26 de octubre 2017
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La Resolución Ministerial número 133.08.2017 aprobada por el Marena y que en teoría reglamentaría el decreto 15-2017 (que elimina los Estudios de Impacto Ambiental), se encuentra en revisión, afirmó José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
El dictamen ministerial que fue aprobado el pasado 30 de agosto, dos días después de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega presentara el decreto 15-2017, permaneció oculto durante todo este tiempo, hasta que CONFIDENCIAL lo hizo público en un artículo que analizó las “ventajas” que algunos sectores del Cosep podrían tener con la nueva ordenanza.
En una primera oportunidad, Aguerri fue cuestionado sobre dicha resolución y su fecha de publicación (30 de agosto), sin embargo, ignoró que existiera el documento y manifestó que todavía estaban en una negociación con el Gobierno y el resultado se daría a conocer en los próximos días.
Cuando entregó la resolución ministerial en sus manos, Aguerri expresó que ese documento oficial que está firmado por la ministra del Marena, Juana Argeñal, se encuentra en “revisión” y se publicará cuando tenga unos “cambios” y el “consenso de todas las partes”.
“Se ha hecho una revisión de esto nuevamente (la resolución) y entonces se va a publicar una resolución que ya tiene unos cambios en relación a esta y que tiene el consenso de todas las partes. Tenemos la expectativa de que debería estar publicándose, ojalá la próxima semana”, finalizó Aguerri, quién no se pronunció sobre por qué el documento permaneció oculto o si iban a invitar a los ambientalistas en esta nueva discusión.
¿Derogar el decreto?
CONFIDENCIAL consultó con los presidentes de la Cámara de la Construcción y la Cámara de Urbanizadores sobre la discusión que se ha desarrollado a lo interno entre el Cosep y el Gobierno, sin embargo, ambos manifestaron que no tenían información al respecto.
Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), mencionó que el Cosep está representando a todos los sectores empresariales en la negociación que sostiene con el Gobierno y que posiblemente el resultado podría ser la derogación del decreto 15-2017 y la creación de otra ordenanza.
“Supuestamente a través de una negociación se va a cancelar ese decreto (15-2017), se va a derogar... pero como vuelve a caer el 76-2006 (Sistema de Evaluación Ambiental), se va a derogar ese también y se va a hacer la nueva propuesta, que va más aterrizada con las peticiones de todos los sectores. En eso están trabajando ahorita”, expresó Healy.
El presidente de Upanic afirmó que la derogación del decreto 15-2017, se realizaría porque había “muchas cosas” que se tenían que revisar. “A través del diálogo vamos a consensuar un buen decreto”, dijo Healy.
Ambientalistas se pronuncian hoy
Distintos grupos defensores del medioambiente convocaron a una conferencia de prensa esta mañana para hablar sobre la falta de transparencia en los Estudios de Impacto Ambiental y la resolución aprobada por el Marena el pasado 30 de agosto.
Se suponía que con la publicación de la resolución ministerial se reglamentaría el decreto 15-2017, sin embargo, el documento emitido por Marena, repite lo que dice la ordenanza, modifica algunos puntos importantes y agrega incisos ‘peligrosos’.
En el decreto 15-2017, artículo dos (ámbito de aplicación), en el inciso cuatro se afirmaba que las “Actividades, proyectos, obras e industrias experimentales, (estarían) sujetos a realizar Declaración Notarial de Compromiso Ambiental”. En la resolución ministerial se modifica este punto y en lugar de esa declaratoria, se invita “a realizar (un) programa de gestión ambiental para obtener Aval Ambiental”. La razón de la modificación tiene que ver con permisividad.
El inciso cinco del artículo dos del decreto 15-2017 es igual al punto que está escrito en la resolución ministerial. “Actividades, Proyectos, Obras e Industrias experimentales, sujetos a valoración Ambiental provisional por ser novedosos, de los cuales no existe conocimientos ni experiencias sobre sus potenciales impactos al ambiente”.
Sobre este ítem, Rosario Sáenz, directora ejecutiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic), argumentó que si no existen conocimientos ni experiencias sobre los potenciales impactos que pueda ocasionar una obra al medio ambiente, este punto no debería siquiera tomarse en cuenta, pues no hay capacidad en el Marena para evaluar los desastres producto de un proyecto.
El inciso 15 del artículo dos del decreto 15-2017 expresa la “Autorización ambiental en la protección y uso de los suelos agropecuarios y forestales”. En este punto existe un cambio que podría favorecer a grandes empresarios, pues en la resolución ministerial el texto dice que será una “Autorización ambiental para el uso, manejo de suelos y ecosistemas terrestres”.
“La modificación de este inciso eximiría de cualquier tramitología a las empresas que tienen cultivos agrícolas como palma africana, caña de azúcar, maní e incluso la ganadería. Cuando dice ‘ecosistema terrestre’ es todo y nada, diluye completamente la responsabilidad en los sistemas agropecuarios”, explicó Sáenz, quien destacó que el cambio en este punto deja en evidencia los intereses que tiene la empresa privada en esta nueva disposición gubernamental.
La abogada experta en temas ambientales expresó su preocupación por el artículo nueve de la resolución ministerial el cual dice que “se considera Modificación a los cambios en proyectos, obras, industrias o actividades que no signifiquen una ampliación, reconversión, rehabilitación o impliquen mayores impactos a los ya identificados en el EIA. Por tanto la modificación no está sujeta a un estudio de impacto ambiental, sino a la actualización del programa de gestión ambiental correspondiente”.
El artículo pondría en riesgo las zonas verdes que todavía quedan en la capital, pues las urbanizadoras o cualquier empresa que desee realizar una ampliación, podrían ampararse en este punto y ejecutar sin necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Este punto no estaba contemplado en el decreto 15-2017.
“Esto va a beneficiar a esos grandes empresarios que quieren expandir sus obras. Es irresponsable que se exima de EIA estos proyectos, pues igual causan un impacto en el medioambiente”, manifestó Sáenz.
“Esta resolución había permanecido oculta a los inversionistas, al público en general, a los expertos, a la academia. Es una irresponsabilidad”, consideró Sáenz.
