23 de agosto 2016
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Franklyn Polanco Trujillo, un agricultor de Quilalí (Nueva Segovia), denunció este martes que él y su hermano Nolberto Morales Trujillo fueron arrestados el pasado once de agosto por miembros de la Policía Nacional, que supuestamente intentan vincularlos al asesinato del jefe policial de Boaco, comisionado general póstumo, Buenaventura Miranda Fitoria, ocurrido el pasado 27 de julio.
Polanco Trujullo, de 25 años de edad, asegura que estuvo detenido durante seis días en la delegación policial de Ocotal, donde recibió amenazas y patadas y le preguntaban qué sabía del asesinato del comisionado y dónde había estado a finales del mes pasado, aunque nunca le explicaron porqué fue detenido. A su hermano Nolberto, de 35 años, no lo ve desde la madrugada del día siguiente a su detención.
Los hermanos fueron apresados el pasado once de agosto, a las cuatro de la madrugada, cuando se preparaban para ir al campo a cosechar un plantío de frijoles.
Según Polanco Trujillo su hermano Nolberto Morales ha sido policía voluntario del municipio de Teustepe, en el departamento de Boaco, durante más de una década y a finales de julio llegó a la casa de su mamá en San Bartolo, porque ella estaba delicada de salud.
El agricultor afirmó que no recuerda el día exacto en que llegó su hermano, pero sostiene que no lo notó extraño ni tampoco les comentó nada sobre la muerte de Miranda Fitoria, e incluso él no supo de la noticia hasta el interrogatorio en la delegación policial.
Polanco Trujillo acudió este martes al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en busca de asistencia legal.
La abogada Wendy Flores detalló que apoyaran a Polanco con un recurso de exhibición personal a favor de su hermano Nolberto y una denuncia por maltrato y abuso de autoridad ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
Flores también recordó que esta es la tercera queja por detenciones ilegales en las investigaciones policiales para esclarecer el asesinato de Miranda Fitoria, en las cuales no se han respetado los plazos de ley para justificar una detención ni tampoco se permite el acceso familiar a los detenidos.
