26 de mayo 2021
AA
Share
Dos hombres fueron los primeros condenados a cadena perpetua en la historia de Nicaragua por el homicidio de Lala, una mujer trans de 22 años brutalmente asesinada el 3 de marzo en el municipio de Somotillo, Chinandega. Pero la condena "no fue por un crimen de odio" sino por "asesinato agravado" y "no se reconoció la identidad", lamentó José Ignacio López, de la Mesa Nacional LGTBIQ.
"La sentencia se dictó por el nivel de atrocidad del acto cometido contra Lala, pero en ningún momento se le reconoció como una mujer transgénero y tampoco se admitió el agravante de odio por ser una persona de la comunidad LGTIBQ", explicó López.
Para López, aunque la pena de cadena perpetua se aplicó, "no se le hizo justicia a Lala" porque no se condenó por su vulnerabilidad ni por la discriminación que sufrió.
"La nueva ley mandata que comprobés que había un historial de desprecio antes del asesinato, algo que es difícil de probar, pero es un hecho que la población LGTBIQ sufre discriminación y desprecio constante. Esto evidencia que la ley de cadena perpetua no reconoce nuestros derechos", manifestó López.
"Habrá que ver si cumplen la condena"
Ludwika Vega, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras (ANIT), apuntó que esta sentencia no es motivo de celebración porque habrá que esperar a ver si se cumple la condena de 30 años revisable.
"No podemos aplaudir esta condena porque no sabemos si realmente van a cumplir la condena mínima de 30 años. De nada sirve que el Gobierno haga campaña con este caso, si luego los van a liberar a los dos o tres años como han hecho en el pasado", estimó.
La prisión perpetua fue dictada por primera vez en el municipio de Chinandega por la juez Rosa Velia Baca Cardoza, a los reos Bernardo Arístides Pastrana Ochoa y Jorge Luis Mondragón Acosta, quienes se habían declarado culpables por el delito de asesinato agravado.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en enero de este año, en segunda legislatura, una reforma constitucional que permite la cadena perpetua por "delitos de odio"
La nueva pena de prisión perpetua en Nicaragua, que será revisable a los 30 años, será aplicada de forma excepcional para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional.
Organizaciones que trabajan en la protección de los derechos de la comunidad LGBTI demandaron justicia para Lala, que murió después que la arrastraron atada a un caballo a lo largo de 400 metros y la lapidaron sobre el camino rural de la comarca La Ceiba, luego la abandonaron en un predio baldío, según indicó el Ministerio Público en la acusación.
Sin embargo, la cadena perpetua fue aprobada en un ambiente de polémica, debido a la discrecionalidad con la que puede ser aplicada, según juristas.
"La condena contra los asesinos de Lala parece parte de una campaña del Gobierno, pero se evidencia que se sigue sin reconocer a nuestra población porque no existe una ley de identidad de género, ni se establece una legislación especial para crímenes de odio como el cometido contra Lala", afirmó Vega.
12 ataques a mujeres trans en 2021
Vega espera que esta sentencia sirva de ejemplo para quienes diariamente cometen agresiones, discriminación y crímenes contra la población LGTBIQ, especialmente las mujeres trans.
Desde 2011 a la fecha, en ANIT registran al menos siete asesinatos de mujeres trans. En lo que va de 2021 han reportado 19 casos de violencia contra la comunidad LGTBIQ;, 12 de ellos de mujeres trans.
"La violencia y discriminación es diaria, especialmente de las mujeres trans porque son la cara más visible y más vulnerable de la diversidad sexual", dijo.
Mientras López insistió en que "de nada sirve una sentencia de este tipo sino hay una política institucional de defensa de derechos humanos".
Un estudio de la Mesa Nacional LGTBIQ realizado en 2019 a 1089 personas de 43 municipios reveló que el 33% de los entrevistados había sufrido violencia institucional.
"Es decir que cuando llegan a la Policía no les reciben las denuncias, o le niegan el servicio en centros de Salud. Es evidente que la discriminación institucional es una realidad", mencionó López.
Desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018 registran 260 casos de algún tipo de violencia contra personas LGTBIQ.
