21 de febrero 2019
A pesar de que el régimen de Daniel Ortega reconoció la crisis política, social y económica que afecta a Nicaragua, y anunció su intención de lograr un entendimiento nacional en una reunión con empresarios del “gran capital”, la maquinaria policial continúa capturando a jóvenes en distintas ciudades del país y aumentó el maltrato a los presos y presas políticas en las cárceles del país, que nuevamente son víctimas de golpizas y órdenes de castigo en celdas de máxima seguridad.
Daniel Esquivel, miembro del Comité Pro Libertad de Presos y Presas Políticas, aseguró en una entrevista en el programa Esta Noche, que los ciudadanos detenidos continúan recibiendo maltrato, se encuentran aislados y han recibido condenas de más de 200 años, en juicios viciados.
“Hace doce días Irlanda y sus hermanas de celda fueron golpeadas brutalmente. Ayer 50 presos políticos recibieron golpizas y algunos fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad. Las razones o motivos no los conocemos”, explicó Esquivel, esposo de la presa política Irlanda Jerez.
Esquivel afirmó que durante la visita conyugal del martes pasado, se dio cuenta que Jerez tiene moretones en su cuerpo, uno de sus senos está lastimado, tiene hemorragia vaginal, y que otras presas políticas como Olesia Muñoz, tienen golpes, arañazos y hematomas.
Posición clara y unánime
El sábado 16 de febrero el Comité dijo a través de un comunicado que para reanudar el diálogo nacional el régimen de Daniel Ortega debe liberar a los presos políticos que tiene en los distintos centros penitenciarios y estaciones policiales del país. Según un informe preliminar de esta organización, hasta el 16 de febrero al menos 778 se encontraban detenidos. De este número, 22 son menores de edad.
“Nuestra posición es clara, debe haber libertad para los presos políticos, para poder iniciar un diálogo. En segundo lugar que las Madres de Abril y el Comité estén presentes (en el diálogo) porque debe haber justicia, reparación y no repetición. Tienen que volver las libertades ciudadanas, el derecho a manifestarse y la libertad de prensa. Necesitamos que organismos como la CIDH, la ONU y el MESENI estén presentes en el país antes de iniciar el diálogo”, señaló Esquivel.
Sobre las versiones atribuidas a fuentes vinculadas al Gobierno acerca de estar contemplando una liberación parcial de algunos presos políticos como muestra de “buena voluntad” para reanudar el diálogo nacional, Esquivel expresó que el Comité entiende que este punto no es un tema sencillo, sin embargo, “si los metió a todos de un solo, los puede liberar” de la misma forma, pues además los procesos judiciales son nulos debido a que no están apegados al debido proceso.
“Nosotros mantenemos relaciones con la Unidad Nacional Azul y Blanco y con la Alianza Cívica. Ellos saben que los presos (liberación) y los muertos (justicia) son parte vital e importante del diálogo. Nosotros hicimos público nuestro pronunciamiento y todos están claros que exigimos liberación inmediata como gesto de buena voluntad, si (Daniel Ortega) quiere dialogar no debe tener las cárceles llenas de presos políticos”, manifestó Esquivel.
La última agresión
Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), informó que recibió varias denuncias de presos políticos, quienes denunciaron que fueron golpeados por miembros de las fuerzas especiales. La golpiza ocurrió en el sistema penitenciario La Modelo, específicamente en la galería 16-1.
"Refirieron que cantaron el Himno Nacional de Nicaragua, y que enarbolaron orgullosamente los colores azul y blanco, a través de distintas artesanías que ellos mismos producen en ese Centro Penitenciario. Eso provocó que los atacaran con unas estafetas negras. Después les tiraron unas 20 bombas lacrimógenas, bombas de pimienta y unas cuantas bombas aturdidoras", explicó Montenegro.
Los presos políticos se protegieron encerrándose en sus celdas. Ubicaron como escudos sus colchonetas, pues les lanzaban piedras desde afueras de las celdas, asimismo se cubrieron con paños húmedos, sin embargo, después les cortaron el servicio de agua y lo redujeron.
"En un determinado momento, utilizaron sus bolsas de pinolillo y jabones, y los lanzaron contra las fuerzas especiales. Hubo personas de la tercera edad desmayados y que vomitaron ante los efectos de las lacrimógenas. Dijeron que desde una torre de vigilancia del centro penitenciario realizaron disparos preventivos. No hubo heridos por esa causa, sino por los golpes recibidos, se habla de al menos cuarenta personas heridas. Esto duró aproximadamente tres horas", informó Montenegro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "recibió con mucha preocupación" las consistentes denuncias sobre golpizas y malos tratos contra manifestantes presos en La Modelo y La Esperanza. Señaló que el Estado debe cesar inmediatamente estas acciones.
"La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son siempre violatorios del derecho internacional. La CIDH está solicitando información al Estado de Nicaragua sobre estas graves denuncias. Su obligación convencional es responder a la brevedad", escribió este organismo internacional en sus redes sociales.
Los presos en el nuevo “Chipote”
A inicios de febrero el régimen de Ortega inauguró las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que está situado en el sector del Memorial Sandino. La institución policial indicó que todos los presos que estaban en el antiguo edificio iban a ser trasladados a unas celdas “más cómodas”.
Esquivel dijo que el Comité conoce del traslado de 80 presos políticos del viejo “Chipote” a las nuevas instalaciones. Expresó que desconocen si las autoridades policiales continúan usando las celdas de la DAJ como cárceles, aunque no lo descartó pues en el Gobierno todo se maneja con secretismo.
“La semana pasada (los presos políticos) recibieron visita. Algunos (familiares) nos dijeron que los habían trasladado y que estaban en las nuevas celdas. Pero los interrogatorios continúan siendo fuertes, a las mujeres las siguen desnudando y las obligan a hacer sentadillas. Eso lo dijo Justina que fue detenida durante dos días. El modus operandi de los investigadores sigue siendo el de siempre”, finalizó Esquivel.