11 de mayo 2023
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La cancelación de la personería jurídica y confiscación del patrimonio de la Cruz Roja Nicaragüense (CRN) por parte del régimen orteguista representa un “asalto” y la profundización de la crisis sociopolítica en Nicaragua, al desaparecer un organismo de carácter humanitario internacional, que actuaba bajo el principio de neutralidad, y convertirlo en un instrumento de control de la dictadura supeditado al Ministerio de Salud (Minsa), consideran defensores de DD. HH. consultados por CONFIDENCIAL.
“Es el asalto y el final de esa asociación”, reconocida a nivel internacional por su neutralidad en conflictos bélicos, señala Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Este miércoles la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, ordenó la eliminación de la CRN y mandó a crear una “nueva”, pero esta vez, “dentro de un modelo cristiano, socialista y solidario”, que se traduce en obediencia absoluta a Daniel Ortega y Rosario Murillo, como el resto de instituciones del Estado.
La Ley 1152 o Ley de derogación del decreto legislativo número 357 y creación de la Cruz Roja Nicaragüense fue aprobada por unanimidad por los orteguistas, “en un acto de infamia”, apunta Carrión. No solamente hicieron un cambio de régimen jurídico, sino que avalaron que esa organización pase a ser una entidad “controlada y sometida al Estado” y a un ministerio, que en 2018 negó la atención médica a los heridos de la represión.
“Cinco años después le pasan la cuenta como un verdadero castigo”, asegura el defensor. Los diputados orteguistas argumentaron este miércoles que “algunas filiales” de la CRN transgredieron sus principios (humanidad, imparcialidad, neutralidad), sus estatutos y leyes del país para asistir a los heridos en el contexto de las protestas, que fueron brutalmente reprimidas por policías y paramilitares, cuando el sistema público se negó a recibir a varias de las víctimas.
El especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, explica que la “naturaleza” de la Cruz Roja es la atención a heridos durante un conflicto armado, que no fue el caso de Nicaragua porque no era una guerra, sino protestas pacíficas que fueron atacadas por el Gobierno.
Esa misión de la Cruz Roja está reconocida en diferentes instrumentos internacionales suscritos por Nicaragua, añade.
No pueden utilizar nombre y emblema
“Si vos nacionalizás a la Cruz Roja pierde esa naturaleza de neutralidad”, y no puede utilizar los emblemas de la asociación porque son normas internacionales, advierte Pineda.
Alex Aguirre, experto en temas de resolución de conflictos, aseguró al medio Nicaragua Actual que el nombre y emblema de la Cruz Roja está registrado a nivel mundial por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, fundada en París y el Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, Suiza. “Sí la dictadura se encapricha en mantener el nombre y el emblema, dichas organizaciones podrían interponer un recurso penal internacional pidiendo cuentas al Estado de Nicaragua por el uso de su emblema”.
“Es muy grave lo que ocurre, al nacionalizar la Cruz Roja, que además de ser un disparate desde la perspectiva jurídica porque no se puede, va a generar esa indefensión de la población en un contexto altamente volátil”, subraya Pineda.
El régimen orteguista se sostiene con base a la comisión de crímenes de lesa humanidad, según el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y cualquier demanda de apertura democrática se castiga con cárcel y exilio. Esos factores son “un caldo de cultivo” para dos escenarios, considera Pineda. El primero es un nuevo estallido social y el segundo que surja un grupo beligerante (armado) con intenciones de acabar con la dictadura.
Si ocurriera el primer caso se puede dar una “reedición” —como en 2018— de la negativa de atención médica por parte del Minsa, con el agravante que la labor humanitaria de la Cruz Roja puede verse obstaculizada, puede negar servicio, señala.
“La comunidad internacional tiene que ser fuerte y categórica en esto, porque Nicaragua ha quedado desprovista de un mecanismo de protección humanitaria ante un estallido social o ante la posibilidad de grupos beligerantes. Es muy grave lo que ocurre”, continuó Pineda.
Carrión sostiene que con el cierre de la Cruz Roja el “gran perdedor es el pueblo de Nicaragua” porque, ahora, enfrenta un sesgo político en una organización de asistencia humanitaria. “Al ponerle el sello de la tiranía eso carece de legitimidad nacional e internacionalmente”.
Para Danny Ramírez-Ayérdiz, miembro del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), el régimen envía un mensaje al pueblo nicaragüense, que en caso de levantamientos sociales “nadie va asistir a la ciudadanía con la capacidad que tiene la Cruz Roja”.
Lo que ha hecho el régimen es “aprovechar el nombre, prestigio o tratar de simular que no pasa nada, pero ha desnaturalizado a la organización”, destaca Pineda. “No puede formar parte por antonomasia de la estructura, de la misión, visión y objetivos que tiene la Cruz Roja Internacional o el Comité Internacional de la Cruz Roja porque ha perdido su naturaleza de neutralidad al formar parte del Gobierno”, señala.
Régimen con interés económico en Cruz Roja
La CRN cuenta con 32 filiales activas y una sede nacional, que desde este miércoles pertenecen al Estado en otro acto confiscatorio del régimen orteguista. La “nueva” Cruz Roja funcionará como un “ente autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, la que será sucesora legal, sin solución de continuidad de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, creada mediante decreto legislativo número 357”, se lee en la ley aprobada.
La disolución obligatoria por el régimen orteguista de la CRN no solamente buscaba castigar su labor humanitaria en 2018, sino que existe un “interés económico” de por medio porque “hay una gran cantidad de bienes importantes”, indica Pineda.
Aunque en Nicaragua aún existe iniciativa privada y una economía de mercado, el régimen ha confiscado varios patrimonios de las más de 3000 organizaciones civiles que ha cancelado en los últimos cinco años.
Para el defensor, esta acción del régimen está relacionado con “supervivencia gubernamental” ante escenarios económicos más adversos para una dictadura aislada internacionalmente.
“El régimen se está preparando para enfrentar la mayor precariedad económica posible. No solo es un tema de castigo o de ambición, sino que también busca extender cualquier recurso del que pueda echar mano”. “Lo que que está buscando es echar mano de la mayor cantidad de bienes posibles para hacer frente en momentos de apremio económico”, sostiene.
Si bien se desconoce el patrimonio total de la CRN, la institución brinda servicios, como laboratorio clínico, escuela de natación, exámenes para trámites de licencia, centro automotriz, ambulancia, servicios especiales, rescate y otros. Y además mantiene diferentes acciones para la recaudación de fondos a través de sus filiales.
Consolidar un Estado totalitario
El opositor Juan Diego Barberena considera que el cierre y asalto de CRN es una muestra más de la estrategia del régimen orteguista, de continuar consolidando su sistema político totalitario, y ahora, concentrar el control de la atención médica.
A juicio del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca, “el régimen Ortega Murillo tiene el propósito de ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, eliminar cualquier tipo de participación y apoyo humanitario o social que se le brinde a la población”.
“Se trata de criminalizar la labor humanitaria, social y hasta religiosa para ser ellos los únicos, sin embargo, con estas acciones aumentan la vulnerabilidad de la población y violentan sus derechos humanos”, alerta.
Asimismo, para el defensor Pablo Cuevas, el régimen busca el sometimiento de cualquier organización, de tal forma que alguna asociación, que como la Cruz Roja decida ser imparcial y neutral "no tiene cabida en nuestro país", bajo la dictadura de Ortega.
