6 de abril 2018
AA
Share
El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción denunció ayer que “no existe en el país una política pública encaminada a castigar la falta de transparencia en el manejo de recursos del erario público”, al presentar un reporte con las principales investigaciones de corrupción en los últimos meses.
El informe presenta los principales casos de corrupción denunciados en medios de comunicación independientes, como CONFIDENCIAL, entre diciembre del 2017 y febrero de este año.
Entre las principales denuncias publicadas en ese período están los lujos del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, que fue incluido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el pasado 21 de diciembre en la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés), que implica sanciones para violadores de derechos humanos, corruptos y narcotraficantes de todo el mundo.
“Es el colmo que un señor que fue acusado por corrupción se de una vida de lujos que evidentemente no se puede pagar con un salario de funcionario público”, expresó el exprocurador Alberto Novoa, miembro del Observatorio.
Además mencionaron la publicación sobre el saqueo en las Alcaldías ganadas por la oposición publicado por CONFIDENCIAL el pasado 5 de febrero en el que se narra cómo las nuevas administraciones liberales heredaron deudas millonarias, vehículos destrozados y “pérdida” de propiedades además de mobiliarios.
En el trabajo se cuenta el estado en que encontraron las arcas municipales los alcaldes de El Cuá (Jinotega) y La Trinidad (Estelí).
También se reportaron denuncias en las municipalidades de Wiwilí, Camoapa, San Sebastián de Yalí, El Ayote y El Almendro.
Gobierno complaciente con corrupción
“La corrupción es un fenómeno de alcances impredecibles que se esparce sin ningún control en el país de manera institucionalizada. Ya no se puede hablar de casos aislados en una u otra institución del Estado, sino de una complacencia y tolerancia gubernamental hacia esta nociva practica”, indicó Luis Robleto, quien dirige esta iniciativa.
Robleto insistió que la corrupción en la gestión gubernamental “se sustenta en una política de secretismo y falta de acceso a la información pública”.
El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción es una iniciativa de Hagamos Democracia, el Movimiento por Nicaragua, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el Instituto de Liderazgo de las Segovias, el Movimiento Puente y la Asociación Nicaragüense de Periodistas (APN).
Además anunciaron que en los próximos meses iniciarán una campaña de difusión contra la corrupción para “despertar la conciencia ciudadana”.
Novoa, por su parte, dijo “es lamentable que no exista ninguna institución que esté liderando los esfuerzos en luchar contra la corrupción”.
El caso Albanisa
Otro de los casos recogidos por el Observatorio es sobre el conglomerado Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), empresa mixta formada con capital mayoritariamente venezolano (PDV Caribe de Venezuela) y Petronic de Nicaragua.
“El semanario Confidencial publicó una serie de investigaciones sobre la desviación de más de 4.000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana hacia canales privados y negocios controlados por la familia presidencial”, indica el informe.
Novoa insistió que el efecto de la corrupción en el país es “devastador” porque “hay un empantanamiento de las instituciones” que provocan “un Estado de derecho colapsado”.
“Sin lugar a dudas, toda esta situación genera inseguridad jurídica, que termina afectando enormemente el clima de inversión en la nación”.
