14 de junio 2022
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El régimen de Daniel Ortega rechazó de forma rotunda la solicitud de la Comisión de Expertos Independientes nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para cooperar con su mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022.
Fuentes diplomáticas europeas confirmaron a CONFIDENCIAL que el Gobierno rechazó, a través de su embajador en Ginebra, sostener algún contacto con la Comisión y permitirle su ingreso al país, alegando que la Comisión es “parcial y sesgada, porque representa un ataque contra Nicaragua, alineado a los intereses de Estados Unidos”.
“La negativa de Ortega era predecible”, dijo la fuente, pues “hasta ahora ha rechazado todos los informes de Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Sin embargo, al oficializar su rechazo a la Comisión de Expertos Independientes, el Gobierno está desafiando el mandato que acordaron los 20 países que votaron por su creación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Defensores nacionales e internacionales que han velado por los derechos humanos en Nicaragua lamentaron el rechazo oficial del Gobierno. Sin embargo, estiman que el Grupo de Expertos logrará ejecutar su mandato.
“Sí es lamentable que no entren, pero ellos su mandato lo van a cumplir, ya hay antecedentes de expertos a los que el Gobierno no dejó entrar”, declaró la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al que el régimen orteguista canceló su personería jurídica en diciembre de 2018.
Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), valoró también que “lamentablemente no sería una sorpresa para nadie que el régimen de Ortega no coopere en lo más mínimo con el Grupo de Expertos de la ONU”.
Sin embargo, Pappier agregó que “si el régimen se niega a cooperar, ello solo profundizará su aislamiento frente a la comunidad internacional y deteriorará aún más la pobrísima reputación global de esta dictadura responsable de graves atrocidades”.
Régimen rechazó a Comisión de Expertos desde el inicio
El régimen Ortega-Murillo rechazó la resolución que dio paso a la conformación del Grupo de Expertos. El 31 de marzo pasado, la procuradora general de la República, Wendy Morales, argumentó que dicha resolución era una “valoración instrumentalizada” y “derivada de intereses económicos y políticos de los países imperialistas” que no respetan la autodeterminación de los pueblos.
“No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido”, dijo Morales.
Precisamente por ese hecho, la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, estima que “cualquier acción o reacción de esta naturaleza del régimen de Nicaragua no tiene que tomar por sorpresa a nadie, mucho menos al Grupo de Expertos”, porque ya el Gobierno había rechazado su creación en la votación. “Ahí mismo dijo que desconocía lo que ahí se aprobaba y rechazaba la resolución e instancia al respecto, entonces, se adelantó incluso a la aprobación”, recordó Núñez.
Según la defensora de derechos humanos, “si ya el Grupo de Expertos se dirigió al Gobierno y este lo rechazó, no hizo más que cumplir con una formalidad que definitivamente tenía que dar al Estado, creando su estrategia o plan de trabajo”. Para Núñez, es “lógico” que el Grupo “tenía que dirigirse al Gobierno y estar seguro de cuál sería la respuesta”. Sin embargo, estima que el Grupo ya debe tener su estrategia para cumplir su mandato, independientemente del rechazo del régimen orteguista.
Asimismo, Núñez valoró que “lo ideal y lo que nosotros también demandamos es que se les deje entrar (al Grupo de Expertos) a Nicaragua y trabajar, que se les preste todas las facilidades y posibilidades para que cumplan su mandato. Eso es lo que hace un Gobierno decente, un Gobierno democrático”.
Grupo de la ONU logrará cumplir su mandato, estiman defensores
El mandato del Grupo de Expertos de la ONU, valoran defensores de DD. HH., podrá cumplirse pese al rechazo del régimen orteguista, ya que, resaltan, ahora existen una serie de herramientas que les permitirán acceder a los testimonios de las víctimas sin necesidad de ingresar a territorio nicaragüense.
“Los expertos de la ONU tendrán muchas herramientas a disposición para revelar los abusos sistemáticos que ocurren en Nicaragua, tales como entrevistar a las decenas de miles de personas que han debido huir del país o examinar expedientes judiciales”, aseguró Pappier, de HRW.
