21 de octubre 2015
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Organizaciones feministas de Nicaragua, con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expusieron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, la situación de violencia, vulnerabilidad y desamparo por parte del Estado que sufren las mujeres nicaragüenses.
La audiencia se realizó este martes en la sede de la CIDH. Las denunciantes del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) e IPAS, con el apoyo de representantes del CEJIL, expusieron las fuertes limitantes de la ley 779, ley de protección contra la violencia hacia las mujeres, a raíz de la creación del reglamento de la misma. También denunciaron la amenaza de las consejerías familiares, lideradas por miembros del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las comunidades y el "suplicio" de las niñas violadas que no pueden recurrir a un aborto terapéutico por que está prohibido desde 2006.
La abogada Juanita Jiménez, del MAM, expuso que la aplicación de la figura de la mediación supone un retroceso en la ley 779 y que reducción el concepto de feminicidio solo a las muertes a manos de una pareja puede dejar en la impunidad muchos casos de asesinatos de mujeres.
Jiménez también denunció que las consejerías familiares, instituidas tanto en la ley 779 como en el nuevo código de familia, preservan la tolerancia contra la violencia y no reconocen la diversidad de familias en el contexto nicaragüense. “Las consejerías o gabinetes de la familia son órganos partidarios y religiosos que excluyen a mujeres”, dijo la abogada.
Las denunciantes también manifestaron el pobre actuar del Estado en los temas de salud sexual y reproductiva, sobre todo en los casos de niñas y adolescentes embarazadas por violación. Según los datos presentados, en 2013 se reportaron 5,128 denuncias de violaciones, 14 por día, de las cuales el 80% fueron a niñas menores de 17 años. Según la Organizaciones Mundial de la Salud (OMS) de cada 100 violaciones 15 terminan en embarazo. Según los cálculos de Ipas, unas 500 menores resultaron embarazadas producto de una violación. "En el 2009, 1.700 niñas de 10 a 14 años dieron a luz en el Ministerio de Salud. ¿Se persiguió a 1.700 abusadores?”, cuestionaron las organizaciones de mujeres.
"Al ver a mi hijo pensé: ahora tengo un hijo del hombre que me violó. ¿Cómo va a ser mi vida ahora?”, fue uno de los testimonios que presentaron ante la CIDH.
Las faministas también expresaron su preocupación sobre el alto índice de fecundidad en adolescentes y niñas. Según los datos presentados por el fondo de población de Naciones Unidas (UNFPA), Nicaragua es el país con índice más alto de embarazo adolescente. "Estamos viendo que la situación de embarazos adolescentes está empeorando en la región”, manifestó la comisionada Rosa María Ortiz.
La participación política de la mujeres
La abogada Azahalea Solís, del MAM, se refirió en la audiencia a la participación política de las mujeres y expresó que, si bien el Foro económico mundial (WEF por sus siglas en inglés) colocó a Nicaragua como el país de América Latina donde hay más equidad de género, bajo una mirada más profunda se logra ver con más claridad el verdadero panorama.
Según Solís, la participación política de las mujeres en Nicaragua es cuantitativa pero no cualitativa y en ese contexto, las que están en espacios políticos y gubernamentales, no tienen ningún poder de decisión. Solís hizo referencia a al estudio “Sin República y sin ciudadanía. Participación política de las mujeres en Nicaragua en el contexto jurídico y político del 2014”, del Centro de Derechos Constitucionales que abarca 11 municipios del país y 4 distritos de Managua.
Las denunciantes plantean que el contraste entre las leyes y las cifras presentadas como logros del gobierno actual, y lo que sucede en la realidad es contradictorio. "El enfoque de género del Gobierno de Nicaragua es poner a mujeres antimotines a reprimir a las mujeres que nos manifestamos", dijo la abogada que hizo mención a casos recientes como la protesta de mujeres en la Mina El Limón o los ataques a las marchas del 8 de marzo, día internacional de la mujer.
El Estado de Nicaragua fue representado por la Ministra de la familia, adolescencia y niñez, Marcia Ramírez, la funcionaria de la Procuraduría General de la Républica (PGR), María Elsa Frixione y el abogado de la fiscalía, Javier Morazán. Ramírez hizo énfasis en que Nicaragua cuenta con una política de género y con una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva.
“93 % de las mujeres han recibido atención prenatal y hay prioridad para las mujeres en los programas sociales y también en los cargos. Hay una política 50-50”, expresó la ministra Ramírez.
El abogado Morazán mencionó que la fiscalía tiene como prioridad perseguir delitos sexuales contra menores de edad y defendió la figura de la mediación. “Es voluntaria”, dijo.
“Así como dan datos de las mujeres que están en el Estado, deben de dar datos que han sido destituidas. A una diputada la destituyeron por ir contra el Canal Interoceánico”, respondió Azahalea Solís, del MAM.
Tracy Robinson, relatora dela CIDH para Nicaragua y para asuntos de la mujer, dijo que es preocupante que aún se penalice el aborto terapéutico y que es necesario que el Estado facilite una visita de la comisión, algo que hasta el momento no se ha logrado.
Este Martes también se realizó una audiencia sobre las violaciones de Derechos Humanos a los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe. En ambas audiencias, se pidió al Estado respuestas sobre el caso de los dos abogados de Cejil, impedidos de entrar al país el pasado Mayo. Los representantes de gobierno no respondieron ante las interrogantes.
