8 de diciembre 2024
AA
Share
Dos meses después de la “disolución voluntaria” del Banco Corporativo (Bancorp) sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2019, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la creación de una nueva entidad llamada Cooperativa de Ahorro y Crédito (Credicoop). El objetivo es evadir las sanciones internacionales y “lavar” más de 1800 millones de córdobas de las carteras de crédito de Bancorp y de la financiera Alba Caruna, también sancionada en 2020, para inyectar esos recursos en los negocios privados de la familia Ortega - Murillo y sus allegados.
Credicoop tiene su sede principal en el Edificio Delta, frente al Colegio Teresiano en Carretera a Masaya, y tenía dos sucursales: una al sur de los semáforos de Linda Vista, (también en Managua, que cerró en septiembre), y otra en San Carlos (Río San Juan).
Los servicios de Credicoop al público incluyen préstamos para comprar vehículos nuevos o usados; reparar o construir una vivienda; préstamos personales y agrícolas, y para pymes y empresas.
La actividad principal de Credicoop, sin embargo, es financiar los negocios privados de la cúpula política y militar en el poder, manejados por una red de testaferros que compra propiedades cafetaleras, ganaderas, agrícolas, avícolas, arroceras y comerciales en toda Nicaragua, con los fondos derivados de la cooperación estatal venezolana, que fue ilegalmente privatizada.
Credicoop sirve, además, como prestamista a diversas entidades del Estado de Nicaragua con el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que luego paga los préstamos. También financia proyectos de las alcaldías, importaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y compras del Sistema Penitenciario o de las tiendas de la Policía Nacional, que luego son cubiertas con dinero del Presupuesto General de la República.
Adicionalmente, opera un cajero automático que ofrece acceso al servicio de pagos MIR (‘paz’, en ruso), aunque las sanciones internacionales que se le han aplicado a ese sistema disminuyeron sensiblemente sus opciones.
Las sanciones que incubaron a Credicoop
El 17 de abril de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, y al Banco Corporativo (Bancorp), “por sus papeles en la red de corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega y Murillo” y por financiar la represión. En ese momento, el Bancorp manejaba activos por 5783 millones de córdobas, y una cartera de crédito de 1644 millones, en su mayoría (72.5%), dedicada al rubro comercial, con porcentajes menores destinados a la actividad agrícola, industrial y ganadera.
La primera reacción de Ortega y Murillo fue tratar de que el Estado comprara el Bancorp para reconvertirlo en una entidad que se llamaría Banco Nacional. Sin embargo, esa estratagema no funcionó, porque la capa de “maquillaje” era insuficiente para protegerse de nuevas sanciones, y simplemente descartaron el plan. Pero no se quedaron de brazos cruzados.
A las tres de la tarde del 18 de junio de 2019, se constituyó en Managua la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Credicoop R.L.), integrada por 20 asociados, (10 hombres y 10 mujeres), con un capital suscrito de 50 000 córdobas y un capital pagado por el mismo monto.
Un mes después, el 25 de julio, presentaron una solicitud de inscripción de su personalidad jurídica ante el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), ministerio insignia de Rosario Murillo, reducido ahora a un símbolo de la corrupción orteguista.
La solicitud fue aprobada mediante la Resolución N 011-2019 PJ MEFCCA, de las 10 de la mañana del 7 de agosto de 2019, según publicó La Gaceta Diario Oficial, edición 160, del 22 de agosto de 2019.
Un año después, el 9 de octubre de 2020, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también sancionó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL Caruna, que operaba como financiera de los fondos de la cooperación venezolana. El sistema financiero forzó a Caruna a cerrar sus cuentas en los bancos privados, y sus recursos millonarios también pasaron a engrosar el capital de Credicoop.
Los directivos de Credicoop, y el nexo con Bancorp y Caruna
Credicoop nació con una junta directiva presidida por el comisionado mayor en retiro Teodoro Marcelino Bustamante Mendoza, antiguo administrador de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del ya desaparecido Banco Corporativo (Bancorp), y exsegundo jefe del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional, enviado a retiro en 2014.
Junto a Bustamante, figura como vicepresidente el contador Domingo Javier Sirias Ramírez, un excolaborador de la también sancionada Caruna, que actuaba en nombre del tesorero del Frente Sandinista y vicepresidente de la igualmente sancionada Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), Francisco “Chico” López, operador de negocios de la familia dictatorial.
Bancorp fue creado para sustituir a Caruna como el brazo financiero de Albanisa, luego que una auditoría de la contraparte venezolana detectó numerosas irregularidades en el manejo de los fondos conjuntos, manejados en los bancos privados del país, y optó por crear un banco en el que tuvieran mayor control.
La presencia de Bustamante y Sirias en la Directiva de Credicoop “permite argumentar, con seguridad, que esta institución le da continuidad a Bancorp”, asegura el economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, exreo político desterrado por la dictadura.