Núñez también recordó el antecedente de agosto de 2019, cuando el régimen rechazó la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), nombrada para buscar una solución a la crisis sociopolítica del país.
Pero, ante el rechazó, el mes siguiente la Comisión viajó a El Salvador, donde se reunieron con representantes de la oposición política, representantes de la sociedad civil, familiares de los asesinados durante la represión orteguista de 2018 y de reos de conciencia, también excarcelados políticos y defensores de derechos humanos, entre otros sectores.
Por tanto, Núñez considera que el rechazo del régimen contra el Grupo de Experto no será “un obstáculo insalvable”.
Al contrario, agregó, “más bien el Gobierno de Ortega pierde una oportunidad de demostrar lo que dice, aunque sabe que no puede hacerlo” y sentenció que en el régimen “no se atreven porque son narrativas falsas”.
Según Núñez, si el Gobierno hubiese accedido a recibir a los especialistas, “su punto de vista definitivamente se incluiría en la narración del informe, mientras que ahora lo que se va a incluir es lo que las víctimas, las organizaciones, la sociedad civil en general, toda la gente que está con mucho entusiasmo e interés, esperando el momento para reunirse con el Grupo de Expertos”.
Asimismo, detalló que “ya no estamos en otros tiempos en los que para poder acceder había que estar presentes, caminar, hacer recorridos a pie, presencial, hay muchas otras formas que van a facilitar el trabajo y estamos los nicaragüenses dispuestos a colaborar y llenar ese vacío”.
Previamente, defensores de derechos humanos también habían estimado que el Grupo de Expertos podría trabajar “sobre la base de otros informes” que ya fueron generados en el sistema interamericano.
Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y quien fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estuvo en Nicaragua en 2018, valoró que, aunque el grupo de expertos no logre ingresar al territorio nicaragüense, ellos pueden realizar sus investigaciones a partir de “los informes elaborados por otras organizaciones” defensoras de derechos humanos, que han entrevistado a víctimas, a familiares de las víctimas y tienen datos sobre sus defensores legales.
Juan Pappier, resaltó a finales de mayo que estos tres expertos “conocen muy bien la región de Centroamérica” y “cuentan con todas las cualidades para sistematizar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua”.
Además, destacó que por ser expertos en Derecho Penal “saben sobre (cómo funcionan los) aparatos de poder destinados a reprimir y pueden hacer un análisis sobre cómo se violan los principios básicos de derechos humanos a través de estructuras de represión en Nicaragua”.
La Comisión de Expertos Independientes aprobada por la ONU
La creación del mecanismo de investigación integrando por el Grupo de Expertos fue propuesto por la delegación de Chile, con el respaldo de Costa Rica, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, y Canadá; y fue aprobado, el 31 de marzo, con veinte votos a favor, veinte abstenciones y siete votos en contra.
Entre los países que votaron a favor de la resolución están: Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, Francia y el Reino Unido. Mientras, los aliados del régimen de Daniel Ortega: Bolivia, Cuba, China, Honduras, Eritrea, Venezuela y la Federación Rusa, lo hicieron en contra.
El pasado 24 de mayo, se nombraron a los integrantes del Grupo de Expertos, que quedó presidido por el alemán Jan-Michael Simon; acompañado del chileno, Alexandro Álvarez, y la colombiana, Ángela María Buitrago, nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Federico Villegas.
Villegas actuó en cumplimiento de la resolución “Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua”, en la que se estableció la creación de un mecanismo de personas expertas, internacionales e independientes que para investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua después de tres años de crisis sociopolítica.
El mandato del Grupo es “emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, en particular las posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones, y sus causas estructurales profundas”, según la resolución.
Además, deberá “establecer los hechos y las circunstancias relativas a los presuntos abusos y violaciones, reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y, de ser posible, identificar a los responsables, y permitir que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas”.
La duración inicial del mandato del Grupo es de un año y en ese tiempo deberán formular “recomendaciones con vistas a mejorar la situación de los derechos humanos” en el país y, posteriormente, presentar un informe al Consejo de Derechos Humanos durante el 52 período de sesiones, programado entre febrero y marzo de 2023.
