Departamento de Estado: Daniel Ortega fortaleció la impunidad en 2019

El Departamento de Estado norteamericano emitió este miércoles su informe anual de derechos humanos correspondiente a 2019, y dedicó un amplio capítulo a Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, lejos de investigar, enjuiciar o castigar a quienes cometieron actos violentos contra la rebelión de abril desde 2018, más bien garantizó impunidad para los agresores, de acuerdo al documento.

El informe destaca que policías, parapolicías y simpatizantes sandinistas llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia contra los que se consideraban enemigos del régimen, como los ex presos políticos, los activistas campesinos, los grupos de oposición a la prodemocracia y el clero católico.

“El gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, procesar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento prodemocrático de abril de 2018. El presidente Ortega reforzó activamente la impunidad de los violadores de los derechos humanos que le eran leales”, lamenta el informe del Departamento de Estado, publicado menos de una semana después que Washington sancionara a la Policía, y el Congreso de ese país pidiera endurecer las sanciones a la dictadura.

El informe del Departamento de Estado cita a organismos de derechos humanos afincados en el país para afirmar que entre octubre de 2018 y agosto, los grupos de parapolicias mataron entre 20 y 30 campesinos considerados como opositores al partido gobernante FSLN. Los delitos cometidos por estos civiles armados –y a quienes el Ejército se niega a desarmar– contra esas personas no fueron investigados ni procesados, enfatizó el informe.

El capítulo para Nicaragua aborda de manera integral las violaciones a los derechos humanos cometidas en 2019, el año después de la crisis de abril en el que la represión fue –y es– mantenida por el estado policial de facto ordenado por el régimen.

Aparte de las ejecuciones extrajudiciales en el campo, el informe del Departamento de Estado denuncia las torturas a las que fueron sometidos los presos políticos en prisión y a manos de parapolicias, incluida la violación sexual. “Las condiciones de las cárceles eran duras y ponían en peligro la vida de los presos políticos”, acotan.

Detenciones arbitrarias

Como parte del estado policial instalado en el país, el informe del Departamento de Estado hace énfasis en las detenciones arbitrarias. Según el informe, las autoridades utilizaban las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial para realizar detenciones arbitrarias más allá de las 48 horas de prescritas por la ley.

.@SecPompeo delivers remarks at the Human Rights Report release. pic.twitter.com/epOc95bWiT

— Department of State (@StateDept) March 11, 2020

“Muchos arrestos se hicieron supuestamente sin órdenes judiciales y sin informar a los miembros de la familia o a los abogados. Era común que se informara de hombres armados, encapuchados y vestidos de civil que actuaban solos o junto con la policía para arrestar y detener a los manifestantes”, dice el informe. “Las organizaciones de derechos humanos indicaron que las demoras en la liberación de los prisioneros después de haber cumplido las penas de prisión daban lugar a muchos casos de continuación arbitraria del estado de detención. La Policía también cometió arrestos y detenciones irregulares durante las investigaciones de los grupos armados de oposición u otros delitos violentos en las regiones septentrionales y centrales del país”.

Medios de comunicación acorralados

Los medios de comunicación independientes se enfrentaron a restricciones oficiales y extraoficiales, represalias y acoso, pero aun así lograron expresar una variedad de opiniones, según el informe del Departamento de Estado. “Los periodistas de muchas emisoras fueron amenazados y acosados con el propósito de limitar su independencia editorial”, critica.

El informe resalta que los periodistas fueron objeto de violencia, acoso y amenazas de muerte por parte del gobierno. “El renombrado periodista Carlos Fernando Chamorro se exilió en enero después de recibir acoso y amenazas de muerte. El 25 de noviembre regresó, junto con otros cinco periodistas. La estación de televisión 100% Noticias y las oficinas de la revista de noticias Confidencial permanecieron cerradas y bajo custodia policial después del asalto a esas instalaciones en diciembre de 2018”, reseña el Departamento de Estado.