10 de marzo 2022
AA
Share
El juicio contra la defensora de derecho humanos y presa política, Evelyng Pinto, duró un poco más de cinco horas. Tiempo suficiente para que el juez la declarara culpable por los delitos de “conspiración” y “ciberdelitos”, en una audiencia que se llevó a cabo a puertas cerradas en una sala del Complejo Judicial de Managua.
Al final de la jornada —en el debate de pena— el Ministerio Público solicitó la imposición de ocho años de cárcel, cinco por conspiración y tres por ciberdelitos, más 500 días multas. La lectura de la sentencia fue programada para el 14 de marzo, a las 8:30 a. m., reportó el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
“Durante la farsa (el juicio), pese a que la defensa solicitó que le dejaran reunirse un momento con su familiar, no se lo permitieron y alegaron que ella ya tiene establecidas sus visitas”, agregó el Cenidh en un hilo de Twitter.
El juicio contra la defensora de derechos humanos estaba programado inicialmente para el 22 de febrero, pero en la víspera fue reprogramado sin ninguna explicación.
Pinto, de 63 años, fue encarcelada el pasado 6 de noviembre durante la ola de secuestros ordenada por el régimen Ortega-Murillo en el contexto electoral y desde el 1 de diciembre permanece en el Sistema Penitenciario Nacional de Mujeres, conocido como La Esperanza.
🔴A las 3:10 p.m. terminó la farsa judicial contra la defensora de DDHH Eveling Pinto en los Juzgados de Managua, fue declarada culpable injustamente por el delito de Conspiración y ciberdelito, Fiscalía pidió 8 años de prisión. #EsInocente #LibertadParaLasLosPresosPoliticos pic.twitter.com/xpQqOSbzU5
— Cenidh (@cenidh) March 10, 2022
Un proceso “arbitrario”
Parientes de la defensora han denunciado que el proceso judicial ha sido “arbitrario” porque, durante los cuatro meses que lleva encerrada, no obtuvieron respuesta a ninguno de los recursos introducidos, ni siquiera en los dos que solicitaban atención médica especializada para la presa política.
Pinto es sobreviviente de cáncer, no tiene tiroides y es paciente con insuficiencia renal crónica. Por lo que su hija, Silvia Nadine Gutiérrez, denunció semanas atrás que la defensora necesitaba su chequeo especializado y un control de creatinina. Además, padece de hipertensión y llevaba un riguroso cumplimiento de sus medicinas, pero por ahora se desconoce si está recibiendo los medicamentos que su familia lleva al penal.
Pinto está jubilada y siempre trabajó en causas de defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. Además, participó de planes para la educación inclusiva y colaboró de cerca con los pueblos indígenas en el tema de territorio y marco legal que les permitiera la defensa de sus espacios.
Ahora, la defensora forma parte de un grupo de 21 personas adultas mayores, que el régimen Ortega-Murillo arrestó en los meses previos a las votaciones de noviembre de 2021, cuando el mandatario se reeligió en unas votaciones sin garantías democráticas eliminando la competencia política al ordenar la detención de los principales liderazgos políticos, económicos y sociales.
