16 de julio 2023
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En una celda del Broward Transitional Center (BTC por sus siglas en inglés), en Pompano Beach, Florida, se encuentra la periodista nicaragüense, Joselin Nazareth Montes González. Su juicio de deportación está programado para el 28 de agosto de 2023, por lo que la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH) impulsa una campaña contra reloj para frenar su deportación.
La campaña consiste en que personalidades nicaragüenses, excarcelados políticos y líderes gremiales, den fe de los riesgos que implica ejercer el periodismo en Nicaragua y cuenten las razones por las cuales Montes no puede volver al país, explicó el director de la DNDH, Pablo Cuevas.
Los expresos políticos Félix Maradiaga y Medardo Mairena ya se han comprometido a brindar su testimonio. Además, se realizan gestiones con ocho congresistas estadounidenses.
Los testimonios serán anexados al expediente de Montes, en el cual los defensores relatan que la periodista posee conocimientos básicos de enfermería y que, durante el estallido social de 2018, curó a los heridos de la represión en su natal Chinandega.
El objetivo de estos testimonios es que el juez conozca detalles importantes del caso de Montes y que los tome en consideración al momento de decidir “si manda la deportación o si da lugar a la solicitud de asilo hecha por sus abogados”, explicó Cuevas.
En la Defensoría “le hicimos un documento donde se cuenta su historia, narramos los derechos violentados, como la libertad de expresión, y señalamos que ella es víctima de desplazamiento forzoso, que es un delito de lesa humanidad”, agregó el defensor de derechos humanos.
Montes permanece detenida desde el 18 de abril de 2023 en el BTC, de Miami. El juicio de deportación estaba programado para el 17 de mayo, pero su abogado no se presentó y el juez lo reprogramó para el 5 de julio. Sin embargo, esta vez fue el abogado quien solicitó reprogramar la audiencia para el 28 de agosto y el juez accedió. Cuevas considera que esto “es producto de todo el esfuerzo que se ha hecho”.
Le cancelaron la visa en 2016
Montes, de 33 años, llegó a Estados Unidos de forma irregular el 4 de enero de 2023, huyendo de la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Después de cruzar el Río Bravo, se entregó a las autoridades migratorias de Texas, y comenzó un proceso bastante complicado.
El fondo de este asunto es que en marzo de 2016 ella viajó con visa de turista a Houston, Texas, y permaneció seis meses en EE. UU. Al momento de su retorno a Nicaragua, en el aeropuerto los oficiales de migración le cuestionaron por qué había permanecido tanto tiempo en aquel país. Ella se puso bastante nerviosa, por lo que, los oficiales le cancelaron la visa. Situación que es considerada una deportación.
Montes no dimensionó la gravedad de lo sucedido en 2016 y a inicios de este año decidió volver de forma irregular. Esta vez con la intención de pedir asilo político debido a la persecución en su contra, pero se topó con una barrera legal.
Según el defensor de derechos humanos, cuando la periodista entró a Estados Unidos le pusieron como condición llamar diariamente a migración; sin embargo, el 24 de febrero le giraron “orden de deportación cerrada” y le pusieron un grillete en el tobillo derecho para controlar sus movimientos.
“Le ofrecí iniciar su proceso de legalización, pero es duro en esta parte del mundo, porque la gente tiene que trabajar para subsistir y asumo que por ello, ella no pudo terminar su relato y no lo presentó ante esta oficina”, comenta el defensor.
El 18 de abril, mientras los nicaragüenses opositores conmemoraban el quinto aniversario del estallido social, Montes asistió a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), donde fue detenida y trasladada al BTC de La Florida.
De acuerdo con el defensor de derechos humanos, en este tiempo se han realizado gestiones para que la periodista responda al proceso de deportación en libertad, pero el juez le negó el derecho a fianza. Sus familiares y amigos —inclusive— habían prestado dinero para pagar la fianza, pero el juez rechazó esa posibilidad.
Los amigos de Montes también realizaron un plantón el 30 de junio pasado en la Calle Ocho, en Miami ubicada 762 A SW 18th Ave, para que el juez considere la situación de riesgo de la periodista en Nicaragua.
Cuevas, por su parte, mantiene viva la esperanza de que el oficial deportador deje a la periodista responder al proceso en libertad. Advirtió que el pasado 5 de julio, este le solicitó al abogado de Montes una partida de nacimiento y otros documentos que debieron presentar el 10 de julio, por lo que, enfatiza, “existe la posibilidad”.
Participó activamente en las protestas de 2018
Montes, originaria de Chinandega, estudió periodismo en la Universidad de Managua (UdeM). Inició su carrera profesional haciendo pasantías en el canal local de Chinandega, donde posteriormente fue contratada. De manera simultánea se desempeñó como corresponsal de Canal 10, de televisión nacional.
Durante el estallido social de 2018 en Nicaragua, Montes se integró a las protestas y hasta fue voluntaria en una brigada médica denominada “Alvarito Conrado”. Desde entonces, era vigilada por los simpatizantes del régimen, quienes —inclusive— la acusaron públicamente de intentar quemar la Alcaldía de Chinandega y de querer asesinar al secretario político del departamento, José Manuel Espinoza.
La periodista se vió obligada a renunciar a ambas televisoras y se refugió durante dos años en una finca en las afueras de Chinandega. Luego, se trasladó a Masaya, por otros dos años. “Andaba de lugar en lugar”, dijo en una entrevista que brindó a Despacho 505 en marzo pasado.
A finales del 2022, Montes decidió viajar a Estados Unidos, pero llegó hasta el 4 de enero de 2023. En ese país se afincó en Miami, donde también está su cónyuge y un grupo de amigos que la están acompañando en todo este proceso.