El organigrama de Credicoop incluye a la jefa de Administración y Gestión Humana, Arlen Membreño, hija del general Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
También a Norma Lara, quien igual era miembro del equipo de López en Albanisa, y a Karelia López Pérez, que trabajó en Caruna.
La gerencia, por su parte, la integran dos ejecutivos que actúan –por separado– dentro de la entidad, para mantener un doble chequeo de los intereses. Uno en nombre del general en retiro Oscar Mojica, y otro en nombre de Francisco “Chico” López, dos representantes de confianza de la familia Ortega-Murillo.
El primero es el exgerente de Crédito del Bancorp, Óscar Mojica Aguirre, hijo del mayor general en retiro, Oscar Mojica Obregón, actual titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, que además tiene bajo su tutela al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur).
A inicios de la década de 2010, Mojica Aguirre ocupó la presidencia ejecutiva de Viviendas Económicas de Nicaragua S.A. (Vienicsa), que junto con Tecnosa, empresa propiedad de Francisco López, hacían negocio con los fondos venezolanos en viviendas de interés social.. Desde su cargo en Vienicsa, Mojica Aguirre solicitó a la Comisión de Inversión y Finanzas del Alba en febrero de 2013, un desembolso de 1.3 millones de dólares. También aparece como dueño de la empresa que construyó la urbanización Valle de Sandino, administrada por Caruna, en donde los propietarios de esas casas denunciaron irregularidades en el pago de sus mensualidades.
El otro es Bernardo Aráuz Mayorga, hombre de confianza de Francisco “Chico” López en Albanisa y representante legal de Agronegocios Comerciales, una empresa de fachada presidida por el empresario privado Tirso Celedón Lacayo, que fue el vehículo que utilizó la familia Ortega-Murillo para adquirir, en 2013, las empresas estatales de distribución de electricidad Disnorte y Dissur, valoradas en 140 millones de dólares, según reveló una investigación de CONFIDENCIAL, publicada en junio de 2024.
Cómo “lavar” el dinero de Bancorp y Caruna
Los directivos de Credicoop “lavaron” ingentes cantidades de dinero en efectivo provenientes de las sancionadas Bancorp y Caruna a través de un mecanismo que le diera seguridad a los bancos para recibir el dinero sin arriesgarse a ser objeto de nuevas sanciones estadounidenses.
¿Cómo lo hicieron? “Te lo voy a responder con una sola palabra”, dijo a CONFIDENCIAL un especialista en temas financieros, que prefirió mantener su nombre en el anonimato. Y agregó: “Fideicomisos”.
Esa operación o contrato que sirve para transmitir la titularidad sobre un bien o un conjunto de bienes o derechos determinados, fue definida por la misma fuente como “un invento de ingeniería financiera que muchas veces se presta para el lavado de dinero”.
En Nicaragua, la figura del fideicomiso permite que una entidad con personalidad jurídica —como una fundación, asociación, cooperativa o una persona física— se constituya en fideicomitente y entregue un monto al fiduciario, en este caso bancos privados del sistema financiero, estableciendo cuál será el destino de los recursos, y quién será el beneficiario de las ganancias.
“Puede ser dinero, inmuebles, compra de propiedades comerciales, residenciales, productivas, alquiler de autos… ¡lo que sea!”, alegó la fuente.
Por su parte, el fiduciario —generalmente un banco privado que sabe la procedencia de los fondos– , gana una comisión por administrarlos.
En teoría, el banco tendría la obligación de averiguar el origen de tan grandes cantidades de dinero, pero el escudo utilizado fue que los fondos provenían de la ‘disolución voluntaria’ de Bancorp, por lo que los bancos no tendrían por qué dudar del origen de esos fondos.
Las operaciones de Credicoop
Desde su creación en 2019, los recursos de Credicoop se han usado para financiar empresas y comprar propiedades, aprovechando la opacidad con que se maneja el Registro Público de la Propiedad.
“Además de financiar negocios privados de la familia en el poder, financian operaciones de algunos generales del Ejército que se dedican al negocio de la madera a gran escala, y han comprado fincas ganaderas grandes en Siuna, Rosita, San Miguelito y Río San Juan. También algunos comisionados de la Policía y altos operadores políticos del régimen”, dijo a CONFIDENCIAL una fuente ligada al sector productivo.
Igual destinaron seis millones de dólares para comprar Agroexport, la intervenida planta procesadora y exportadora de frijoles, propietaria de la marca Blanditos, ubicada en Matagalpa, que estaba a cargo del preso extesorero general de la República, Juan José Montoya.
Credicoop financió la compra de tierras entre Sébaco y Matagalpa para establecer beneficios secos de café; 20 fincas cafetaleras en Matagalpa y Jinotega; diez fincas ganaderas que suman más de 10 000 manzanas y miles de cabezas de ganado, en Waslala, el Naranjo y Siuna. Una empresa avícola en Estelí, y decenas de casas para uso comercial en esa ciudad, todas intervenidas por la Procuraduría General de la República.
Las fuentes vinculadas al sector privado también refieren que, en el sector inmobiliario, Credicoop financia empresas mixtas que tienen como contraparte al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército de Nicaragua.
