18 de julio 2019
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Lo último que hizo el joven autoconvocado Bryan Murillo la noche del martes, horas antes de que agentes de la Policía lo mataran en la casa de su mamá en el Barrio Guadalupe, de León, fue colarse en una foto de su sobrina Aylin Del Carmen posando con su pastel por ser el día de la Virgen del Carmen.
Murillo quedó congelado en la imagen estirando el cuello para adentro del encuadre de la foto. Horas antes cocinó pollo frito para toda la familia, bailó reggaetón con su sobrina y su hijo de 4 años, mientras limpiaba la pequeña sala de la casa de su madre, que desde hacía varios días le servía de habitación tras regresar a la casa materna después de separarse de su pareja.
Karen Murillo, su hermana, acababa de llegar a la casa después de estar dos semanas hospitalizada y su hermano le cocinó. “Me mimó, estaba bromeando y jugado con mi hija y su hijo y yo como salí débil me fui acostar, esa fue la última vez que lo miré con vida”, relató llorando Murillo a Confidencial.
En la madrugada, a las 4 y 30 de la mañana Marina López escuchó unos golpes secos en la puerta de madera e inmediatamente salió a la sala donde en una colchoneta dormía Murillo.
—¿Quién es? — preguntó López. Nadie respondió, más bien siguieron golpeando la puerta con más insistencia.
López se decidió a abrir levemente la puerta solo para ver quién era y la puerta fue empujada abruptamente. “En la oscuridad solo se veían a hombres de negro armados entrando”, dijo López.
Murillo corrió para el patio de la casa, que es un pequeño pasadizo sin salida de dos metros de ancho donde a cada lado hay una habitación para los miembros de la familia. Él fue el primero en ser alcanzado por las balas. Su familia le contó dos orificios en la espalda con salida en la zona del abdomen.
El sitio donde el joven de 23 años cayó abatido estaba manchado de sangre la tarde de este miércoles mientras en la sala de su casa, que le sirvió de habitación los últimos días de su vida, sus familiares y amigos lloraban su muerte.
En la escena del crimen se pudo recoger después, casquillos y balas de Ak-47 y pistola Makarov. “Todo pasó en cuestión de segundos”, dijo la hermana del joven asesinado.
El segundo en ser alcanzados por las balas fue Kenner Murillo, que hasta la noche del miércoles se debatía entre la vida y la muerte en una sala de Cuidados Intensivos del Hospital Óscar Danilo Rosales de León con los intestinos y un riñón perforado, una pierna quebrada y pocas posibilidades de vida, según relataron sus familiares.
El joven salió de su habitación, ubicada de último a la derecha del pasillo, cuando escuchó los disparos e inmediatamente cayó abatido. En ese momento salió de su habitación su hermana Karen Murillo y miró dos bultos tirados en el pasillo.
“Con la bulla salí a ver qué pasaba, me levanté sin chinelas, descalza y yo sentí que machuqué algo mojado, encendí la luz y era la sangre de mis hermanos”, relató Murillo a Confidencial.
—Llévenlos al hospital— pedía a gritos Murillo.
—No se muevan, no se muevan— era lo único que contestaban los policías.
Murillo vio que nueve policías fuertemente armados estaban en su casa esa madrugada mientras una patrulla esperaba en la calle.
“No buscaron nada, no dijeron nada, no mostraron ninguna orden, solo llegaron disparando en una casa donde había nueve adultos y tres niños”, detalló.
Javier Cortez Castillo, casado con una hermana de los dos hermanos, fue el tercero que recibió los disparos. Abrió la puerta de su cuarto –el primero del pasillo– e inmediatamente le dispararon, según López, que quedó en la sala, luego de abrir la puerta, sostenida a la fuerza por varios agentes policiales para que no auxiliara a sus hijos y a su yerno.
Cortez Castillo está gravemente herido en el hospital de León con los riñones y el bazo perforado.
Policías los tilda de delincuentes
Seis horas después del brutal ataque policial, la oficina de Relaciones Públicas emitió un comunicado tildando de delincuentes al joven asesinado.
“El delincuente Bryan Yeraldín Murillo López, en compañía de los sujetos Javier Feliciano Cortez Castillo y Kenner Javier Murillo López, al percatarse de la presencia policial se armaron de machetes y se abalanzaron contra los integrantes de la patrulla, resultando lesionado en el antebrazo izquierdo el teniente Álvaro Pichardo Salazar”, dijo la Policía en un comunicado.
