7 de diciembre 2020
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Para Maycol Antonio Arce el dolor más grande de estar encerrado en prisión es no poder estar junto a sus hijos: un bebé de casi dos años y una niña de siete años. Ha soñado con “subir” el cinco de diciembre, junto con su hija, en su graduación de preescolar. “Sufre por no poder verlos, desde hace seis meses por la pandemia de covid-19 no los he podido llevar”, cuenta su madre, Maritza Arce Moreno.
El próximo 25 de diciembre este joven de 29 años, originario de Tipitapa, cumplirá dos años encarcelado y pasará su tercera Navidad en prisión.
Es uno de los 109 presos políticos encerrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por participar en las protestas iniciadas en abril de 2018. Pero además, es uno de los que lleva más tiempo encerrado. No fue liberado con la Ley de Amnistía, aprobada por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional en junio de 2019, ni en otras excarcelaciones masivas que ha concedido el régimen.
“Cada vez que liberan a grupos pequeños o grandes, busco desesperada en las listas su nombre y lloro cuando no lo encuentro. Mi hijo es uno de los pocos que sigue en prisión, desde el 25 de diciembre de 2018 cuando fue injusta y salvajemente encarcelado”, explica su mamá, al recordar que el propio día de Navidad su hijo fue encarcelado.
Golpeado y torturado
Maycol Antonio fue detenido porque defendió con un palo a su tío, Julio Humberto Arce Moreno, cuando varios policías lo estaban golpeando salvajemente para arrestarlo. Ambos estaban sentados frente a su casa, en Tipitapa, cuando unos policías pasaron en dos patrullas advirtiéndoles que los requisarían por andar marchando en las protestas contra Ortega-Murillo.
Los dos corrieron a meterse a su vivienda, donde la Policía Nacional llegó a detenerlos, sin presentar ninguna orden de captura.
A patadas botaron la puerta del cuarto donde estaban encerrados y los empezaron a golpear. Cuando sus familiares reclamaron, uno de los policías les gritó: “Van presos porque andaban en los tranques”.
Su madre detalla que, cuando fue detenido, los oficiales lo estaban asfixiando y le zafaron la mandíbula. A pesar de sus súplicas constantes, hasta ahora, no ha sido valorado por un médico. “Varios de sus dientes se le han aflojado, constantemente le duele una parte de la cara y eso le provoca un intenso dolor de cabeza”, relata.
La acusación
Al joven que trabajaba como mecánico agrícola lo acusan de tentativa de homicidio en perjuicio de un oficial de la Policía Nacional y de obstrucción de funciones. Su madre rechaza esa acusación y asevera que su hijo es inocente.
“Su único delito, y por el que hasta hoy permanece encerrado por casi dos años, es haber participado en marchas contra el Gobierno”, afirma.
Su tío también fue encarcelado, acusado por los mismos delitos y fue liberado el 30 de diciembre de 2019. “Ese día me sentí feliz, pero saber que mi hijo sigue encerrado me partió el alma. Es una injusticia y no entiendo por qué no lo sacaron de la prisión”, insiste Maritza.
Maycol Antonio también es uno de los 41 presos políticos a los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el pasado dos de noviembre medidas cautelares en las que instan al Estado de Nicaragua a garantizar la protección de los derechos a la vida e integridad personal de quienes se encuentran “en una situación de riesgo”.
El pasado 16 de abril se solicitó al Juzgado que ordenara una valoración médica de este joven, porque presentaba vómito, diarrea y un brote en la piel. “Mi hijo me cuenta que le empezaron después a dar unas fiebres intensas, pero nunca fue atendido, ni le dieron medicinas”, comenta.
“Maycol Antonio dice que se curó tomando tecitos de manzanilla y bañándose constantemente con agua fría. Pero el cansancio en el pecho y la tos crónica persisten”, lamenta su madre.
22 días sin comer
Yader Polanco Cisneros es hipertenso, pero aun así decidió sumarse, hace unas semanas, junto con otros presos políticos a una huelga de hambre. Pasó 22 días sin comer para exigir su libertad.
Yader está encarcelado desde el 25 de septiembre de 2018, acusado del delito de asesinato. En noviembre de ese mismo año la jueza Claudia Sánchez García, del Juzgado Primero Distrito Penal de Matagalpa, lo declaró no culpable y ordenó su libertad. Sin embargo, al día siguiente la judicial revirtió su fallo, reabrió el caso y se inhibió del proceso.