IPSM: el grupo de negocios del Ejército de Nicaragua
Ejército de Nicaragua maneja con secretismo las cuentas del Instituto de Previsión Social Militar
Entre estas destacan la construcción de las Casas para el Pueblo, con rangos entre 25 000 y 35 000 dólares, impulsando un proyecto de más de 3000 viviendas, ubicado en Carretera Nueva a León.
Credicoop también ha comprado a los bancos privados cartera de empresas altamente endeudadas, ya sea para potenciar su brazo financiero, o para incursionar en negocios agrícolas, industriales, y agroindustriales.
Un ejemplo es la compra de la deuda de Agrícola Santa Lastenia, propiedad de los hermanos Emiliano y Abelardo Henríquez en Malacatoya, de más de 3000 manzanas de extensión, que estuvo dedicada a la exportación de melones, y a la siembra de más de 2000 manzanas de arroz de riego por ciclo (o sea 4000 manzanas por año).
La empresa familiar adeudaba al Banco LaFise casi 20 millones de dólares, pero Credicoop la adquirió por 10 millones de dólares, aportando un capital de trabajo de seis millones de dólares. Así, los hermanos Henríquez administran la finca productiva, pero bajo el control de un interventor que maneja la compra de insumos y la comercialización del arroz, aseguró a CONFIDENCIAL un empresario del sector productor de alimentos.
Los fondos de Credicoop también están detrás de las operaciones fallidas de compra de dos plantas exportadoras de pescado fresco, así como del financiamiento del cerrado matadero de reses de El Rama, propiedad de Albanisa.
La conexión con el sector público
El negocio de Credicoop incluye realizar operaciones que están garantizadas con fondos del Presupuesto General de la República, como ocurrió entre finales de 2021 e inicios de 2022.
“Decidieron puentear a través del presupuesto, las alcaldías y el Ministerio de Hacienda, préstamos para financiar proyectos que son relativamente grandes para los municipios, por lo que no se podían fondear tan solo con sus asignaciones presupuestarias anuales”, detalló un profesional que conoce cómo se involucró el Estado en esta operación.
“El objetivo es apalancar a las alcaldías, a la vez que tratar de utilizar ese dinero en efectivo y limpiarlo con asignaciones a través del presupuesto. No sé si Hacienda le paga directamente a Credicoop, o si lo hace en alguna otra cuenta”, añadió.
Utilizando un esquema similar, financian también a empresas que importan de medicamentos, anteojos y otros bienes para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, así como el abastecimiento de alimentos a las cárceles del país y las tiendas de la Policía, donde suplen la canasta básica para unos 20 000 agentes cada mes. Se trata de una operación que abastece con casi 20 000 quintales mensuales de arroz, 10 000 quintales de frijoles, más aceite, azúcar, café, maíz, y otros productos, al sistema penitenciario y las tiendas.
Credicoop también otorga créditos a Concreto y Más, la empresa vinculada al todopoderoso secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y construye las “Calles para el Pueblo”, gestionando operativamente con las alcaldías.
Asimismo, financian la red de Farmacias Saba, que alcanzan casi todos los municipios del país con más de 200 farmacias vinculadas a Gustavo Porras, y una red de casas de empeño y préstamos —muchas de las cuales entregan los préstamos en efectivo— asociada a Laureano Ortega.
El origen del capital de Caruna, Bancorp, y Credicoop
El 10 de enero de 2007, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firmó con Daniel Ortega la adhesión de Nicaragua a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina (ALBA), que creó un esquema de cooperación basado en la adquisición de petróleo venezolano en cómodas condiciones crediticias.
El resultado de eso fue que el régimen recibió más de 4500 millones de dólares a lo largo de una década. La familia gobernante usó esos recursos para crear un conglomerado empresarial en el que destacaban negocios de generación de electricidad, importación y distribución de combustibles, construcción de carreteras y de viviendas, alquiler de maquinaria, transporte público, entre otros.
Los fondos millonarios de Albanisa, la empresa creada para manejar el negocio, que originalmente fueron manejados en bancos privados en las cuentas Caruna, brazo financiero del Alba, y después fueron trasladados al Banco Corporativo (Bancorp), creado por la dictadura para manejar sus fondos. Pero al ser sancionado y posteriormente liquidado, los fondos regresaron a los bancos privados a cuentas o fideicomisos de Credicoop.
La seguidilla de sanciones iniciada por el Gobierno estadounidense en 2019, y replicada por la Unión Europea, Gran Bretaña y Suiza, golpearía severamente la capacidad del régimen para invertir sus recursos, en especial cuando se sancionó al propio Bancorp que, para entonces, manejaba un fideicomiso que no podían depositar en ningún banco o empresa de microfinanzas del país.
Hasta que crearon la cooperativa Credicoop que opera como la “caja chica” del clan Ortega - Murillo para financiar los negocios familiares y los de sus allegados, con un capital de 500 millones de dólares.