La familia atacada niega los señalamientos y sostiene que Bryan no tiene antecedentes penales. “Que muestren al policía herido, ni mentir saben ¿Cómo iban a ver los supuestos machetes a esa hora si estaba todo oscuro?” se pregunta la hermana del joven fallecido.
“Si mis hermanos querían atacarlos con los machetes se le habrían tirado encima, ellos fueron baleados cuando intentaban huir de la tiradera”, dijo Murillo anoche en la vela de su hermano.
Anduvieron protestando contra el gobierno
Murillo dijo que sus hermanos anduvieron protestando contra el gobierno el año pasado cuando comenzó una insurrección cívica contra la dictadura Ortega-Murillo que fue brutalmente reprimida por el gobierno y paramilitares dejando más de 325 personas fallecidas, según organismos de derechos humanos.
“Este crimen fue por motivos políticos” –dijo Murillo–. “Mis hermanos no eran delincuentes, eran jóvenes trabajadores”.
Según Murillo, su hermano fallecido trabajaba como albañil, como fontanero y en lo que le saliera. En cambio, Kennet, que está gravemente herido, se desempeñaba en León como vicegerente de un supermercado Palí.
Esto se me salió de las manos
Después de perpetrar el crimen, un policía salió de la casa de la familia Murillo López, visiblemente nervioso con su celular en la mano.
—Capitán, capitán, mande refuerzos que esto se me salió de las manos—, decía el policía nervioso, según contó a Confidencial, una testigo que escuchó toda la conversación.
Ya en el hospital, sin saber que estaba un familiar de los heridos cerca, los policías que llegaron de refuerzo, decían, “estos majes sí son caballos, esto no debieron hacerlo”, contó Murillo, la hermana del joven asesinado.
CIDH insta a realizar una investigación independiente
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno a realizar “una investigación seria y profunda, orientada a esclarecer y determinar las responsabilidades en estos crímenes”.
“La muerte del joven Bryan Murillo López, así como las graves lesiones contra Kenner Murillo López y Javier Cortez, demuestran una vez más la brutalidad del gobierno de Daniel Ortega. Las circunstancias del operativo, así como el perfil de las víctimas, apuntan a que podría tratarse de un nuevo hecho de represión letal contra la disidencia”, afirmó por su parte Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El crimen de López también fue motivo para que el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro se pronunciara. “Condenamos el asesinato de Bryan Murillo López y exigimos que los culpables sean encontrados y condenados”, dijo en su cuenta de Twitter.
Cenidh: es un acto de barbarie
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó el crimen como una barbarie y resaltó que la familia Murillo López, son reconocidos opositores al gobierno en León y que participaron en los tranques el año pasado.
“El Cenidh condena este cobarde acto que se suma a un patrón de hechos criminales, arbitrarios e impunes ejecutados por la fuerza pública y para policías en contra de ciudadanos desarmados, lo que incluye aparentes ejecuciones selectivas de campesinos opositores en las últimas semanas”, dijo el organismo en una nota de prensa.
La Articulación de Movimientos Sociales también alertó mediante un comunicado un patrón de asesinatos en contra de opositores que jugaron un papel esencial en la rebelión cívica contra el gobierno el año pasado.
Todas esas acciones, han ido acompañadas de arrestos, que los opositores califican de secuestros. Y se han incrementado a medida que se acerca el aniversario 40 de la revolución sandinista este 19 de julio.
También por estos días se conmemoran aniversarios de diferentes ataques de la llamada Operación Limpieza, que entre junio y julio de 2018 dejó más de 150 de los 325 muertos confirmados como víctimas de la represión orteguista contra las protestas cívicas entre abril y septiembre de 2018, cuando la dictadura impuso un Estado policial de facto.
En marzo pasado, el Gobierno se comprometió a no perseguir a las personas que se expresaran contra Ortega, pero, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denuncia que hasta ahora no ha cumplido. A finales de junio, la Asamblea General de la OEA estableció un plazo de 75 días para que Ortega atienda los acuerdos de liberar a todos los presos políticos que aún continúan en prisión, reanude las negociaciones en busca de una salida pacífica a la crisis sociopolítica y restablezca las libertades públicas.