El 21 de diciembre de 2018, en un segundo juicio, el juez segundo del Distrito Penal de Matagalpa, Bernardo Morales, lo declaró culpable. Fue condenado a 22 años y seis meses de prisión.
La justicia orteguista señala que Polanco, junto con Jorge Adolfo García, ambos originarios de Esquipulas, Matagalpa, son los responsables del asesinato de Juan Antonio Tinoco, de esa misma localidad. Pese a que no hay ninguna prueba certera, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaron la pena, denuncia su abogado Arnulfo López, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).
“Es una aberración jurídica lo que han cometido, cuando la única razón por la que sigue detenido es porque apoyó las protestas ciudadanas”, asegura López.
“Le cobran el apoyo a un tranque”
Óscar Polanco Cisneros, hermano del preso político, explica que su hermano, quien se dedicaba a tiempo completo a su negocio funerario que atiende a varios municipios de Matagalpa y Boaco, es inocente. “Le cobran el apoyo de alimentos que dio a los jóvenes de un tranque ubicado en San José de los Remates, en Boaco”, afirma.
“A mi hermano le han inventado disparates, como que en los ataúdes acarreaba armas, pero él solo les daba ayuda a los manifestantes, porque dejaban humanitariamente pasar los féretros para que la gente enterrara a sus muertos”, insiste el hermano de Yader.
Óscar no se explica por qué Yader no ha sido liberado tras más de dos años en prisión y está cerca de pasar su tercera Navidad en el Sistema Penitenciario de Waswalí. “Él me dice que se pone triste de seguir encerrado, sobre todo en las fechas navideñas, pero afirma que sigue con su frente en alto porque es inocente y sabe que esta tortura tiene que terminar pronto”, menciona.
“Mi esposo tuvo covid-19”
Cada vez que Marcia Carvajal Avendaño va al Sistema Penitenciario de Chinandega a visitar a su esposo, Carlos López Cano, se alegra. Por unos instantes se les olvida que están separados desde el 22 de mayo de 2019, cuando fue capturado y acusado de supuesta violación.
Este hombre de 28 años trabajaba en una bicitaxi en su natal León y se sumó a las protestas en abril de 2018. Estuvo apoyando a los manifestantes en el tranque de la salida a Chinandega. “Por eso tanto odio contra él y le inventaron una violación a un familiar de un sandinista”, afirma su esposa.
“El 30 de abril de 2020, la esposa del propuesto beneficiario solicitó al Juzgado que se ordenara de manera urgente su remisión al médico forense para la práctica de una valoración médica, por presentar síntomas característicos de covid-19, tales como tos seca, dolor en la garganta y pecho, calentura y dolor de pulmones. A pesar de ello, no se habría obtenido una respuesta a la solicitud”, indica la CIDH en el otorgamiento de medidas cautelares.
Carlos comparte celda con otras 21 personas, lo que impide el distanciamiento social. “Están todos apiñados y ninguno fue tratado como enfermo de covid-19, aunque sabemos del brote que existió en todo Chinandega”, denuncia su esposa.
“Extraña a sus hijas”
Para Marcia han sido días duros. Para sobrevivir vive de personas que le ayudan, trabajos temporales y a veces da a trabajar la bicitaxi. “Es difícil estar así y ser fuerte, pero él está fuerte porque confía en su inocencia”, valora.
“Él también extraña a sus dos hijas que tiene de un matrimonio anterior y es duro no poder verlas”, comenta.
Marcia también debe llevar a Carlos sus medicamentos porque él es hipertenso. “A veces no me han dejado entregarle sus pastillas y se pone muy mal”, agrega.
Cuenta que su esposo fue encarcelado con engaños. Lo citaron a la Policía diciéndole que había chocado a una anciana en su bicitaxi y que por eso debía ir a mediar con la familia. “Pero nunca volvió y se lo llevaron sin darme explicaciones”, lamenta.
Fue hasta 21 días después que pudo verlo. Le contó que lo habían torturado y que en la prisión los otros reclusos le quitaban comida. “Ha vivido un infierno y a veces prefiere quedarse encerrado y no salir a tomar el sol con los demás”, explica Marcia.
La mujer eleva un reclamo lleno de angustia en nombre de los 109 presos políticos que aún continúan en prisión: “Yo imploro a este Gobierno que libere a todos los presos políticos. Es demasiado cruel que sigan ahí”.
