20 de octubre 2022
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El silencio de la jerarquía católica ante la embestida del régimen orteguista, que mantiene en prisión a once religiosos --incluido monseñor Rolando Álvarez, en casa por cárcel desde hace más de dos meses-- es cuestionado por otros religiosos, que consideran necesario que las autoridades eclesiales adopten una posición firme en demanda de respeto a los sacerdotes y su ministerio. La persecución orteguista también ha obligado a cerca de una decena de sacerdotes a exiliarse.
El padre “Carlos” ha sufrido persecución. Desde algún punto de Nicaragua accedió hablar con CONFIDENCIAL bajo anonimato para evitar mayores represalias. Se siente inseguro, teme que en cualquier momento la represión lo alcance, como ocurrió con el onceavo religioso secuestrado por el régimen orteguista, el padre Enrique Martínez Gamboa, acusado de forma exprés por supuesta “conspiración” y “propagación de noticias falsas”.
Por su seguridad evita salir a menudo y cuida que sus mensajes bíblicos no se interpreten como un ataque al Gobierno; en realidad, no lo son, aclara el sacerdote. En medio de esta escalada de aprehensiones contra religiosos y restricciones migratorias, el padre "Carlos" siente que "estamos a la deriva completamente”, y enseguida justifica.
Cuando ocurre un nuevo ataque contra la Iglesia, la jerarquía católica no les notifica nada; así lo ha hecho con monseñor Álvarez, con los padres secuestrados, con los padres en el exilio o con los sacerdotes asediados.
“Todo se está manteniendo bajo una estricta discreción que no sabemos hasta qué punto es discreción, porque sentimos que estamos solos. No hay una Conferencia Episcopal - de Nicaragua- que pueda ejercer su función y dar a respetar el cuido de los sacerdotes, al cual ellos tienen que estar al frente de esta situación”, cuestionó el sacerdote.
En junio el régimen de Daniel Ortega hizo lo impensable para la mayoría del pueblo católico: arrestó al primer sacerdote por un delito común; el padre Manuel García. Le siguió el sacerdote José Leonardo Urbina, ambos condenados por delitos comunes. Sin embargo, el tratamiento cambió con ocho religiosos cautivos en El Chipote, que están siendo procesados por supuesta conspiración y propagación de noticias falsas.
A la par, la Policía ha prohibido procesiones y asediado eucaristías como ocurrió en las fiestas patronales de Masaya. También ha amenazado sacerdotes y profanado templos, como pasó en la iglesia Divina Misericordia, en Sébaco. Ante todo ese contexto de nuevas agresiones directas del Gobierno contra la Iglesia, esta ha preferido el mutismo.
Es un silencio que al inicio de la escalada represiva, los sacerdotes entendían como prudencia pero ante el contexto actual, no lo comprenden. “Cada quien se está cuidando en su parroquia”, dice el padre “José” bajo anonimato desde el exilio. Su templo, ubicado en el centro - norte del país permanecía vigilado.
Los superiores católicos están al tanto de la situación del padre "José" y el padre "Carlos", dos de varios curas que están bajo intimidación en sus iglesias. A la jerarquía les preocupa lo que enfrentan, pero “no hay beligerancia”, cuestiona el padre “Carlos”.
Obispos permanecen en silencio ante escalada represiva
Los dos sacerdotes consultados desconocen cuál es la razón de fondo que genera el mutismo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) ante la agudización de la persecución del Gobierno contra la Iglesia. Podría ser generado por el miedo o también porque hay obispos a favor del Gobierno, considera el sacerdote “Carlos”.
La nueva embestida del régimen orteguista se intensificó el primero de agosto, con el cierre de diez emisoras de la Diócesis de Matagalpa, a cargo de monseñor Rolando Álvarez; una de las voces proféticas de la Iglesia. El prelado había sido hostigado por la Policía meses antes - en mayo-, provocando se refugiara en un templo en Managua. El jueves 4 de agosto decenas de policías rodearon la Curia Episcopal en Matagalpa y obligaron al obispo Álvarez a recluirse dentro del edificio junto con sus colaboradores sin acceso a medicinas y alimentación. Así resistieron durante 15 días.
