13 de febrero 2021
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Grupos al margen de la seguridad del Estado, armados y sin atribuciones legalmente delimitadas han sido “estructurados” y “revestidos de poder” desde que el régimen de Daniel Ortega asumió el poder en enero de 2007, denuncia la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
En su informe “¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua”, los defensores explican que estos grupos los han clasificado como “estructuras paraestatales”, porque quienes los “integran” pueden ser parte de grupos como la Juventud Sandinista, grupos de choque, exmilitares, expolicías, exfuncionarios públicos o exintegrantes de pandillas y, muchos de estos, incluso, pueden percibir un salario de las instituciones públicas.
Además, señalan que estas “actúan de forma coordinada, articulada y bajo la aquiescencia de los agentes estatales en operativos conjuntos o separados y en labores de inteligencia, intimidación y represión”, dirigida por el régimen orteguista contra quienes considera opositores a su Gobierno.
Pandilleros y exmilitares
Los defensores advierten que hay “una delgada línea de separación entre las personas que ejercen una función en cargos públicos y al mismo tiempo actúan en estructuras políticas (FSLN), gremiales (organizaciones sindicales) y criminales (pandillas), destinadas a contribuir al reclutamiento, organización y sostenibilidad” de los grupos paraestatales.
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Detallan algunos casos como el de la Policía Voluntaria, los Consejos y Gabinetes de Poder Ciudadano y los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida. También identifican como integrantes de estructuras del Frente Sandinista a grupos como la Juventud Sandinista y Comités de Liderazgo Sandinista o, en su caso, los denominados “camisas azules”.
El informe critica que en el caso de los “camisas azules” “desde su origen se constituyeron como una fuerza paralela a la Seguridad del Estado, sin ningún marco jurídico que delimitara sus atribuciones, competencia, estructura y niveles de responsabilidad”.
Esta infografía se publicó originalmente en el reportaje de Confidencial: "Los paramilitares de Daniel Ortega son expolicías y exmilitares", publicado en julio de 2019. // Infografía: CONFIDENCIAL
Sin embargo, resaltan que estas “estructuras paraestatales” tienen como “hilo conductor la actuación progubernamental de forma coordinada, articulada o consentida por agentes estatales”.
Uno de los mecanismos de “reclutamiento” de agentes estatales, señala el informe, es a través de “programas que impulsa la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional, dirigidos a jóvenes pandilleros y en situación de riesgo”.
Las organizaciones detallan que quienes son reclutados como agentes paraestatales son “incorporados a la Juventud Sandinista y a las planillas de entidades públicas, entre las que se encuentran alcaldías municipales, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y el Ministerio de la Juventud; o bien reincorporados a los barrios de procedencia, quedando en todos los casos a disposición de la Policía Nacional y de los dirigentes para ser instrumentalizados en actos de represión a favor del régimen”.
Los responsables de las estructuras paraestatales
Los defensores denuncian que estos grupos paraestatales han participado en ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras al régimen de Ortega.
Esta infografía se publicó originalmente en el reportaje de Confidencial: "Los paramilitares de Daniel Ortega son expolicías y exmilitares", publicado en julio de 2019. // Infografía: CONFIDENCIAL
El informe de ambas organizaciones analizaron 133 de las 328 muertes que se dieron en el contexto de la crisis sociopolítica, resaltando que 33 de esos 113 casos estuvieron vinculados a ataques directos de agentes paraestatales.
El estudio destaca que los “responsables por haber dirigido, orientado o contribuido a la consolidación de estas estructuras”, son, entre otros: Rosario Murillo de Ortega, vicepresidenta de la República; Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua; Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua, y Lumberto Ignacio Campbell Hooker, presidente del Consejo Supremo Electoral.
Los defensores denuncian estos funcionarios y miembros del grupo cercano al presidente Ortega habrían ayudado al “reclutamiento”, “conformación”, “coordinación” y “ejecución” de las órdenes dictadas en contra de los manifestantes y opositores al régimen orteguista.
