Desnacionalizados: Ortega busca “aplastarnos civil y políticamente”

Cuarenta y cinco de los 94 ciudadanos nicaragüenses que fueron declarados “apátridas”, firmaron un pronunciamiento en el que denuncian “la brutal agresión que contra nosotros y miles más ha lanzado el régimen dictatorial de los Ortega Murillo”, a la vez que agradecen su acompañamiento a la comunidad internacional, y les piden que continúen denunciando las acciones “medievales y nazistas” de la dictadura.

El pasado 15 de febrero, jueces subordinados a las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo declararon “traidores a la patria” y “prófugos de la justicia”, a 94 ciudadanos, a los que también ordenaban quitarles la nacionalidad, y confiscarles sus bienes.

Luego se sabría que también les congelaron sus pensiones del Seguro Social, a pesar de que no son una dádiva, sino solo el reintegro de sus ahorros de toda la vida.

“Lo que el régimen pretende es aplastarnos civil y políticamente. Que nos inmovilicemos, y que no podamos seguir defendiendo la democracia. Que perdamos el tiempo, buscando resolver problemas de carácter personal, en vez de avanzar en la lucha por restablecer la democracia en Nicaragua”, señaló Edipcia Dubón, una de las afectadas.

Añaden que “la salida y el desmontaje del Estado policial totalitario es indispensable para que los nicaragüenses recuperemos nuestros derechos; los exiliados regresemos con seguridad; se haga justicia a las víctimas y conquistemos la democracia”.

El grupo señala en su escrito que, “por pensar distinto y reclamar justicia, democracia y libertad, la dictadura nos despojó de nuestra nacionalidad, mediante una resolución ilegal y violatoria de nuestros derechos humanos, de la legislación nacional y de convenios internacionales”.

Añaden que “la nacionalidad es un derecho inalienable y nadie nos lo puede arrebatar. Somos y seremos nicaragüenses hasta el fin de nuestros días, porque ahí nacimos y porque somos parte inseparable de ese pueblo valiente, alegre y generoso. Por eso seguiremos luchando para tener una patria para todos”.

Los firmantes hicieron un llamado “a todos los Gobiernos democráticos, en especial a los de Latinoamérica, a rechazar estos actos ilegales e inhumanos”, a la vez que agradecieron “a todos los Gobiernos que han condenado a la dictadura por la violación sistemática de los derechos humanos de los nicaragüenses y a los que generosamente nos han ofrecido su nacionalidad”, pidiéndoles mantener su “rechazo al régimen orteguista”, y que sigan acompañándolos en “la defensa de nuestros derechos y el establecimiento de la democracia”.

El apoyo internacional

El llamado a la comunidad internacional ocupó un espacio relevante en las posiciones expresadas por algunos de los afectados, recordando no solo la sorpresa y el rechazo expresado por algunos Gobiernos, ante castigos tan inusualmente crueles, a la vez que señalaban a aquellos políticos e instituciones que han guardado un escandaloso silencio.

Al respecto, la exguerrillera Mónica Baltodano, cuyo nombre está en la lista de los 94, dijo que se han organizado en comisiones para solicitar reuniones en distintas instancias, tanto en Costa Rica como en otros países, e hizo “un llamado enfático, al presidente de Brasil Luis Inácio ‘Lula’ Da Silva, a Brasil, al Partido de los Trabajadores, para decir que no es posible que estén guardando silencio con respecto a lo que pasa en Nicaragua”.

Añadió que “lo que pasa es totalmente contrario a los ideales democráticos y de justicia que ellos han enarbolado, y un llamado general a todas las naciones, particularmente de Centroamérica, a que se manifiesten en contra de esta atrocidad, que es absolutamente inadmisible en la democracia y los regímenes modernos”.

Dubón aprovechó para precisar que “todos los Gobiernos latinoamericanos que ustedes ya conocen —México, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Chile, entre otros— han expresado una gran solidaridad con los 222 excarcelados y expatriados, y con los 94”, a quienes han ofrecido la nacionalidad, “para que no quedemos en condición de apatridia”.

Acerca de Costa Rica, país en el que reside la mayoría de ellos, indicó que “hay que señalar que el Gobierno costarricense ha sido muy claro y contundente en desconocer (las acciones ilegales de Ortega), y le ha llamado al restablecimiento del orden democrático, y a respetar las convenciones internacionales”.

El economista Enrique Sáenz señaló que “con respecto al despojo de nuestra nacionalidad, ya estamos emprendiendo acciones ante las instancias competentes, porque se trata de una acción prácticamente medieval, nazista, que solo tiene antecedente en las más crueles dictaduras. Vamos a agotar todas las instancias legales internacionales, conscientes de que en Nicaragua no existe la ley, porque la ley es la voluntad del tirano”

Finalmente, Silvia Nadine Gutiérrez instó “a los países de la comunidad internacional, que nos sigan apoyando en la denuncia; que sigan elevando la voz, por los derechos de todos los nicaragüenses”, convencida de que las acciones de la dictadura causan “que haya más países que rechacen las acciones de ese régimen”.