29 de marzo 2023
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El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a la Policía Nacional en una lista de control de exportaciones del Gobierno, con lo que prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso difícil de obtener.
La designación en la llamada “Lista de Entidades” se da una semana después que el Departamento de Estado, en su informe anual sobre derechos humanos, indicara que la Policía “está involucrada en graves abusos contra los derechos humanos en el país”.
La agencia internacional Reuters publicó que el Departamento de Comercio agregó a la Policía por “participar en actividades contrarias a los intereses de la política exterior de Estados Unidos”.
“El Departamento de Comercio también modifica el Reglamento de Administración de Exportaciones para confirmar explícitamente que el interés de la política exterior de proteger los derechos humanos en todo el mundo es una base para agregar entidades a la Lista de Entidades”, subraya un comunicado oficial.
El informe de derechos humanos de 2022 citó “numerosos informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”. También criticó la aparente omisión de los funcionarios de Daniel Ortega de investigar los delitos cometidos por la Policía y los paramilitares en el contexto de las protestas cívicas de 2018.
El informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada nación.
Segunda sanción en dos años
En marzo de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Policía, como institución, y a tres comisionados: Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP); y Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito de Managua.
Esa sanción implica que quedan bloqueados todos los bienes que la Policía tenga en Estados Unidos, y que tampoco podrá hacer negocios con ciudadanos o empresas estadounidenses, quienes al mantener o establecer alguna relación comercial con la institución policial serían castigados por su Gobierno.
Las sanciones a la Policía Nacional han sido impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El Gobierno de Estados Unidos acusa a la Policía de “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”.
