el pago de impuesto que también pretenden imponer.
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“Se nos ha dicho que nos van a empezar a cobrar un impuesto. Lo que no sabemos es que si será de un 10 o 15 por ciento. Esto sin lugar a dudas nos afectaría porque los precios a los clientes aumentarían y no sabemos si quieran pagar lo que cobremos. O asumimos ese impuesto nosotros o el cliente. De cualquier forma, salimos perdiendo ambos”, manifestó un abogado del complejo judicial que prefirió omitir su nombre.
El abogado que habló con CONFIDENCIAL indicó que el aumento en papel y timbre es una molestia generalizada entre los defensores. La idea de romper el sigilo profesional y subir los documentos al sistema de la DGI, así como pagar un impuesto por los servicios que presten, de acuerdo a la fuente, está causando inconformidad incluso en los profesionales afines al dictador Ortega.
“Es un efecto que nos golpea a todos por igual. El Gobierno quiere controlarnos y encima cobrarnos más. Por lo menos en mi caso no creo seguir como notario, es que es un gasto que no se tiene contemplado. Y así como yo estoy pensando muchos abogados más tienen la misma idea”, refirió otro abogado del complejo judicial.
Puras contradicciones
Montenegro expresó que no se puede ir en contra de normativas que no han sido derogadas y que establecen que los nicaragüenses gozamos de protección del Estado en materia de derechos.
“Si se aplican algunas normativas que riñan con lo que ya está regulado en la normativa, lo que va a ocurrir es que simple y sencillamente habrá temor en abogados de incurrir en una acción penal que ya de previo están establecidos en normativas y tiene que ver en ejercicio propio del abogado”, explicó Montenegro.
El abogado se refiere al sigilo profesional que impera entre el abogado y su cliente. De acuerdo a Montenegro en la parte normativa de los abogados se dice que, si un profesional revela algún aspecto confidencial expresado por sus clientes, podrían aplicarles infracciones administrativas o penal.
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Con la nueva medida, que no se sabe si reformaría o no las que existen actualmente, habría una gran contradicción. Por un lado, el abogado estaría en la “obligación” de mostrar todos los documentos porque la DGI así lo exigiría, y por otro podría enfrentar un proceso por divulgar esta información.
“Los efectos son concretos. Cuando he llegado a los juzgados me han expresado los abogados que no tienen trabajo porque mucha gente se abstiene de ejercer un tipo de actividad cuando está en el aire esa nueva disposición, que destapa cosas privadas y son objeto de escrutinio público”, indicó el abogado.
Montenegro aseguró que esta medida dejará en indefensión al cliente y sin derecho de trabajo a los abogados. Expuso que en la actualidad muchos colegas no tienen casos para desarrollar su profesión. Algunos han decidido dejar su título de lado y dedicarse a cualquier otra actividad.
“Por un lado se establecen regulaciones que contravienen esta disposición establecida más la que la Constitución misma establece. Tenemos una serie de contradicciones y no se ha reformado la Constitución Política, entonces un reglamento o ley ordinaria no puede estar por encima de la Constitución ni siquiera debe ser contradictorio con disposiciones normativas de leyes ordinarias como el Código Penal, tendrían que haberse reformado y eso no está aplicado de esa manera”, finalizó Montenegro.
