CPDH denuncia trabas del Ministerio de Gobernación

La Junta Directiva de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), informó que el Ministerio de Gobernación (Migob), no les recibió la información financiera de 2021, con la excusa de que también deben presentarles el Libro Diario y el Libro Mayor.

Por ley, las organizaciones regidas por el Migob deben presentar su información financiera anual, auditada por un contador público autorizado (CPA), como requisito para recibir una ‘carta de cumplimiento’, necesaria para poder operar el año siguiente.

Lo sucedido este lunes no es nuevo, a tenor con lo relatado por Marcos Carmona, director de la CPDH, al explicar que si no presentaron el Libro Diario y el Libro Mayor, “no es porque no quisiéramos, sino porque ellos mismos no nos han hecho entrega de esos libros”.

Carmona dijo que a inicios del 2020, funcionarios del Ministerio de Gobernación les retuvieron precisamente esos dos libros, cuando la oenegé presentó el informe de sus operaciones de 2019.

“No podemos presentarlos, cuando ni siquiera nos los han devuelto, pese a que en su momento nos pusieron una multa sin ninguna justificación, y pagamos como 11 000 córdobas, por tener derecho al libro. Transcurridos dos años, no nos los han devuelto”, aseveró.

El defensor dijo que, aunque en años anteriores siempre les imponían alguna observación, y que ellos las contestaban conforme a lo requerido “jamás fueron recibidas”.

El más reciente informe presentado a la autoridad gubernamental, incluye el nombre de cada proyecto que están ejecutando y dónde, así como su duración, y los montos comprometidos para cada uno. El detalle de gastos de cada proyecto, hace referencia a cuánto pagan en concepto de salarios, energía, seguro social, servicios profesionales, etc.

Carmona dijo que en 2021 recibieron el equivalente a 13.3 millones de córdobas, provenientes de la cooperación internacional, lo que se sumó a un saldo inicial de 900 000 córdobas, todo lo cual suma unos 402 000 dólares, “que es poco para toda la operatividad de esta institución”.

“Es muy importante que se maneje que la CPDH no maneja millones”, enfatizó Mauricio Lacayo, tesorero de la entidad, detallando que la Comisión ha pagado unos 42 000 dólares (poco más del 10% de los ingresos) a instituciones oficiales, para garantizar su funcionamiento.

Eliminando excusas

Se refiere a los pagos que, por ley, deben enterarse a la Dirección General de Ingresos (DGI), y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), así como los pagos por servicios públicos como energía eléctrica, agua, teléfonos… “todo lo que se necesita para que esta institución funcione, y dé respuesta a las necesidades de los nicaragüenses, sobre todo en los tiempos actuales, tan difíciles para todos”, valoró.

Ambos defensores hicieron énfasis en que esa organización defensora de derechos humanos no es enemiga de ningún Gobierno, “pero sí queremos decirle a la ministra de Gobernación lo que está pasando con la CPDH, porque además de los libros financieros, ahora nos hacen observaciones de 2014, que les pedimos hagan por escrito”, dijo Carmona.

El abogado aseguró que en 2021 les presentaron observaciones correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, y “aunque se las presentamos, no las recibieron”.

Durante la conferencia, el director de la CPDH mostró el informe del año 2014, con el sello de recibido del Migob, por lo que opina que “no es posible que después de ocho años, nos estén pidiendo esta información”, asegurando que están dispuestos a mostrar lo que les piden, porque “no tenemos nada qué ocultar”.

“Nuestras finanzas son transparentes, todas están auditadas, y han sido presentadas a nuestros donantes, sin jamás haber tenido problemas con ellos”, argumentó.

La falta de la citada carta de cumplimiento, impone limitaciones a la entidad, que ha tenido que reducir personal, y operar con el apoyo de voluntarios, porque “no podemos ingresar dinero de transacciones internacionales”, al punto que “algunos directivos han colaborado para cubrir gastos”, reveló.

Carmona explicó que la situación de la entidad “es difícil. Hemos solicitado préstamos que esperamos pagar pronto. Que no nos den la carta de cumplimiento, limita nuestra capacidad para hacer transacciones internacionales, así como nuestro trabajo institucional como Comisión de Derechos Humanos”.

La Administración de Daniel Ortega ha cerrado unas 115 oenegés en quince años, y decenas en los últimos meses, utilizando como excusa la falta de cumplimiento de la denominada Ley Putin (Ley de Agentes Extranjeros), o asegurando que las entidades no habían presentado a tiempo su información financiera, o que se encontraban acéfalas.

Quizás por eso, Carmona prometió que “cuando nos den la carta de cumplimiento nos vamos a acreditar como agentes extranjeros”, mientras Lacayo aseguraba que “nuestra Junta Directiva nunca ha estado acéfala. Siempre hemos cumplido estrictamente con lo que la Ley ordena”.