La Policía asaltó durante la madrugada del 19 de agosto la Curia Episcopal matagalpina y trasladó al obispo a un régimen de casa por cárcel en Managua, investigado supuestamente por “organizar grupos violentos” y “ejecutar actos de odio”, mientras los seis religiosos y un laico que le acompañaron durante el secuestro fueron encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote.
La respuesta de la jerarquía católica ante tal acto fue comedida: “esperamos que la razón, así como el entendimiento respetuoso abran solución de esta crítica y compleja situación para todos”, señalaron en un comunicado emitido por la Arquidiócesis de Managua. La CEN aseguró que sentían un “profundo dolor” por la “herida que sufrimos como Iglesia en Nicaragua” al referirse a la situación del obispo Álvarez. Ya hace 62 días de aquel pronunciamiento.
La Iglesia ha tomado una posición de “prudencia extrema”, dice el sacerdote “José”. Orienta a los sacerdotes que oren, y “lo estamos haciendo”, pero es necesario que se manifieste “porque son muchas las injusticias, mucho el dolor que se está haciendo. Los sacerdotes, ya vos no sabés si querés ir a dar una vuelta a la manzana, porque te sentís acosado, perseguido (...)”, cuestionó.
El pasado 15 de septiembre el papa Francisco aseguró que mantienen un diálogo con el Gobierno de Ortega. “Hay diálogo, se ha hablado con el Gobierno. Hay diálogo, pero esto no quiere decir que se apruebe o desapruebe todo lo que hace el Gobierno”, expresó. Sin embargo, después de un mes de aquella declaración la situación de los sacerdotes no ha hecho más que agravarse con procesos judiciales en curso y nuevos arrestos.
El cardenal Leopoldo Brenes es el único que ha visto a monseñor Álvarez, y aseguró a medios de comunicación que está bien, sin entrar en detalles sobre la situación de ilegalidad la que está sometido.
-¿Qué les han dicho sobre el obispo Rolando Álvarez?- se preguntó a los sacerdotes.
“Lo que ustedes saben es lo que nosotros sabemos”, aseguró el padre “Carlos”, a la vez que recordó que una reunión se compartió información que el obispo estaba bien, sonriente y platicón. Eso generó una reacción de espanto entre los padres; “podemos estar ensangrentados y estamos bien para nuestras autoridades”, reclamó el religioso.
“Solamente lo que salía en los medios -de comunicación-” afirmó el padre “José”, y aclaró que no fue un "traslado", sino un secuestro.
Persecución imparable contra Iglesia católica
“Vemos que la posición del Gobierno esta firme en contra de la Iglesia”, subraya el sacerdote "José", quien desde el exilio ve con preocupación este sinfín de agresiones sin saber cuándo cesarán.
"Nos inventan cualquier cosa con tal de atacarnos y acallarnos, de intimidarnos, de meternos miedo, para que ya después no digamos más nada, y ellos poder hacer todas las injusticias que quieran, todas las violaciones que quieran, y claro ya no hay una voz que denuncie”, subraya.
La persecución contra la Iglesia también se ha evidenciado mediante restricciones migratorias. En los últimos cuatro meses, al menos cinco sacerdotes no han podido entrar a Nicaragua sin una justificación mayor a que su ingreso no ha sido autorizado. Para el padre "José" la situación del país ha llevado al pueblo a gritar las mismas palabras de Cristo estando en la cruz: “padre mío porqué me has abandonado. Ya estamos viviendo esa situación nosotros. Acudimos al padre. A veces uno se siente así".
“Yo he confiado siempre en la oración, yo confío en mi Iglesia, pero no sé. Estamos viviendo una situación que tiene que tomar una posición”, exhortó el cura, quien ha sido víctima directa de la represión.
